Por: Epicuro de Samos
Los muertos también hablan. Y no por voz propia sino por sus hechos en contexto. Genera suspicacia, por decir lo menos, que no solo en el caso de Los doce apóstoles sino en todos en que testigos contra los Uribe Vélez, ya sean directos o indirectos, potenciales o confirmados, de oídas o presenciales, de cualquier modo, carguen —casualmente— una lápida a sus espaldas. Así lo ratifican más de una docena de “buenos muertos”, como calificó Uribe a Carlos Enrique Areiza Arango alias Papo, un expolicía y exparamilitar, testigo clave en el sonado caso de manipulación de testigos que llevó al expresidente Uribe a ser citado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia; un hecho inédito en la historia del país. Areiza fue abaleado en Bello-Antioquia, su tierra natal. “Uno sabe que uno sale de acá y uno no tiene ya país para vivir. Y yo saldré de aquí y yo pienso que a mí me asesinan ligero”, vaticinó Papo en su última declaración ante Sandra Lucía Yepes Arroyave, la magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. Y así fue.
Papo, de treinta y ocho años, conocía holgadamente el mundo del crimen; estuvo bajo el mando de don Berna y Vicente Castaño, alias El profe, durante su paso por las filas de las AUC. Se había forjado bajo la sombra de Hugo Albeiro Quintero, alias El patrón de Bello; un empresario dueño de “Bellanita de Transportes” y otros renombrados negocios que terminó condenado por conformación de grupos paramilitares y era aliado de Vicente Castaño Gil, (hermano de Carlos Castaño y jefe de las autodefensas) y de Carlos Mauricio Botero, alias Doble Cero, cabecilla del Bloque Metro de Medellín.
Areiza tenía claro el funcionamiento de las mafias del micro y narcotráfico en esa zona, los nexos políticos con estas, y vínculos cercanos con la organización criminal conocida como “La oficina de Envigado”. Se le había concedido el beneficio de casa por cárcel luego de ser condenado por tentativa de extorsión en 2010. La Corte le llegó a considerar un testigo de poco fiar, ya que cambiaba sus versiones o entregaba supuestos planes de atentados que no se cumplían con el fin de obtener recompensas. Pero lo que lo hizo famoso fueron dos casos: el proceso por paramilitarismo de Luis Alfredo Ramos Botero, exgobernador de Antioquia y viejo aliado uribista, y el caso de las denuncias cruzadas entre Uribe y el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda Castro, de montar testigos falsos mutuamente. Había asegurado que Ramos se reunió con paramilitares en Bello en el año 2004, entre los que se hallaban Freddy Rendón Herrera alias El alemán, Juan Carlos Sierra Ramírez, alias El tuso e Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Báez (fallecido), para acordar beneficios recíprocos.
Areiza se había fugado el 13 de diciembre de 2011 de la cárcel Bellavista por temor a ser asesinado. Las persistentes amenazas y atentados contra su vida y la de su familia lo desesperaron. Su padre murió a causa de la irrupción de unos hombres armados a su vivienda en la que le dejaban el recado de guardar silencio. Su esposa tuvo que salir del país. Por esas razones se quedó un año sin declarar: “Me mandaron una carta que le entregué a la Fiscalía que decía: ‘Quédese así, que así está muy bien. Así no le pasa nada’”, aseguró en una entrevista al Portal Verdad Abierta.
En 2014 revienta el escándalo del “cartel de los falsos testigos”, por las investigaciones lideradas por Luis Gustavo Moreno Rivera, el fiscal anticorrupción condenado —paradójicamente— por corrupto, y extraditado a EEUU. Areiza aseguró haber mentido a cambio de un pago por cien millones de pesos y diferentes beneficios judiciales-carcelarios. Moreno era el abogado defensor de Ramos y presentó a la Corte una carta aparentemente escrita por Areiza en la que afirmaba haber recibido ese dinero y esas benéficas promesas de parte del senador Cepeda para declarar contra su cliente Ramos, contra Álvaro Uribe y su hermano Santiago; se le condenó en diciembre de 2016. Por esto fue involucrado en el proceso de denuncia de Uribe contra Cepeda por supuesta fabricación de testigos falsos en su contra. Parte de sus confesiones también fueron usadas por Cepeda en el debate en el Congreso de la República sobre parapolítica en Antioquia, realizado el 14 de septiembre de 2014 y que tenía por protagonista central al recién electo senador Álvaro Uribe Vélez.
Un caso laberíntico:
La última declaración de Areiza ante la magistrada Yepes en 2018 es un bastón de apoyo para entender este asunto que habrá de tornarse embrollado, dado que recoge todos los elementos de una compleja trama policial: Testigos asesinados, amenazados, presionados o salvados de atentados; desaparición, falsificación o adulteración de testimonios y elementos probatorios; retractaciones, sorprendente tecnología detectivesca, choque entre poderes políticos, económicos, judiciales y mafiosos; fuertes evidencias, componendas, intrigas, insidias, letargos investigativos, dudosas y forzadas retractaciones, afamados abogados del hampa organizada, corrupción, micrófonos y flashees de la prensa, expectativa nacional e internacional, polarización política de sus espectadores, en fin; Raymond Chandler, probablemente el rey de la literatura negra, encontraría en él una exquisita mina de inspiraciones.
En esa, su última declaración ante la juez, Areiza da un giro a su versión y al proceso: aseguró que era un testigo verdadero contra Ramos, que la mentira fue haber dicho que Cepeda le ofreció sobornos para afectar a Ramos y a los hermanos Uribe; que lo que inicialmente declaró lo hizo para evitar ser asesinado, y que esa carta sí la firmó pero en blanco, supuestamente para lograr un convenio con el que se le brindaría garantías para su vida: … “Yo firmé dos hojas en blanco a la persona que me visitó y esas dos hojas eran una prueba de confianza para no terminar yo muerto después”, le dijo a la juez. Areiza demuestra ostensiblemente su terror a hablar de la carta de marras: “Doctora, yo no quisiera hablar de ese tema porque detrás de ese tema viene una situación muy delicada, doctora, demasiado delicada”. ¿A qué le teme?, indagó la juez: “Frente a lo que rodeó esa carta yo le tengo mucho miedo a esa situación porque es una situación muy delicada porque ahí hay personas que están… que estuvieron involucradas… que son muy, muy delicadas, doctora. Vuelvo y le digo, ahí es donde empieza uno a temer por su vida. Pero frente a esa carta hay una situación demasiadamente delicada”. Y continúa: “Doctora, es que si le digo el nombre también tendría que contarle la historia y ahí es donde ya me complico la vida, doctora”.
El receptor de esa carta fechada en 2014 fue el abogado Jaime Arturo Restrepo Restrepo, un uribista “pura sangre”, exmilitante del partido fundado por Uribe, el Centro Democrático, y a quien muchos señalan de ser alias “Samuel”, un paramilitar de Copacabana, Antioquia. Su nombre asociado con ese remoquete aparece en una sentencia del tribunal superior de Medellín de justicia y paz del 27 de febrero de 2007.
“Hermano, yo estoy de verdad atemorizado, estoy cagado del susto, yo no quiero más esta persecución. ¿Qué tengo que hacer para que se pare todo esto? Entonces, él me dijo, ‘yo vengo en representación de las personas a las que usted llamó, entonces si usted nos quiere dar una muestra de confianza, entonces fírmeme las hojas y listo, y yo miro a ver qué hago con esto’”, esa habría sido parte de la conversación, según le contó a la juez. El ingreso de Restrepo, quien se autonombra “El patriota”, está registrado en las cámaras de seguridad y en los libros de guardia. Una de las cartas está a su nombre. Las misivas fueron ampliamente difundidas por la prensa, desacreditando al testigo contra Ramos y los Uribe, al igual que al senador Cepeda.
¿Por qué Restrepo fue a visitar personalmente a Areiza en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí? Según Areiza, él no sabía que Restrepo iría a visitarlo ya que a quién había dejado la razón de hacerlo era a José Obdulio Gaviria Vélez, el pariente y eterno consigliere de Álvaro Uribe Vélez.
“Hermano, paren toda esta amenazadera si es que tienen que ver ustedes o tienen que ver otras personas’. Nunca pude hablar con el señor José Obdulio Gaviria y encargaron a una persona que me fue a visitar que era el abogado Jaime Restrepo Restrepo”, agrega Areiza.
Después de su asesinato y de conocerse en los medios que José Obdulio Gaviria había sido involucrado por este, inmediatamente Gaviria sale a desmentirlo: “A mí no me metan en enredos. No conozco nada de lo que haya pasado entre el doctor Restrepo y el criminal Areiza, … El señor Areiza es el que llama, pregunta por mí y no me encuentra. … No tengo nada que ver con el malevaje con que se reúne el señor Cepeda”. El propio José Obdulio confirma lo asegurado por Areiza: que sí lo llamó (para darle aquella razón).
Con el ímpetu que lo caracteriza, el abogado Restrepo se pronuncia sobra las palabras de Gaviria desde su cuenta de Twitter: “Qué falta de pantalones y de güevas mandar a un abogado para escuchar a un interno en una cárcel, para después salir a decir: “todo fue a mis espaldas”. Santos/Samper “style”. Acto seguido publica otro trino: “Con la lavada de manos de @JOSEOBDULIO en la @WRadioColombia donde dice que “nada sabía” del caso Areiza entonces ¿quién será el próximo asesinado? ¿Yo?”.
Restrepo dice en una entrevista en la W Radio que esa reunión no tenía fines ilegales sino que lo hizo ad honorem y como un favor para José Obdulio, quien, según Restrepo, sí sabía de la cita: “¡Repito! En ningún momento en las entrevistas con Areiza hubo ilicitud ni JOSÉ OBDULIO insinuó o pidió actividades ilícitas, pero que me solicitó entrevistarme con Areiza y tuvo conocimiento de todo lo que hablé con el falso testigo y de las cartas, claro que sí!”.
Restrepo tilda a Iván Cepeda de bandido y de estar liderando un cartel de falsos testigos en contra del uribismo. Tiene cazada una pelea de vieja data con él, incluso —y en un hecho antes que anecdótico, pintoresco— mediante un trino El patriota retó a un duelo con pistolas al senador Cepeda. Este rehusó la singular “invitación”, pero más allá de eso, los señalamientos de Restrepo contra Cepeda son muy graves. Sin embargo, la Corte no encuentra merito para abrir investigación contra Cepeda, al comprobar que Areiza y otros ya habían declarado contra esas personas en procesos de Justicia y Paz, mucho antes que Cepeda lo conociera, y de que no habían recibido ningún tipo de beneficios carcelarios, jurídicos o de otra índole. Cepeda había sido garante en el regreso de Areiza —luego de su fuga— a la cárcel, en función de su membresía de la comisión segunda de la cámara, de la comisión nacional de derechos humanos y de la comisión de paz (fue en el marco de esas mismas actividades que Cepeda recibió los testimonios de otros convictos contra Uribe). El propio Areiza se lo solicitó a Cepeda y éste lo hizo luego del permiso concedido por el entonces ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra.
La Corte también comprobó, mediante ordenamiento de pesquisas, que Álvaro Uribe y sus cercanos son quienes estaría presionado a testigos para declarar contra Cepeda (es decir, no una vez sino muchas, incluso después de que fuera notificado); ordena entonces compulsar copias para investigarlo por los delitos fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo, y lo cita a indagatoria. Ese día Uribe comunica su renuncia al senado aduciendo “estar impedido moralmente para defenderse al tiempo que es congresista”; pero la renuncia nunca llegó y días después reculó. Por una serie de sucesos jurídicos (entrada en vigor de la ley de doble instancia para aforados con sus nuevas salas, la de instrucción y la de primer juzgamiento) y tácticas dilatorias de su abogado Jaime Granados (recusaciones de magistrados, repetidas solicitudes de peritaje judicial de testigos y evidencias, peticiones de aplazamiento de las diligencias judiciales, etc.), la Corte no había podido fijar fecha de indagatoria. Dentro de esos hechos resalta uno: el de la magistrada Cristina Eugenia Lombana Velásquez, quien fue elegida para llevar este caso siendo simultáneamente Mayor activa del ejército; un hecho insólito que cierne sobre ella y este proceso —aún más— mantos de duda, ya que son bien conocidas las excelentes relaciones de Uribe con las fuerzas militares, y teniendo en cuenta que el presidente es el jefe máximo del ejército, y el presidente es Duque, “el que dijo Uribe”.
Ella había sido elegida para investigar a Uribe por la nueva sala de instrucción de la Corte, pero Lombana había omitido, en forma dolosa, un pasado vínculo laboral con el abogado de Uribe, Jaime Granados. La investigación fue inicialmente publicada por el periodista Daniel Coronell en su columna dominical en la revista Semana, titulada “La calladita”. ¿Fue por eso que Uribe renunció al senado pero luego desistió, esperando la escogencia de la nueva magistrada, una conocida de su abogado y quien tendría en sus manos su caso? Las fechas también hablan, concordando y dotando de lógica esa hipótesis.
Tras el escándalo mediático y luego de que Cepeda entablara una recusación contra ella, la Corte decide apartar a la magistrada, no por la investigación de Coronell, sino porque “Su condición simultánea de miembro activo de la fuerza pública y funcionaria judicial, riñe con la preservación de las garantías de independencia, imparcialidad y juez natural señaladas en la Constitución Política”. Su impedimento era evidente. Sin embargo, la magistrada interpuso una acción de tutela ante esa decisión, siéndole negada por el Concejo de Estado y dándole la razón a la providencia expedida por la Corte: … “tiende a impactar la garantía del juez natural ya que evita la indeterminación de las competencias en el ejercicio de la función judicial en lo que tiene que ver con el juzgamiento de civiles por parte de militares”, recalca ese alto tribunal. Pero en su extraño afán de tener ese pleito en su poder, aseguró que renunció a su cargo y rangos militares, pero era falso; así lo demostró el periodista e investigador Gonzalo Guillen, en su artículo titulado “calladita y mentirosa”, donde el coronel Castillo, director de personal del ejército nacional, le confirmó al periodista —mediante orden de un juez, ya que se había negado a hacerlo— que la magistrada Lombana se encontraba activa como miembro del ejército.
También salió a luz un detalle sobre su vida: su exesposo, otro militar, el teniente coronel William Roberto del Valle, fue condenado a veinticinco años de prisión por las ejecuciones extrajudiciales llamadas eufemísticamente “falsos positivos”. Ese reprochable fenómeno topó los picos más altos en los gobiernos de Uribe Vélez. Lombana fue su abogada defensora pero esa información tampoco fue dada a conocer por ella a la Corte. La Corte estudia si anula su elección como magistrada. El caso Areiza, la investigación sobre su asesinato y el terremoto judicial que agitaron sus explosivas declaraciones, siguen en desarrollo.
El senador Uribe estaría presionando por medio de viejos conocidos suyos y de sus apoderados a algunos testigos en los casos en lo que él y su hermano Santiago están acusados de conformar grupos paramilitares y/o falsos testigos. Ellos, entre otros, son:
Juan Guillermo Monsalve Pineda, alias Guacharaco, exparamilitar del Bloque Metro condenado a cuarenta años de prisión por secuestro extorsivo y concierto para delinquir, quien ha afirmado que en la hacienda de los Uribe “Las guacharacas” se fraguaron masacres y se constituyó un grupo al margen de la ley del que él formó parte (bloque Metro). Desde que hizo los señalamientos contra Uribe, vive bajo amenazas y se le ha intentado asesinar en dos ocasiones, la primera en la cárcel de Cómbita, en un ataque con arma blanca, donde los lentes de las cámaras de seguridad, extrañamente, habían sido cubiertos con mantequilla y en el que los guardias de seguridad no le prestaron auxilio durante el hecho. Ese día sobrevivió milagrosamente a múltiples heridas en distintas partes del cuerpo, luego de eso lo trasladaron a la Picota, pero ahí tampoco pudo estar a salvo, ya que intentaron asesinarle mediante un potente veneno que produce la muerte instantánea por paro cardio-respiratorio (fluoroacetato de sodio). La venta de este veneno está prohibida en Colombia. Frente a esos hechos, Monsalve lanzó la advertencia que la responsabilidad de lo que pueda pasarle recae en “los señores Álvaro Uribe, su hermano Santiago, Juan Guillermo y Santiago Gallón Villegas”. La familia de Monsalve también ha sido presionada para que él cambie su testimonio y ellos mientan. En una comunicación a la Fiscalía, el testigo asegura: … “mis familiares en Antioquia han recibido amenazas de muerte, además de advertirles que deben abandonar la región y decirme a mí que me declarara loco y me retractara”.
Monsalve es hijo de Óscar Antonio Monsalve Correa, antiguo mayordomo de las Guacharacas, la emblemática hacienda de los Uribe y donde fue asesinado don Alberto Uribe Sierra. Guacharaco (apodado así puesto que esa hacienda lo vio crecer), permaneció varios años al servicio del bloque Metro bajo el mando de Doble Cero, grupo inicialmente conocido como “Los Macetos”; luego cambió de camuflado y terminó al servicio de la banda “los Rastrojos”, el brazo armado del capo Wílber Alirio Varela Fajardo, alias Jabón, líder del cartel del norte del Valle. Desde allí comandaba un grupo de al menos cincuenta hombres y se le conocía con al alias de Villegas. Secuestraba y extorsionaba. En palabras de Monsalve, las acciones del bloque consistían en limpiar la zona de guerrilla e incursionar en negocios de narcotráfico y gasolina; agregó que en el 2002 ayudaron a la campaña presidencial de Uribe: … “le hicimos política. Don Juan y Luis Villegas pusieron los carros para sacar las gentes de las veredas a votar. Se pintaron las paredes con “Álvaro Uribe AUC a la Presidencia”, pero don Juan me llamó y me dio unos tarros de aerosol para que borrara eso, que eso estaba afectando a Uribe. Y prácticamente a él lo montamos fue nosotros las autodefensas (sic)”, dijo Monsalve. Luis Alberto Villegas fue asesinado por dos sicarios en diciembre de 2004 en el corregimiento San José del Nus, Antioquia, según lo informó la Fiscalía. Las declaraciones de Guacharaco guardan consistencia, son extensas y pormenorizadas, y brindan una idea clara de cómo la hacienda de los Uribe habría sido uno de los laboratorios donde el germen del paramilitarismo, en su etapa más demencial, echó sus primeras raíces.
A mediados del año 2018, la esposa de Monsalve, Deyanira Gómez, junto a sus hijos tuvo que salir del país para preservar sus vidas luego de una serie de intimidaciones de sujetos en motos sin placas que le cerraban el paso a su carro, de seguimientos de desconocidos reportados por su escolta, de inusuales indigentes que permanecían vigilantes frente a su casa a pesar de que se les retiraba varias veces; de un extraño mensaje de WhatsApp preguntando por ella y posteriormente mostrándole un perfil con la leyenda “Que en paz descanse”, y luego de que fuera despedida sin justa causa de su trabajo, en el que llevaba varios años desempeñándose como médica. La entidad (Coomeva EPS) dijo inicialmente que le cancelaban el contrato porque ella generaba mal ambiente laboral, pero no había ningún proceso o reclamo sobre su comportamiento, de manera que pidió explicaciones a los directivos. No recibió una razón satisfactoria, aceptaron que no había quejas en su contra, se limitaron a reconocerle su buen desempeño, a agilizar su indemnización y a agradecerle por sus servicios. La empresa tampoco quiso dar entrevistas a los medios. Se pudo comprobar mediante las grabaciones interceptadas por la Corte a las comunicaciones de los abogados de Uribe, que éste estuvo indagando sobre su sitio de trabajo, catorce días antes de su despido: “¿Y la señora dónde trabajará en Bogotá?”, se oye preguntarle a otro de sus abogados, llamado Diego Javier Cadena Ramírez, después que ella se negara a convencer a su esposo de cambiar su testimonio en favor del expresidente. ¿Otra de las coincidencias que persiguen a Uribe? La esposa de Monsalve grabó esa reunión, que tuvo lugar en una cafetería en el centro de Bogotá. Un agente del CTI de la Fiscalía General también estaba en el mismo lugar reseñando apartes de la conversación en la que el jurista le manifestaba que existían muchos beneficios para el exparamilitar si aceptaba firmar la retractación acusando a Cepeda.
Las intimidaciones a la médica Deyanira Gómez surgieron después de esa reunión con el abogado Cadena, un famoso defensor de narcos y paramilitares como Diego Montoya Sánchez, alias don Diego, antiguo jefe del cartel del norte del Valle; o de Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo, cabecilla del grupo paramilitar Los rastrojos; o de Daniel Rendón Herrera alias don Mario, exjefe paramilitar; de testaferros de la familia de los hermanos Rodríguez Orejuela, exjefes del cartel de Cali; entre otros. Cadena es conocido por su habilidad para conseguir en cárceles de Colombia o EEUU videos y cartas para beneficiar a sus clientes o perjudicar a sus detractores, por ejemplo, presentó una carta a favor de la política uribista Dilian Francisca Toro de parte del narcotraficante Víctor Patiño Fómeque, también logró conseguir otra favorable a Santiago Uribe Vélez de parte de Francisco Zuluaga alias Gordo lindo, exparamilitar. Cadena pasó a ser investigado por presuntamente buscar, presionar y pagar testigos en favor de su célebre cliente. Se supo que visitó muchas cárceles en Colombia y EEUU, donde están muchos narcos y paramilitares, en busca de testimonios convenientes a Uribe, incluso visitó a quienes ya habían o iban a declarar en contra; así mismo, el periodista Coronell reveló que el citado abogado, ahora conocido como “Abo-Ganster”, debido a que en una interceptación a su teléfono se autodenominaba de esa forma, está involucrado en una investigación sobre presiones a un mayor del ejército asociado con paramilitares y capos del narcotráfico —condenado a cuarenta años de cárcel y apodado Zeus— para desacreditar a un testigo de peso en contra de Santiago Uribe Vélez. Parece que la especialización del defensor de Uribe es en presión indebida a testigos, al menos, eso muestran los indicios. Dentro de las múltiples interceptaciones, se le oye cuando, de forma intimidante, conversa en un lenguaje malevo y soez con su hermano sobre “hacerle una fiesta a ese hijueputa” (refiriéndose a Coronell), y que para ello, ya han hablado con “Vinagre”. La controversia saltó a las redes y el abogado aclaró que no estaba amenazando a Coronell, y que Vinagre era un cliente suyo preso en EEUU, quien supuestamente sabe de las relaciones del periodista con Justo Pastor Perafán, un antiguo jefe narco extraditado a ese país. Varias han sido las ocasiones en que Álvaro Uribe ha tenido que retractarse públicamente por esa misma calumnia vertida sobre el periodista, actual director del canal Univisión y viejo contradictor e investigador de Uribe.
Hasta cierto momento del proceso, Uribe defendió públicamente a Cadena: Hombre sin tacha, hombre probo, hombre honorable; sus acostumbrados adjetivos enalteciendo a quien bien le sirve. Pero no pudo seguir haciéndolo después que una interceptación reveló que Uribe sabía de los ofrecimientos que estaba haciendo Cadena a los testigos, presuntamente para declarar a su favor. “Si hubiera sabido de los ofrecimientos, le digo que no”, le dijo a César Augusto Reyes, el magistrado de la Corte que le tomó la indagatoria el 8 de octubre de 2019. Sin embargo, a los pocos días, otro audio revelado por Coronell prueba lo contrario: “Proceda doctor Diego, que usted hace las cosas bien hechas”, se oye a Uribe decirle a Cadena cuando éste le pedía su autorización para ofrecerle un favor jurídico a un testigo (revisión de su condena sin costo alguno) y que podría constituir un soborno. Cuando se supo que Cadena dio dinero a los testigos, según él como un acto humanitario, Uribe termina por alejarse completamente del abogado: “Vine a saber en las últimas semanas que el abogado Cadena, diez meses después del testimonio de un testigo Vélez, Carlos Enrique Vélez, le dio dos millones, que por razones humanitarias. Fue a decírmelo a la oficina y le dije: hombre doctor Diego, si me hubiera consultado le hubiera dicho que de ninguna manera”. En total fueron más de cuarenta millones los que se entregaron a testigos. Por esto y por las aparentes presiones a testigos y distintas violaciones a la ley, la fiscalía imputará cargos y pedirá medida de aseguramiento a Diego Cadena. Otra vez, la microgerencia le ha fallado (¿convenientemente?) al expresidente.
Cadena se encuentra en EEUU donde tiene sedes de su bufet de abogados (Cadena y asociados Law Office) y otros negocios, entre ellos, una compañía llamada World Class Jets LLC, de la que hace parte su hermano, el mismo con quien hablaba sobre “la fiesta a Coronell con alias Vinagre”. Se desplaza en un jet privado asociado a esa compañía. Posee numerosas propiedades en Colombia y el extranjero: Pent-houses, fincas con piscina, camionetas blindadas, oficinas, apartamentos comprados a exdefensores de capos del narcotráfico, etc. Media docena de escoltas lo acompaña a donde va, y lujosos accesorios y trajes conforman su atuendo. En Tulúa, el pueblo en el que creció, lo recuerdan por ser de una familia modesta, y que “de repente llegó montado en un Lamborghini y con ropa de marca”. El abogado Cadena tiene varias investigaciones en la Fiscalía, por cargos de presunta suplantación de la justicia y fraude procesal. Este jurista recorrió prisiones en Colombia y Estados Unidos para contactar exparamilitares, varios de los cuales remitieron a la corte cartas y testimonios favorables a Uribe. La corte encontró serios indicios de que detrás de esas versiones habría sobornos y engaños, y en tal sentido solicitó investigarlo. Cadena se ha relacionado muy bien con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por sus gestiones en la entrega de varios de sus clientes, pedidos por narcotráfico.
La Corte le solicitó al departamento de justicia de ese país y al buró de prisiones, entre otros documentos, el registro de visitas que Cadena dejó por las cárceles, pero ese ese departamento ha sido extrañamente negativa. El alto tribunal volvió a solicitarlas, ampliando las razones que esa entidad estadounidense solicitaba pero nuevamente se negó, aduciendo otras razones. La Corte rechazó la negativa de las autoridades norteamericanas, y el asunto está en stand by. Se decidió entonces solicitar videoconferencias a los testigos que visitó Cadena, pero tampoco ha sido posible concretarlas debido a la desganada cooperación de las autoridades gringas, la cuales le habían respondido a la Corte que si en verdad eran pertinentes esas declaraciones y que porqué preguntaban si en ellas se mencionaba a Uribe y a Diego Cadena como autor de las mismas. Pero si una vieja relación bilateral como la existente entre EEUU y Colombia se basa precisamente en la cooperación, ¿A qué vienen entonces este tipo de cuestionamientos y recelos ante la Corte colombiana, en el caso de Uribe? Por las mismas fechas, la Corte tramitó sin tropiezos unas videoconferencias en el caso de otros colombianos presos en ese país, como el exfiscal Gustavo Moreno, o como las del testigo en el caso Santrich, Marlon Marín ¿Por qué en estas diligencias no hubo esos mismos recelos de parte de las autoridades estadounidenses? ¿Por qué a esas autoridades les preocupa que se mencione a Uribe en las declaraciones, así como a su abogado Cadena como presunto elaborador de falsas acusaciones? ¿Por qué, como nunca se había hecho, en este caso, requieren explicaciones a un alto tribunal colombiano sobre si esas declaraciones son pertinentes? ¿No es esto acaso una evidente intromisión en asuntos internos de la república colombiana?, al menos es muy sospechosa esta actitud, más aún si se tiene en cuenta otros elementos: En unas interceptaciones efectuadas a Diego Cadena se oye cuando este le pide unas asesorías a otro abogado acerca del caso de Uribe; ese abogado es Gilberto Ramírez Huertas, un reconocido penalista muy cercano a Uribe y al Centro Democrático. El yerno de Ramírez Huertas es Marlon Cobar, quien fue hasta noviembre de 2019 el agregado judicial de la embajada de Estados Unidos en Colombia. Cuando Daniel Coronell habló con Ramírez sobre si había consultado el caso de Uribe con su yerno, lo negó tajantemente, así como le había negado su cercanía con Uribe y el Centro Democrático, hecho que se comprobó falso, pues en fotos aparece en reuniones con los miembros de ese partido. ¿Hubo incidencia de estos personajes en los traspiés que la Corte ha tendido con las autoridades estadounidenses en el caso Uribe? ¿O es tan solo otra muestra más del efecto tutelar que su gran socio del norte ejerce sobre el descrito por ellos mismos como el narcotraficante número 82? De todas formas, no pueden calificarse de normales los comportamientos de ese país en este episodio.
Fue con el abogado Cadena donde entró en escena el episodio del reloj-grabadora, un artilugio de avanzada usado para grabarlo mientras presionaba a Monsalve para que se retracte de sus anteriores testimonios que involucran al expresidente: “¡Redactemos el hijueputa documento, si no yo vengo mañana!” le dice alterado a Monsalve, al ver su actitud remisa. Ese mañana era el 23 de 2018, el día en que Uribe había anunciado una nueva prueba en favor suyo. Pues Monsalve se negó a firmarla, la pregonada prueba no llegó y Uribe lucía descompuesto ante las cámaras de los medios los cuales se apostaron a las afueras del Palacio de Justica para transmitir la noticia. Junto a sus abogados entró a presentar algún recurso de esos que intentan alargar los tiempos de la investigación, pero la retractación del testigo estrella, la más importante, era la gran ausente.
Mediante ese reloj se recogieron evidencias fílmicas y auditivas sobre unos presos compañeros de celda de Monsalve que le intentaban convencer de retractarse a favor de Uribe, quienes también fueron incluidos en la investigación: “Haga de cuenta Dios es Uribe. Es Dios”, fue una de las frases que le dijo Enrique Pardo Hasche, un miembro de una acaudalada familia bogotana, condenado a veinticinco años de prisión por el secuestro y asesinato de Eduardo Puyana, suegro del expresidente Andrés Pastrana Arango.
Durante días Pardo Hasche estuvo tratando de convencerlo, exponiéndole con gran despliegue retórico, el porqué debía declarar en favor de Uribe: “A Uribe ni siquiera lo van tocar, … la izquierda va pa´ abajo pero feo mano, ¿la izquierda? el pobre Cepeda va a quedar en la olla, … entonces, lo que yo le quería decir es que ud lo que debe hacer es pasarse para el lado de este señor, que él lo va a tener a Ud en cuenta después cuando sea presidente pa´ lo que sea”. Pardo Hasche continúa: “Le van a poner abogados, le van a meter gente importante, fiscales, todas esas vainas, y con el transcurso de los días el doctor Uribe va a estar detrás de usted y le va a estar ayudando”.
Y junto a Cadena, el 22 de febrero de 2018, el día anterior a la diligencia de Uribe en el Palacio de Justicia, Hasche trata insistentemente de persuadir a Monsalve: … “si usted se pasa pa’l lado del presidente… Usted… se lo garantizo que va a recibir grandes cosas. ¿Qué hijueputa va a resolver con Cepeda, Juan? ¿Qué hijueputa? Además de llamar al director del INPEC y que lo pasen de un sitio pa´ otro como han hecho. Pero de ahí no pasa. En cambio, el otro señor seguro le ayuda”. … “¿Pero qué es lo que le están pidiendo, Juan? El hombre (Cadena) lo que le está pidiendo es que diga que el señor le ofrecía tanto para que declarara en contra del doctor Uribe. Ya lo otro vendrá; si se retracta o no se retracta, vendrá después. Me parece muy bien lo que el presidente le pide… Ya eso está amarrado o ya tienen eso ahí cuadrado”. … “Yo me dedico todos los días a hablar con estos señores, con todos mis amigos… que son los subalternos de Álvaro para que… Búsquese que es lo que quiere. Mire esto… Tan… Le van a poner abogados, le van a meter gente importante, fiscales, toda esa vaina. El otro señor no hace un culo, Juan”. … “Pero es que venga le digo una cosa… Ustedes ahoritica lo que necesitan es que el señor diga que a él lo presionaron para decir lo que dijo… No que diga que es falso, ni que es cierto… Usted lo que tiene que decir es que el señor Cepeda fue allá… a manipular. Eso es lo que tiene que decir”.
Aseveraciones de otros testigos contra Uribe, a los que Pardo Hasche también intentó convencer de retractarse, ponen de manifiesto el lobby que éste habría estado efectuando en favor del expresidente: “Me dice que a como salga en libertad, no duro más de ocho días porque el expresidente Uribe Vélez, que es su amigo, me va a matar a punta de fusil y que si acá en el ERON (el patio donde están recluidos) doy papaya me matan aquí en las escaleras que de este patio bajan a la guardia interna, todo esto me dice porque él dice que soy un sapo que eché pa´lante a su amigo el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez”, aseguró el exparamilitar José del Carmen Gelvez Albarracín, alias El canoso, en una denuncia a la fiscalía. De igual manera, por ese hecho, Pardo denunció a Gelvez por injuria y calumnia. Pardo fue trasladado de la Picota a la cárcel La Picaleña en Ibagué, una cárcel menos fría y más cómoda, según el INPEC, porque “se lo merecía por su buena conducta”. ¿Otra coincidencia?
El reconocido abogado penalista Jaime Lombana es otro de los apoderados de Uribe para este caso, a quien también se vio conversando con Pardo Hache en La Picota. Según Lombana, fue por un caso diferente en el que una de sus defendidas es familiar del preso, aunque los abogados de la contraparte (Cepeda) y algunos testigos dicen que Lombana también hizo gestiones para intentar cambiar la versión de Monsalve. El representante a la cámara por el Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, fue citado a indagatoria junto a Uribe, debido a que, en el marco de pesquisas ordenadas por la Corte, aparentemente presionaba a Monsalve para que cambie su testimonio en favor de Uribe y, en cambio, acuse a Cepeda. Lo habría hecho por intermediación de Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche o El llanero, un comerciante oriundo de Florencia, Caquetá; antiguo compañero de andanzas de Monsalve, informante del ejército y al que se asocia, presuntamente, con grupos paramilitares como Los rastrojos, algo que él niega.
Junto a la grabación del reloj, Monsalve adjuntó chats y fotografías que documentaban cómo estaba siendo presionado por personas cercanas a Uribe para que se retractara.
Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, un exparamilitar miembro del bloque Pipintá, fue víctima de un atentado en la cárcel la Tramacúa de Valledupar. Allí había sido inexplicablemente trasladado luego de permanecer ocho años en la cárcel de Palmira, penal donde se conoció con el abogado Cadena en el año 2017. Después de ese encuentro, Vélez había enviado a la fiscalía una carta —con membrete de la firma de abogados de Cadena— en la que aseguraba que el senador Cepeda le había ofrecido beneficios y prebendas a cambio de declarar contra Uribe y su hermano. Pero en una interceptación, Vélez le cuenta a Eurícide Cortes, alias Diana, una exintegrante de las autodefensas, que lo que había declarado era falso y que iba a contar la verdad porque, al parecer, los abogados de Uribe le habían fallado con lo prometido. En la misma conversación se oye cuando Víctor le dice a Diana que la van a llamar por el “video que ella hizo”. El video era un pedido de Cadena en donde Vélez desacredita al testigo Pablo Hernán Sierra; ella fue quien le ayudó a grabarlo. En una entrevista, Sierra dice que el atentado a Víctor se lo mandó a hacer Uribe, al enterarse que estaba dispuesto a contar la verdad. Víctor dice lo mismo.
La Corte cita a Víctor por las aseveraciones que hacía en las llamadas con Diana, y termina declarando en contra de Uribe y de su defensa, anexando múltiples recibos de las consignaciones de altas sumas de dinero a nombre de sus familiares. Cadena alegó que eran “ayudas humanitarias”, pues Víctor le había dicho que estaban enfermos. Después del atentado a Víctor, la Corte ordenó incrementar su seguridad y trasladarlo de prisión. Cadena también había intentado beneficiar a Víctor mediante Álvaro Rodríguez, un fiscal de Cali, para que le otorgue beneficios judiciales a cambio de la entrega de una caleta con armas que el exparamilitar dejó en algún lado. El expresidente, de cara a la opinión pública, ha guardado discreta distancia con Cadena pero sin negar que sea su abogado. En las ruedas de prensa solo aparecen Lombana y Granados. En el expediente hay centenares de llamadas entre Uribe y Cadena. Este solía llamar al líder del Centro Democrático cada vez que salía de una cárcel para ponerlo al tanto: “Quería informarlo sobre esto, presidente”, era la típica frase del abogado cada vez que terminaba su febril derrotero buscando testimonios en favor de su cliente o al culminar alguna diligencia relacionada. Existen más de veintiún mil interceptaciones a Uribe, a sus abogados y allegados que sumadas sobrepasan las cien horas de grabación. Muchas conversaciones constituyen serios indicios sobre la presunta manipulación y/o presión a testigos beneficiando a Álvaro Uribe y su hermano, aunque en algunas aparecen los códigos de un lenguaje cifrado ya que estaban al tanto de que venían siendo interceptados, como lo confirma Uribe en una conversación refiriéndose a los magistrados de la Corte: “Esta llamada la están escuchando esos hijueputas”. Su interlocutor era Juan Guillermo Villegas Uribe, su viejo amigo y socio, un conocido hacendado y ganadero señalado de paramilitarismo, medio en el cual se le conocería como alias Tubo, dado que, según los testimonios y las evidencias de reparación de las tuberías por parte de Ecopetrol, robaba combustible de ese conducto mediante la instalación de válvulas. El poliducto (Sebastopol-Medellín) pasa por la hacienda Las guacharacas, recorriendo los suelos de Maceo, San Roque y Santo Domingo; esa actividad ilegal se hacía para financiar el funcionamiento de estructuras paramilitares como el bloque Metro y el Cacique Pipintá. Con su hermano eran dueños de gasolineras, las cuales también se surtían con el combustible robado de ese tubo. A mediados de los noventa, Villegas Uribe fue el representante legal de una CONVIVIR llamada El cóndor, a la que Uribe —siendo gobernador— le firmó la resolución. Según las investigaciones, esa convivir (como la casi totalidad de ellas) está ligada al paramilitarismo como germen del bloque Metro. La convivir era legal, operaba en la hacienda Las guacharacas y sus alrededores, y les brindaba la seguridad, pero siendo legal nunca informaba sobre las ilegalidades que en esos sitios acaecían, quizá porque interpretaba la seguridad como las garantías para delinquir de forma segura, como parece ser la esencia ideológica del fenómeno de las mal llamadas Convivir. Juan Guillermo es investigado por distintos delitos: paramilitarismo, narcotráfico, homicidio, hurto de combustibles, porte ilegal de material de intendencia, etc., aunque parece que hubiera una mano omnipotente en el poder político y estatal que le impide a la justicia tocarlo. Su hermano era Luis Alberto Villegas Uribe, un paramilitar y narcotraficante fundador de ese bloque, el mismo por el que señalan a los Uribe como la otra parte de sus creadores. Luis Alberto estuvo preso desde junio de 1998 hasta noviembre de 1999, cuando un juez lo absolvió pese a las copiosas evidencias y en medio de un proceso turbio. Fue asesinado en 2004 por órdenes del exjefe paramilitar Julián Bolívar argumentando que Villegas Uribe no reportó la instalación de un laboratorio de procesamiento de cocaína y que además seguía financiando al Bloque Metro que ya estaba disputando territorio con el Bloque Bolívar. A finales de los noventa, los hermanos Villegas Uribe estuvieron involucrados en la consecución de armas, municiones ilegales y la provisión de recursos económicos a partir del cobro de cuotas a diversas personas del nordeste antioqueño. El dinero y las armas eran para sostener la cuestionada convivir El Cóndor. El CTI hizo el allanamiento a un local comercial de lácteos (Lácteos El paisa) de su propiedad y encontró un inventario —con puño y letra de los Villegas— de armamento, municiones y equipos de campaña. Granadas, fusiles AK-47, uniformes, pasamontañas, metralletas, revólveres, pistolas 9 mm, hamacas, radios y demás elementos bélicos que conformaban un enorme arsenal. En ese allanamiento también se encontraron documentos de negocios inmobiliarios con los Uribe Vélez. Varios son los testimonios donde se acusa a estos hermanos de crear estructuras paramilitares y de financiarlas, como el Julio César Acosta, un desmovilizado de los paramilitares que patrullaban la zona del Nus; el de Alberto Guerrero, el de “Guacharaco”, el de Everth Veloza alias HH; el de Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar; entre otros, así como las investigaciones de las autoridades.
La corte también investiga a Juan Guillermo Villegas porque al parecer y según las interceptaciones, estuvo presionando a Óscar Monsalve Correa, el padre de testigo Juan Guillermo Monsalve “Guacharaco”, y mayordomo de la hacienda Las Guacharacas, para declarar contra Cepeda y para que presione a su hijo a retractarse en lo dicho contra Uribe y en cambio coincidan en las acusaciones contra Cepeda. El papel de Villegas Uribe en este entramado fue definido claramente por la Corte: … “Las llamadas dejan al descubierto que Juan Guillermo Villegas Uribe y otros han intervenido testigos para involucrar al doctor Iván Cepeda en la conformación de un supuesto cartel de testigos falsos, cuando lo que parece ocurrir es lo contrario, un complot, como lo señaló el defensor del congresista, para desprestigiar su labor legislativa”. Así mismo, Laura, la hermana del testigo Monsalve, habla con éste entre sollozos y preocupada por la situación de las intimidaciones que les estaba haciendo a ella, a su padre y en general, a su familia. Las interceptaciones arrojaron que Juan Guillermo Villegas llamó insistentemente a Óscar Monsalve luego de que rindió su testimonio ante la Corte. Para estar en concordancia con un testimonio escrito de Óscar Monsalve, que Uribe había presentado, este tenía que desmentir la propia versión de su hijo contra el expresidente, negando que el ataque del ELN y el robo de reses se hubieran presentado. También debía decir que nunca vio al expresidente en la finca. Las interceptaciones al padre de Monsalve arrojan conversaciones con su familia en las que éste, muy angustiado, dice que no puede ratificar los testimonios de su hijo “porque se mete en líos”.
De alguna forma Uribe se había enterado sobre los seguimientos que la justicia le hacía a él y a sus amigos. La famosa frase soez fue expulsada de su boca después de enterarse que la Corte le interceptó las llamadas donde se cuadraba una reunión en una frutería en Medellín, a la que asistieron Álvaro Uribe, Juan Guillermo Villegas y otro hombre llamado José Humberto Gómez Garro. Según las pesquisas, en la reunión se habría hablado sobre dos testigos que incriminaban falsamente al senador Cepeda de hacer ofrecimientos a cambio de declarar contra Uribe, y en ese sentido, Gómez Garro jugaba un papel importante: Los registros del INPEC dieron cuenta que este visitó en varias oportunidades la cárcel de Itagüí en busca de esos testigos: Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, un exintegrante del bloque Metro, condenado a cuarenta y tres años de prisión; y a Ramiro de Jesús Henao, alias Simón, exmiembro del bloque Pacífico de las AUC, condenado a cuarenta años. Los testimonios de estos reos son los que presentaría Álvaro Uribe como contratestigos a fin de desmentir las versiones de los declarantes iniciales, es decir, Monsalve y Sierra, y para acusar a Cepeda. Los exparamilitares sostuvieron que lo que dijeron los dos testigos originales era falso, que los Uribe Vélez nada tuvieron que ver en la creación del bloque Metro y que el senador Iván Cepeda les hizo ofrecimientos para que declararan en contra de ellos. Estos relatos fueron examinados, contrastados con las cuantiosas evidencias y verificados, pero no resultaron convincentes para el máximo tribunal (por sus inconsistencias, contradicciones, incoherencias y falacias, y ahora deberán afrontar un proceso por falso testimonio.
¿Pero cómo se enteró Uribe de que estaba siendo interceptado?, Uribe, inicialmente aseguró que tenía pruebas sobre esas interceptaciones, pero luego dijo que el exgobernador de Antioquia, Juan Gómez Martínez, le hizo llegar una nota anónima y manuscrita advirtiéndole sobre estas. Gómez Martínez respondió que alguien le entregó un sobre con la nota pero que “no recordaba ni quién ni cómo ni dónde”. Algo inusitadas lucen las explicaciones de ambos. No es la primera vez que Uribe se entera de las cosas antes que sucedan, ¿Será que vive consultando un acertado astrólogo? ¿O el destino, compungido por las injusticias a las que le someten, se encarga de enviarle ángeles con advertencias escritas sobre las ruines intenciones de sus enemigos? ¿O, como han asegurado varios testimonios, Uribe tiene una compleja y poderosa red de informantes en todas las gradaciones del armazón estatal colombiano, así como en las del submundo del hampa, al estilo de la que tuvo el capo Pablo Escobar Gaviria? … “Uribe ni necesitaba ni necesita inteligencia de las fuerzas militares para que le digan o le investiguen por alguien. Él, en el bajo mundo, sabe todo lo que está pasando, porque como digo yo, en el bajo mundo no existe la impunidad, y Álvaro Uribe es un hombre demasiado, demasiado informado; tiene toda la información, ¿Por qué? Porque él se relaciona con personas del bajo mundo quienes son los que manejan la información”, aseguró en una entrevista alias Alberto Guerrero, el exjefe del Bloque Cacique Pipintá de las AUC y testigo contra Uribe en este proceso.
Jorge Mario Gallón también aparece como una de las personas que presuntamente presionaba a la familia de Monsalve para declarar en favor de Uribe y contra Cepeda. Gallón es familiar de Santiago Gallón Henao, famoso narcotraficante extraditado a EUUU y partícipe del asesinato del jugador de fútbol Andrés Escobar. Se supo que la familia de Monsalve estuvo gestionando su inclusión en el programa de protección a testigos debido a las persistentes amenazas, presiones e intimidaciones, hechos que le ocasionaron un infarto a la madre de ese testigo. El actual alcalde (por el Centro Democrático) de Amagá-Antioquia, Wilser Molina, viejo amigo de los Uribe, también habría estado presionando a Monsalve para lograr declaraciones favorables al expresidente y consiguiendo, en ese mismo sentido, más testimonios en distintas cárceles del país. Igualmente, Molina habría buscado testigos para desacreditar a Alberto Guerrero, Monsalve, y al senador Cepeda. El burgomaestre es investigado por estos hechos y tiene además otros procesos por corrupción y clientelismo en su alcaldía, y otro por presunto trasteo de votos para lograr su elección. Molina también fue abogado de Luis Arnulfo Tuberquia, alias Memín, el temido exjefe del Bloque Noroccidente Antioqueño de las AUC, condenado a cuarenta años de cárcel. Este paramilitar reinaba (o reina) especialmente en ese municipio, uno de las regiones de Antioquia con mayor influencia de la parapolítica… ¿Datos correlacionados?
Las pesquisas también arrojaron que Molina le mintió a la Corte respecto a las formas de cómo se enteró de la existencia de los testigos y sobre su cercanía con el expresidente: Aseguró que cuando era abogado de Memín, se enteró por éste de las malas intenciones de Cepeda de enlodar a Uribe fabricando complots estribados en comprar falsos testimonios, pero al parecer, fue Molina quien gestionó la búsqueda de esos testigos a través de Memín ya que éste compartía patio con los dos exparamilitares alias Simón y alias Castañeda, los mismos a los que Gómez Garro visitaba en prisión. Así mismo, Molina había negado la relación con Uribe, haciéndola ver como ocasional y ceñidas únicamente al asunto de los testigos de los que supuestamente se había enterado casualmente en 2014, pero las interceptaciones a las constantes llamadas entre ambos, después de esa fecha y el trato familiar, mostraron lo contrario). Negó además que conociera a Juan Guillermo Villegas, pero permanentemente se comunicaba con él, en tono fraternal y con el fin de tenerlo al tanto de sus gestiones sobre este caso. También negó que Uribe lo haya apoyado para su alcaldía, pero las fotos de él junto a Uribe y otros importantes líderes del Centro Democrático, impulsando su campaña, terminaron por llevarle a aceptar lo contrario. Molina pasó a ser investigado por la Corte por todas estas contradicciones y por su presunta participación en el complot contra el senador Cepeda; el alto tribunal asegura en la sentencia donde archivó la investigación contra Cepeda que, gracias a las labores de verificación, “la realidad es abiertamente opuesta a las versiones del abogado Wilser Molina”. Aparte de todos estos personajes de dudosa reputación que insistentemente han intentado de una u otra manera ayudar al expresidente en este lio judicial, existen muchos otros de igual o peor estofa que también quedaron bajo proceso en la Corte. “Dime con quién andas…”.
Uno de ellos es la exfiscal y exjefe de la unidad de justicia y paz, Hilda Niño Farfán, condenada por recibir sobornos de narcotraficantes y paramilitares a cambio de favorecerlos jurídicamente. Niño ha dicho que desde la fiscalía de Eduardo Montealegre se fraguó un complot contra los hermanos Uribe para vincularlos con grupos narco-paramilitares. No obstante, en varias llamadas telefónicas que la Corte pudo escuchar, la exfiscal y el abogado Diego Cadena habrían concertado el plan para desacreditar las investigaciones judiciales que permitieron llevar a juicio a Santiago Uribe Vélez a cambio de beneficios, entre otros, el traslado a una prisión de mejores condiciones. A Niño se le oye insistentemente pedirle a Diego Cadena que “el señor” intervenga para su traslado. Siempre que hablaba con él era su pedido pertinaz y Cadena le respondía que sí, que ya le había dado la razón a su cliente y que ya estaban en eso. Incluso Niño le dijo que averigüe si hay cupos donde “el señor” vive. Los investigadores interpretan que se refiere a CESPO (Centro de estudios superiores de la policía) donde efectivamente vive Uribe y donde están recluidos varios condenados, especialmente exfuncionarios suyos. Ahí no había cupo, pero pocos días después le fue habilitado uno en la escuela de caballería, conocida como el resort de los delincuentes de cuello blanco, dadas sus cómodas instalaciones y hasta lujos de los que allí gozan los penados. Niño pasaba de la cárcel de mujeres El buen pastor a este “hotel cinco estrellas” gracias a la intervención de “el señor”. La exfiscal cumplió la promesa que hacía en las llamadas, declarando en favor de Santiago y Álvaro Uribe, pero además, las conversaciones que sostenía con Cadena dan cuenta de otra intención que ambos tenían, que era la de buscar a los medios de comunicación (en especial a RCN, el canal televisivo y radial de pronunciada tendencia uribista) para hacer un escándalo mostrando que el caso contra los hermanos Uribe era un complot de la fiscalía de Montealegre en conjunto con otros funcionarios del ente acusador y de algunos exmagistrados de la Corte, como Leonidas Bustos, es decir, recurrir a la muy conocida táctica del desprestigio público de los denunciantes o de las investigaciones contra los Uribe, para mostrarlos como víctimas. Este último ingrediente puso en alerta a las autoridades, que dicen tener evidencias de cómo supuestamente se fraguó el plan para acusar a Montealegre de una conspiración. ¿Se les volteó la tortilla a la fiscal, a Cadena y a los Uribe?
La corte considera que este caso fue tan revelador, que constituye un capítulo clave en la decisión de llamar a indagatoria al expresidente, quien salió en defensa de la exfiscal a través de su cuenta de Twitter, asegurando que Niño Farfán ya había solicitado su traslado y que ya había declarado sobre el supuesto complot contra él y su hermano antes de las fechas de las comunicaciones con su abogado. La investigación continúa, aunque las evidencias, indicios y los propios antecedentes de la cuestionada exfiscal, juegan en su contra.
El otro exparamilitar que involucró a Uribe en este proceso es Pablo Hernán Sierra García alias Alberto Guerrero, excomandante del bloque Cacique Pipintá de las AUC. Sierra fue condenado a cuarenta años de cárcel por múltiples crímenes perpetrados por los paramilitares que estaban bajo sus órdenes, entre ellos, masacres de indígenas. En septiembre de 2011 salió una entrevista dada al hoy senador Iván Cepeda, el mismo Sierra se la había solicitado a Cepeda y este como miembro de la comisión de derechos humanos del senado, la hizo. En ella Sierra afirma que los hermanos Uribe Vélez habrían sido los creadores y financiadores del bloque Metro, junto a los conocidos paramilitares y narcotraficantes hermanos Gallón Henao y hermanos Villegas Uribe, que tenían una especie de cuartel general en la célebre finca Las Guacharacas, municipio de San Roque. Según ese testimonio, dicho bloque paramilitar se creó para enfrentar la presencia del frente Bernardo López Arroyave del ELN, en cabeza de Francisco Javier Zuluaga, alias Juan Pablo, quien dirigió la quema de la hacienda Las guacharacas y el robo de seiscientas cabezas de ganado y de varios caballos y mulares de propiedad de los Uribe Vélez el 2 de enero de 1995, luego de que Uribe se posesionara como gobernador de Antioquia. El exjefe paramilitar afirmó que uno de los ejemplares robados fue un macho de paso fino muy apreciado por el gobernador, que luego fue utilizado por el jefe guerrillero para patrullar la región, lo que habría enloquecido de cólera a Uribe. Añade que después de la incursión guerrillera y el robo de los animales, el gobernador ofreció una fuerte recompensa por información que condujera a la captura de Juan Pablo, recompensa que, según consta en sentencia del Juzgado Primero Penal Especializado de Antioquia del 9 de enero del 2003, fue cobrada utilizando el nombre y documento de una persona fallecida, luego de que el ejército reportara la baja del guerrillero en un combate. ¿Quién o quiénes cobraron esa millonaria recompensa? ¿Qué responsabilidad podría caberle a la gobernación de Uribe en esta aparente estafa?, este inverosímil suceso no ha sido investigado.
Asegura que desde ese episodio y en aras de recuperar lo robado, en la región se desbocó la furia del bloque Metro, perpetrando dos masacres supuestamente bajo la orden de Uribe, una de ellas la masacre del 13 de julio de 1996 en el corregimiento de Providencia, municipio de San Roque, cercano a Las guacharacas; y otra, el 17 de septiembre de 1996, en el casco urbano de ese mismo municipio, en la que uno de los muertos fue Álvaro Carmona, un comerciante que había comprado buena parte del ganado robado de la hacienda de los Uribe Vélez. Sierra, al igual que Monsalve, menciona el fuerte apoyo político a Uribe.
El bloque Cacique Pipintá para su campaña de 2002 habría organizado una subasta donde se le recogió más de doscientos setenta millones de pesos, en el municipio de La Pintada, departamento de Caldas, en la que habría estado el propio Álvaro Uribe, y donde la seguridad estaba a cargo del mismo grupo paramilitar. Lo mismo en otras subastas en Planeta Rica, departamento de Córdoba, y en otras regiones de dominio paramilitar. En esas campañas también participó Hernando Montes, el entonces presidente de ASOGAN, una asociación de ganaderos de Córdoba, quien luego fue condenado por sus nexos con el paramilitarismo. Sierra también incursionó en 1991 en la política, como candidato a la alcaldía del municipio de Santo Domingo (Antioquia), avalado por el movimiento Unionismo, de Luis Alfredo Ramos, el amigo de Uribe, condenado por parapolítica e involucrado, igualmente, en manipulación de testigos. Asegura que todos los miembros de las autodefensas que están vivos y encarcelados tienen pánico de contar las verdades sobre el expresidente Uribe y su hermano debido a la falta de garantías, dice también que algunos testigos que han declarado en favor de ellos lo han hecho porque están bajo la presión de amenazas a ellos y sus familias, y que además han recibido dinero de Uribe, pero que sobre lo último no tiene cómo probarlo. El objetivo de Uribe es “callar la verdad de los paramilitares a cualquier precio”, dice en sus declaraciones.
Las acusaciones de Sierra son directas, claras y de una gravedad pasmosa. Si no fuesen porque están bajo gravedad de juramento y dentro de un proceso judicial y penal, nadie en el mundo imaginaría que pueden ser reales y alusivas a un alto dignatario de un país, sino a un gran capo del crimen. De ellas retumban frases como: “El expresidente Álvaro Uribe fue nuestro referente, así como para las guerrillas lo fue Fidel Castro, el “Che” Guevara o Stalin”; “aquí hay unos delitos de lesa humanidad, aquí hay unas masacres, hay unas desapariciones, aquí hay conformación de grupos de autodefensa donde él es responsable, él lideró esos grupos”; “yo siempre he dicho que al expresidente Uribe lo respeto mucho como presidente, como persona, como todo, pero yo hablo así porque como sé de sus cosas que hizo, él es un bandido igual a mí, también delinquió”; “Álvaro Uribe fue referente e integrante (de los paramilitares), por eso es que Álvaro Uribe fue tan contundente cuando fue presidente”; “Si en Colombia no hay la capacidad de investigarlo, de judicializarlo y condenarlo, yo le solicito a la Corte Penal Internacional que intervenga en este asunto porque este es un asunto de alta connotación, es que aquí no son dos ni dos ni tres muertos, hemos visto que en otros países por menos cosas han condenado a presidentes …, ahora aquí lo que hay es masacres, es que estamos hablando de masacres …” … “es que él ha matado también porque él es el que piensa, y el peligroso es el que piensa, no el que dispara sin saber porqué”; “él es un hombre de guerra, él no es un hombre de paz”; “yo me trevo a decir que en Colombia, si hay un verdadero proceso de paz con las Farc y con el ELN, y el expresidente Álvaro Uribe sigue en su posición vertical, sería un riesgo que esta gente salga a la vida civil porque Uribe es capaz de matarlos a todos, él tiene la capacidad porque sabe cómo operan los grupos y es un hombre muy rico, un hacedor de plata”; “Álvaro Uribe es un hombre que en este momento es activo de las autodefensas, es el propio, es la cabeza del paramilitarismo en Colombia, el doctor Álvaro Uribe Vélez (sic)” “El expresidente era la sombra, era el aval para que estos grupos funcionaran, el ejército no molestara ni nadie, y los emisarios de él, los segundos de él, eran los hermanos Villegas y los mismos Gallón que se criaron con él, todos”. Sierra dice que admira a Uribe, que “Colombia es lo que es hoy gracias a él”, pero que una cosa no tiene que ver con la otra.
La mayoría de implicados por las declaraciones de Sierra han confesado y han terminado aceptando sus delitos, siendo posteriormente condenados alcaldes, empresarios, concejales y demás enlaces del paramilitarismo desde sus funciones públicas. Es actualmente testigo protegido de la fiscalía, resguardado en el pabellón de alta seguridad de la cárcel de Cómbita, Boyacá. Sierra ha dicho que se mantendrá en sus acusaciones contra Uribe “pase lo que pase”. Su testimonio y el de Monsalve reposan en la CIDH desde el año 2011 dada su gravedad, relacionada con la comisión de delitos conexos con la violación de los derechos humanos, es decir, de evidente competencia internacional. Sierra relaciona decenas de nombres de individuos acusados de narcotráfico y paramilitarismo con la familia Uribe Vélez, de todos brinda detalladas descripciones y presenta pruebas, lleva una inmensa carpeta que contiene toda esta documentación memorias USB, DVD, emails, fotos y otro tipo de elementos probatorios, los cuales ha presentado en sus numerosas declaraciones ante la justicia.
Los hermanos Uribe lo han denunciado por injuria y calumnia, siendo dos veces absuelto por la justicia, en primera y segunda instancia. Ahora dice tener pruebas sobre la manipulación del expresidente a testigos, el caso que lo tiene ad portas de prisión. La defensa de Uribe insiste en que Cepeda le ofreció beneficios jurídicos para que declare contra el expresidente a pesar de que Sierra ya había declarado contra él: en 2007 declaró en los estrados de justicia y paz; en febrero de 2011 contactó a Arnulfo Méndez, el periodista de Noticias UNO, logrando concretar una entrevista en la que ratificó lo que mucho tiempo atrás ya había asegurado. Es decir, primeramente Sierra declaró contra Uribe ante la justicia, luego en la prensa (Noticias UNO) y mucho después con el senador Cepeda. De manera que la consabida tesis de que Cepeda les proporcionó a los testigos una especie de guion difamatorio contra Uribe, queda muy maltrecha. Sierra ha ofrecido continuas entrevistas, los periodistas asisten al penal para registrar sus versiones, las cuales se mantienen intactas de la más antigua a la más reciente. Pero vuelven las casualidades, las notas de ángeles, a informarle a Uribe que Sierra dará una entrevista tal día, a tales horas, con tales periodistas, y lo publica en su Twitter a manera de advertencia de una conspiración en su contra (otra de tantas y tantas que le tienden sus enemigos). “Antes de llegar, esta visita no la sabía nadie y Uribe ya estaba diciendo que yo venía para acá”, le comenta Holman Morris, el reconocido periodista y fundador del programa Contravía. “Porque Uribe tiene unos informantes acá en el patio, …está René, está Memín, está Castañeda, está Simón y está un muchacho Giovanny Gonzales… Uribe les dio una plata para que me desprestigiaran a mí como testigo, …entonces ellos cualquier paso que yo doy aquí en la cárcel, ya lo saben”. Comenta que ellos le han acusado de ofrecerles beneficios a cambio de declarar contra Uribe, algo que se sale de toda lógica, ¿Qué beneficios les podría ofrecer un preso condenado a más de veintiséis años de prisión sin influencia alguna? También asegura que Pedro Hasbun, alias Pedro Bonito, un exjefe paramilitar sentenciado a veinte años de prisión, le ofreció dinero a cambio de su silencio en el caso de Santiago Uribe pero que él la rechazo ya que está “dispuesto a ir hasta el final”. “Yo no me explico cómo el procurador general habla que un proceso de paz sin impunidad, pero resulta que él está encubriendo al papá de la impunidad que es Álvaro Uribe”, dice refiriéndose al cuestionado procurador Alejandro Ordoñez, el ultraconservador, ultracatólico, aliado político de Uribe y actual embajador del gobierno Duque en la OEA.
Días antes de su declaración ante la Corte, en una entrevista en la W radio, cuenta que el grueso compendio de sus testimonios y pruebas los tiene radicados en la HRW (Human Rights Watch), en el parlamento europeo y en veinte países, ya que teme ser asesinado y que estas entidades le están brindando protección. Explica cómo quisieron imponerle un abogado de oficio allegado a José Obdulio Gaviria para que su caso fracase, después de que las amenazas obligaran a tres de sus apoderados a renunciar a defenderlo. En esa misma entrevista asesta un golpe que por la contundencia argumentativa, demuele aquel mito que ha sido el caballito de batalla mediático del uribismo para mostrar a Uribe como víctima de Cepeda:
— “Señor Pablo Hernán, ¿A usted le ofrecieron algo, Iván Cepeda alguna vez le ofreció un asilo, algo, a cambio de que usted testificara en contra del expresidente?
— “Nunca jamás, y más iluso sería yo pensar una cosa de esas, yo no conozco el primer preso en Colombia que lo saquen de una cárcel con hartas condenas como tengo yo, que tengo más de doscientas condenas, a un asilo político, eso no se lo cree nadie”. Cuando le indagan sobre el porqué llamó al congresista Iván Cepeda para que le reciba sus denuncias, Sierra explica que “porque si llamaba a alguien de derecha, las acusaciones no hubieran salido a la luz pública”.
Pero el uribismo no cesa en su intención de desprestigiar a Cepeda, y no obstante la sentencia donde la Corte se abstiene de abrirle un proceso en este caso (ya que no existían elementos suficientes), siguen insistiendo en que es culpable. En las caudalosas fuentes de información y desinformación que son las redes sociales se vierten incontables cantidades de falsedades, verdades a medias, tergiversaciones, difamaciones y todo tipo de ataques contra la persona de Iván Cepeda Castro, su familia, allegados, simpatizantes o copartidarios. Igual sucede con la Corte, con los testigos contra Uribe, con la Justicia Especial de Paz (JEP), con el acuerdo de paz entre Farc y Estado colombiano, o con cualquier entidad pública o privada, independiente o estatal, que ose amenazar —intencionalmente o no— con desentrañar las martingalas que impiden probar la responsabilidad de Uribe en esta y otras de sus presuntas transgresiones a la ley, como con la ONG que brindó protección a la familia del testigo Monsalve cuando esta se hallaba en alto riesgo de ser asesinada. La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos (CSPP) se apegó a su esencia y respeto a la legalidad en sus actuaciones en ese episodio; así lo comprobó y lo falló la Corte Suprema de Justicia en febrero de 2018, pero la narrativa creada al interior del uribismo y proyectada a sus millones de adeptos y a la opinión pública en general es que esta ONG “pagó para que declaren contra Uribe”, obviando deliberadamente contar que Monsalve ya había declarado contra Uribe con marcada antelación a los auxilios económicos a su familia para lograr su traslado, constituyendo esa actitud del uribismo un claro irrespeto a las decisiones judiciales, a la cosa juzgada. La ONG entabló una denuncia contra Uribe y otros líderes del Centro Democrático por los delitos de injuria, calumnia y hostigamiento agravado en contra de dicha institución y sus integrantes. También denunciaron amenazas contra sus principales representantes.
Un delicado hecho se suma a todo esto embrollo, el de la alteración y eliminación de seis valiosas grabaciones ordenadas por la Corte. El sofisticado e infalible sistema de interceptaciones de la fiscalía denominado Esperanza casualmente no grabó un testimonio clave de Óscar Monsalve Correa, padre del testigo Juan Guillermo Monsalve y extrabajador de Las Guacharacas, igualmente unas llamadas entre este y el viejo conocido de Uribe, Juan Guillermo Villegas. En la llamada Sala de Oro del búnker, alguien habría editado grabaciones sensibles que luego fueron enviadas a la Corte. El informe técnico lleva más de seis meses en manos de investigadores sin que hasta ahora nadie sepa quién manipuló las escuchas. Marcela Yepes, la directora de Control Interno de la Fiscalía, quien investigaba el grave suceso, sufrió un atentado mientras se desplazaba en su camioneta. Una bala calibre 9 mm impactó en la ventana del puesto donde iba, alcanzando a fracturar el vidrio pero el blindado contuvo el proyectil. Pasados unos días, algunas personas de la Fiscalía buscaron a los policías para pedirles cambiar el resultado del dictamen y anotar que el impacto en el vidrio correspondía al golpe de un tornillo o una piedra. Los uniformados no accedieron a la inusual solicitud. El asunto, como todos los que en materia judicial acaecen en Colombia es enmarañado, no obstante, todo apunta a que al interior de la fiscalía anidaba (o anida) una mafia de manipulaciones e interceptaciones ilegales que involucra altos funcionarios de todos los poderes del Estado. Este tema, denominado “Las nuevas chuzadas”, sigue bajo investigación.
Para el caso de la presunta manipulación de testigos, la Corte inicialmente citó un total de cuarenta y tres declarantes, desde peligrosos militantes del hampa hasta distinguidas personalidades públicas, pero luego ese número se redujo debido a que el tribunal determinó que algunos testimonios no eran relevantes, ya que en la medida que avanzaba el proceso se iban descartando los que no aportaban consistencia o material probatorio sólido o se iban constituyendo como falsos. El trascendental caso determinará el futuro político y judicial de Álvaro Uribe Vélez. Nunca antes su intocable figura había estado tan próxima a ser medida por la vara de la justicia colombiana. La defensa de Uribe, al unísono y repetitivamente, exclama por los tubos resonantes de la prensa que todo esto es un montaje fraguado por sus enemigos ideológicos y políticos. Y ahora, el círculo cercano de Uribe, luego de que Juan Manuel Santos (“el que él dijo” en 2010) concretara el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, alegan que en él se pactó poner preso a Uribe, ya que “es un muro de contención contra el comunismo o el “castrochavismo”, porque “Santos es comunista”, su alias es Santiago, y en razón de eso firmó la paz con los alzados en armas, o sea, con él mismo y con los suyos, quien a la vez que bombardeaba y eliminaba a sus máximos dirigentes (a “los suyos”), subrepticiamente actuaba como agente de esa guerrilla históricamente infiltrado (desde su nacimiento, quizá) en la clase dirigente tradicional del país. Sí, Santos, el hijo de las más altas esferas económicas y sociales de Colombia es, según Uribe y su parroquia, un comandante de las FARC. Su escudo defensivo ante las investigaciones judiciales ha sido el de vestirlas de complot, persecución o venganza, pero de tanto usarse ya se ve agrietado.
El 8 de octubre de 2019 fue la fecha que la Corte citó a indagatoria a Uribe. El día llegó cargado de expectativa y tensión. Un buen número de seguidores adscritos al Centro Democrático, con pancartas y cornetas se dieron cita en las instalaciones del palacio de Justicia, el lugar al cual fue trasladada la diligencia judicial por recomendación de las autoridades, en pro de evitar alteraciones del orden público en los juzgados de Paloquemao, en el centro de la capital. Hurras y vivas alagando a su líder se escucharon a su arribo, a eso de las ocho de la mañana. También asistió una masa de sus contradictores, mucho más grande que la de los uribistas. Pancartas, instrumentos musicales, megáfonos, y cánticos con letras pidiendo justicia formaban la gresca que por momentos amenazaba con salirse de control. Fuertes cordones de seguridad y barricadas de la policía impidieron el paso de la turba enardecida que llegaba desde la carrera séptima, en su mayoría conformada por jóvenes universitarios. “¡A-se-si-no! ¡A-se-si-no! ¡A-se-si-no!”; “¡Uribe, paraco, el pueblo está berraco!”, ¡Jus-ti-cia! ¡Jus-ti-cia!, eran algunos de los coros entonados con vehemencia. A las siete de la noche concluyó la diligencia y el indagado salió por la parte trasera del edificio. Y la noticia esperada por muchos estalló en redes: Uribe había quedado formalmente vinculado al proceso por fraude procesal, soborno y manipulación de testigos; es decir, el caso continúa y ahora la Corte comenzará a reunir pruebas para tomar la decisión sobre si se archiva el proceso o si hay suficientes elementos para llevar al expresidente a juicio. Ahora es un sujeto sub judice, designación que odia. Las semanas que antecedieron la indagatoria fueron inundadas por una fuerte arremetida contra los magistrados de la Corte y con arengas lisonjeras para Uribe, usando para ello vallas ubicadas en zonas estratégicas de distintas ciudades y vías, como si estuviese en campaña electoral; volantes impresos con los “logros” de Uribe, tendencias en Twitter, columnas de opinión en sus portales, entrevistas sesgadas en medios afines al uribismo y una intensa aunque burda estrategia propagandística en redes: Que el comunismo internacional había penetrado la Corte, que el castrochavismo secuestró la justicia, que los jueces eran comunistas y marxistas y unos vendidos; que Santos y Timochenko ordenaron ponerlo preso, que Cepeda, Petro, Maduro, Santrich, Piedad Córdoba, las disidencias de las FARC, el ELN, los socialistas, los izquierdistas, los social-demócratas, los anarquistas, la Corte, el Foro de Sao Paulo, los norcoreanos, los cubanos y los rusos (como dice la vicepresidenta Ramírez) entre otros de sus malquerientes, habían trazado una ruta de componendas dirigidas a destruirlo política y personalmente así como para ponerlo injustamente prisionero. José Obdulio Gaviria llegó más lejos y en uno de sus brillantes análisis aseguró que todo esto tenía el fin de derrocar al actual presidente Iván Duque: “Detener a Uribe es derrocar a Duque”, dijo en una entrevista para el canal Caracol. Y así, miles y miles de dislates propios de la desesperación de quienes se ven acorralados ante la apabullante cantidad de indicios y evidencias en su contra. La esquizofrénica campaña de desprestigio caló tanto y en tantas mentes débiles —simpatizantes del acusado y susceptibles de manipulación— que hasta llegaron a amenazar con un nuevo y peor “Bogotazo” si a su ídolo le era dictada una orden de aprehensión. La Corte se vio obligada a emitir un comunicado a través de su presidente Álvaro García en el que rechazaba este tipo de intimidaciones, amenazas y presiones contra ese cuerpo judicial, agregando que ninguna presión, protesta o manifestación pública influirá en las decisiones autónomas de esa alta corporación. Dentro de los casi trescientos procesos judiciales que Uribe tiene abiertos, el de manipulación de testigos y fraude procesal es uno de los menos graves. Genocidio, asesinatos selectivos, corrupción a los más altos niveles, conformación y apoyo a grupos terroristas como los narco-paramilitares, fraude electoral, concierto para delinquir agravado, persecución y desprestigio a opositores políticos, terrorismo de Estado, narcotráfico, y casi todos los delitos contemplados en el código penal colombiano que le han sido endilgados no han avanzado. ¿Se repetirá en Colombia la historia de Al Capone, la gran mente criminal de los Estados Unidos de la primera mitad del siglo XIX, quien conociéndosele su vasto accionar mafioso, cayó por un delito menor, la evasión de impuestos?
¿Cuánto durará esta espinosa odisea judicial? ¿Será el primer expresidente condenado o seguirá caminado sobre las flores que la impunidad ha lanzado a su paso por la vida pública? ¿La justicia colombiana esta vez sí estará a la altura de las exigencias profesionales y éticas, de antaño abandonadas y pisoteadas por la estampida de las ambiciones particulares? ¿Será posible recrear en la realidad presente y futura, el sueño de ese lejano pasado, desilusionado de su propio aparato jurisdiccional? Solo el tiempo lo dirá.
De igual forma, el caso Areiza sigue sin resolverse. La Corte ha oído las primeras versiones de los implicados, así como a la defensa de las partes. Aunque el alto tribunal había ordenado redoblar su seguridad, la disposición no fue acatada y Areiza, uno de los testigos claves en este farragoso lance judicial, terminó con su grueso físico parando los tiros que desde una moto le lanzaban los emisarios de sus enemigos, para muchos, provenientes de las huestes de Álvaro Uribe, para otros, de las de Iván Cépeda o de las de sus vecinos, a los cuales debía el arrendo, o a los que les “bajó la mujer” (“líos de faldas”, como le llaman algunos empachados por la burocracia). El caso también pide a gritos una eficaz aplicación de justicia.
La inmensa mayoría de los allegados de Uribe que de una u otra forma están sumergidos en este complejo entramado, quedaron investigados por falso testimonio o manipulación de testigos. La demora en su resolución ha sido más que extendida, en buen parte porque otros procesos que lo hubiesen podido acelerar —ya que los hechos están relacionados— fueron engavetados por Gustavo Malo, el exmagistrado acusado e investigado por presuntamente recibir millonarias sumas de dinero para cambiar los fallos, escándalo conocido como “El cartel de la toga”. Esos expedientes de Uribe estuvieron congelados por más de tres años, solo se reactivaron tras la salida del cuestionado togado. Los hechos son dicientes: un notable afán de desprestigiar a la contraparte, en este caso el senador Cepeda; muchísimas acciones para dilatar el normal cauce del proceso, quizá con la intención de alcanzar un vencimiento de términos u otra escapada jurídica tan común en la clase política colombiana o en la económicamente poderosa (ya sea la de dineros legales o la de asociados al delito); o con el propósito de lograr cuajar la ignominiosa reforma a la justicia propuesta por el uribismo y que versa sobre eliminar las actuales Cortes y crear una sola, totalmente vulnerable de ser contaminada por el ejecutivo u otros factores externos que buscasen perpetuar impunidades o administrar justicia según los intereses de estos. Manipulación de testigos y fraude procesal no son unos graves delitos que le suenen nuevos al expresidente, ya en anteriores oportunidades se ha visto inmiscuido en ellos y los patrones hallados en todos son exactamente iguales; la única diferencia es que en éste se logra adivinar, tras las gruesas capaz de unas maniobras rastreras tendientes a opacarla, la luz de la justicia que aunque tímida, promete efectividad, la efectividad que ha brillado por su ausencia en el caso de Pedro Juan Moreno Villa, al parecer, otro “buen muerto” para Álvaro Uribe.
Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos! No critiques, crea
