El Narcotraficante Número Ochenta y Dos 82

Junto a estos y otros criminales sobresalía el de un político antioqueño: Álvaro Uribe Vélez, en la casilla número 82, junto a su descripción: “Álvaro Uribe Vélez, es un político colombiano, senador y dedicado a la colaboración con el Cartel de Medellín en los altos niveles del gobierno. ”

Nota: Este fue un capítulo del libro “Cien razones reales para rechazar el uribismo” de C. Arteaga, próximamemnte en Amazon.



El Shabbat



Por C. Arteaga


La NSA, National Security Archives (Archivo Nacional de Seguridad), una organización estadounidense que recopila, archiva y publica documentos desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos relacionados con la política exterior de ese país, desclasifica a inicios del 2004 un documento de la DIA, Defense Intelligence Agency (Agencia de Inteligencia de las Fuerzas Militares de ese país, especialista en espionaje internacional, bajo jurisdicción del departamento de Defensa). Ese documento fue elaborado en marzo de 1991 y recopila el nombre y las actuaciones de 104 personas involucradas en el negocio del narcotráfico, especialmente de las vinculadas al cartel de Medellín. Catorce páginas conforman el documento que lleva el carácter de altamente confidencial, de ahí el lapso de más de una década en desclasificarse.

Para el tiempo que fue sacado a luz, casi la totalidad de los nombres de aquella lista habían purgado deudas con la justicia o habían sido asesinados en ajustes de cuentas. Con el número 1, la lista la abre el famoso sicario John Jairo Velásquez Vásquez alias Popeye, y la cierra Luis Fernando García Gómez, un explosivista del ELN con vínculos con el cartel de Medellín, en el número 104.

En el puesto 70 se ubica Fidel Castaño Gil, hermano de Vicente y Carlos Castaño Gil, jefes de las “desaparecidas” AUC (autodefensas unidas de Colombia), y en el 79, el entonces capo di tutti capi, Pablo Escobar.  El autor material del magnicidio del candidato a la presidencia Luis Carlos Galán Sarmiento, Jaime Eduardo Rueda Rocha, en el puesto 91.  Alias Pinina, el jefe del ala militar del cartel de Medellín figura en la casilla 7.  El ex presidente de Panamá, extraditado a EEUU, Manuel Antonio Noriega, con el número 66; el entrenador de paramilitares y mercenario israelí Yair Klein, con el 80; Dandenis Muñoz Mosquera alias La quica, sicario de confianza de Pablo Escobar condenado a diez cadenas perpetuas en EEUU, con el 16.

Junto a estos y otros criminales sobresalía el de un político antioqueño: Álvaro Uribe Vélez, en la casilla número 82, junto a su descripción: “Álvaro Uribe Vélez, es un político colombiano, senador y dedicado a la colaboración con el Cartel de Medellín en los altos niveles del gobierno. Uribe fue vinculado a negocios que están conectados con actividades de narcotráfico en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia por sus conexiones con narcotraficantes. Uribe ha trabajado para el Cartel de Medellín y es un amigo personal y cercano de Pablo Escobar Gaviria”.

En cualquier país del mundo que se preste de ser un Estado de legalidad, Derecho y con un mínimo sentido social de la ética, esta información hubiese motivado un escándalo de tal magnitud que forzaría al involucrado presidente a su dimisión. Pero no, en Colombia la prensa privada, que domina el 95% del espectro electromagnético, disipó aquella “bomba” informativa.

El gobierno Uribe se vio obligado a emitir un escueto y evasivo comunicado:

“Gobierno desmiente publicación de Newsweek sobre pasado oscuro del presidente Álvaro Uribe, la revista publicó un documento que asegura fue elaborado en 1991 por la Defense Inteligence Agency y en el cual establece que le mandatario colombiano, tenía por ese entonces, relaciones con el narcotráfico y el cartel de Medellín, que su padre fue asesinado por sus relaciones con los narcotraficantes, que era amigo personal de Pablo Escobar y participó en la campaña que llevo a este a la cámara de representantes como segundo renglón de Jairo Ortega y que, como senador se opuso al tratado de extradición”.

La Casa de Nariño añade que cuando Uribe fue senador, fue elegido por un movimiento político diferente al de Pablo Escobar y que siempre ha tenido una sola postura frente a la extradición, que nunca ha tenido negocios en el extranjero y que tuvo dos cuentas bancarias fuera del país, cuando estudio en Harvard y en Oxford. Adicionalmente informa que ha extraditado a 170 personas.

El comunicado es falaz, evasivo y busca zafarse de dar respuestas contundentes que controviertan el documento desclasificado: niega el partido de Escobar, liberal; pero Uribe estaba inscrito en ese partido para esa época; niega negocios en el exterior y afirma que sí cumple con la extradición, pero nadie ha hablado de negocios en el exterior, el negocio de narcotráfico con el que se le asocia es nacional, muy colombiano y muy paisa (Cartel de Medellín); tampoco se habla de cuentas bancarias en el exterior y menos de dónde estudió. Si bien es cierto que Uribe ha firmado 170 órdenes de extradición, estas están supeditadas a órdenes estadounidenses, no a la voluntad unilateral de Uribe.  Las relaciones de Uribe con la mafia están reseñadas desde su temprana edad, una agencia estadounidense ahora lo corrobora, y para la elaboración de informes clasificados en lo último que se basaría una agencia de inteligencia adscrita al departamento de defensa y seguridad nacional gringa es en chismes, como Uribe y sus seguidores han pretendido hacer creer.

¿Pero por qué, con tantas pruebas e indicios sobre su actuar criminal, el gobierno norteamericano no lo pide en extradición por narcotráfico y otros delitos? Bueno, para nadie es un secreto la forma en que los Estados Unidos de Norteamérica, como imperio que es, dirige su política exterior subyugando naciones alrededor del globo.  Latinoamérica es considerada su “patio trasero”, y lo que busca EEUU es la existencia de gobiernos satélites y proclives a su ideología, unos simples ejecutores criollos de políticas extranjeras, y en eso Uribe sale excelentemente calificado: ha violado la soberanía nacional al otorgarles -sin protestar- el territorio colombiano para la instalación y funcionamiento de numerosas bases militares (siete) en distintas partes de la geografía colombiana, desde luego no para “brindar seguridad”, como alude, sino para la consecución del dominio regional gringo mediante el ejercicio de la fuerza, especialmente en países vecinos que van en contravía de sus intereses. “Para controlar a Venezuela es necesario ocupar militarmente a Colombia”, dijo el senador estadounidense Paul Coverdell en una columna en “The Washington Post”, el 10 de abril del 2000, titulada “Starting with Colombia” o “Empezar por Colombia”.

El inconmensurable esfuerzo por negociar TLC´s entre Colombia y Estados Unidos donde el ganador es el país del norte y donde el sector agrícola colombiano y su población rural son los más azotados con sus nefastas consecuencias, el otorgamiento de cientos de licencias mineras, especialmente de extracción aurífera con limosneras e insignificantes regalías para los territorios que prácticamente son gangazos para las empresas norteamericanas y que Uribe las presenta eufemísticamente como “incentivos a la inversión extranjera” ; la aprobación de políticas bélicas injerencistas como el refuerzo y continuidad del plan Colombia y la búsqueda y aprobación del plan patriota para “combatir al terrorismo”, una estrategia norteamericana para legitimar su presencia en Colombia tapando sus verdaderas intenciones de dominación geopolítica; el ciego apoyo público a las invasiones estadounidenses en medio Oriente y otras partes del mundo a pesar de los dantescos holocaustos efectuados; las fumigaciones aéreas con glifosato a pesar de su probada ineficacia y/o sus terribles consecuencias en la salud de las personas (en su inmensa mayoría campesinas) y del medio ambiente, producto denunciado y prohibido en varios países; el envío de decenas de colombianos a suelo norteamericano sin más justificación legal que el pedido del gobierno gringo, sin un riguroso acervo probatorio (ya que los solicitan en extradición pero es allá donde arranca el proceso judicial, es decir, pueden solicitarlos sin pruebas) y con muchos de ellos inocentes o convertidos en chivos expiatorios; el continuo saboteo y guerra mediática-militar contra países declarados adversos al gobierno norteamericano como Venezuela, país en el que Álvaro Uribe es acusado de promover golpes de Estado, desestabilización e incluso planes de asesinato de sus mandatarios como a inicios de 2004, cuando fueron capturados más de 100 paramilitares colombianos vestidos con prendas militares venezolanas listos para tomarse el palacio de Miraflores y eliminar físicamente a Hugo Chávez, o en 2008 cuando -en conjunto con militares norteamericanos- bombardeó a Ecuador en una operación denominada Fénix, donde fue abatido el líder guerrillero Raúl Reyes y amenazó con lo mismo a Venezuela, motivo por el cual Ecuador demandó ante la comunidad internacional a Colombia y Venezuela cerró la frontera afectando a miles de personas que vivían del comercio bilateral; o la constante interferencia y el lobby internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro, so pretexto de “salvar a Venezuela de la tiranía”, y donde “coincidencialmente” Estados Unidos ha expresado tener intensiones invasivas.  O la presencia inobjetable de agentes militares y de inteligencia estadounidenses, británicos e israelíes que llevaron a Uribe a firmarles un cheque en blanco jurídico y moral al concederles –sin el menor asomo de dignidad, en el caso de marines norteamericanos- impunidad total frente a sus posibles delitos cometidos en suelo colombiano, posibles delitos que ya no son posibles porque ya se cometieron, como en el aberrante caso de las violaciones, abusos sexuales y vejámenes de toda índole (como las grabaciones fílmicas y posterior comercialización de ese material pornográfico) contra niñas colombianas por parte de soldados estadounidenses.

¿Ese –y mucho más- es el costosísimo precio pagado por la impunidad del narcotraficante número 82? Todo indica que sí. “Puede que sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”, afirmó la administración Roosevelt al referirse al dictador nicaragüense Anastasio Somoza.

La práctica de tener gobiernos satélites mediante gobernantes genuflexos a EEUU en una relación de mutuo beneficio, se ha convertido –a través de la historia de ese país- en su tradicional y más pragmática norma de política exterior. Para nadie es un secreto.

Así lo demuestran los hechos escritos en la memoria mundial, por nombrar solo algunos, el caso del General Manuel Antonio Noriega en Panamá, un aliado de EEUU en la vigilancia de gobiernos contradictores de sus políticas, colaborador de la CIA, hasta que empezó a tomar distancia de las órdenes gringas, consiguiendo el cierre de la “Escuela de las Américas” en ese país, un bastión militar y de inteligencia estadounidense donde se irradiaba una marcada ideología anticomunista y se formaba a los gobiernos latinoamericanos en combatir todo lo que fuera en contra de los intereses norteamericanos. Noriega quiso implementar una agenda política no ordenada por EEUU, entonces, ya no lo vieron “útil”, y conociéndole su oscuro pasado como colaborador de Pablo Escobar lo condenaron a 40 años en una cárcel federal de Miami tras su aprensión producto de la invasión de 1989. Similares son los casos de Sadam Hussein: “Sabíamos que era un tirano, pero era nuestro tirano”, una frase lanzada por Goeffrey Kemp, el asesor del presidente Reagan en épocas de Sadam como aliado, donde Irak era excluido de la lista de países asociados al terrorismo, reanudaban relaciones bilaterales y Hussein se convertía en el “mejor nuevo amigo de EEUU”.  El entonces emisario especial de EEUU para Irak, Donald Rumsfeld, viajó a ese país para sellar la “confianza” entre las dos naciones. Años después era el mismo que dirigía –como secretario de Defensa de George Bush- la invasión a Irak, cuando Hussein se convirtió en un estorbo y amenaza, y al que sacrificaron en la ahorca.

O el caso del líder libio Muamar Al Gadafi, quien expresaba que el presidente Barack Obama era su “amigo”: “Ahora, América está gobernada por un hombre negro de nuestro continente, un africano de descendencia árabe, descendiente de musulmanes y esto es algo que nunca habríamos imaginado: que de Reagan podríamos llegar a Barakeh [sic] Obama”, señalaba Gadafi, en declaraciones recogidas por el diario israelí ‘Yedioth Aharonoth’.  Un año después, y luego de décadas de su gobierno que puso como factor central de su economía la nacionalización del petróleo, miles de marines estadounidenses invadían Libia y el coronel era torturado, sodomizado con un madero y asesinado a golpes por la muchedumbre respaldada por Obama.  Casos similares pueden citarse en personajes como Bin Laden, un aliado inestimable para varias administraciones de EEUU en especial para las de Jimmy Carter y Ronald Reagan, quienes le vieron como un líder fundamental para luchar contra las tropas soviéticas que tenían la intención de contrarrestar la insurrección islámica que amenazaba las provincias de Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán y el Cáucaso.  Muchas fuentes hablan que Bin Laden fue entrenado por la CIA para la guerra de guerrillas y las acciones terroristas. Años después, cuando Bin Laden rechazó la presencia militar gringa en Arabia Saudita por el conflicto del golfo, les declara la guerra.  Entonces ya no es un héroe ni un filón sino un perentorio objetivo militar.  El líder saudí lleva al paroxismo su formación terrorista y de ahí en adelante su historia será ampliamente conocida.

Distintos gobernantes alrededor del mundo son respaldados por Estados Unidos si estos se pliegan a sus designios, como es el caso de Arabia Saudita, donde las recurrentes acusaciones de EEUU para los gobiernos que corren en contravía a sus políticas parecen no aplicar.  A pesar de que el país islámico es uno de los lugares donde más se violan los Derechos Humanos y sus gobernantes actúan de forma tiránica (justificaciones aludidas para invadir un país y derrocar gobiernos), para EEUU sí cumplen con las normativas internacionales.  Desde 1940 Estados Unidos y Arabia Saudita mantienen excelentes relaciones diplomáticas, las cuales se fortalecieron cinco años después, cuando en un encuentro entre el rey Abdelaziz Bin Saud y el presidente Franklin D. Roosevelt, sellaron un pacto que le garantizaba al reino de Arabia protección militar estadounidense a cambio de acceso privilegiado al petróleo.  Bastaría con que Arabia Saudita pretenda cambiar su política petrolera para que EEUU la califique de tirana, corrupta, violadora de derechos humanos, anti demócrata, amenaza para la seguridad nacional, para la región, etc., y sus tropas reciban la orden de llevar “libertad y democracia” a ese lugar, derrocando y asesinando a sus jeques. Y la lista de gobiernos protegidos por la gran potencia es larga, claro, siempre y cuando sean ejecutores de sus planes.

El caso de Israel es un ejemplo descollante de la protección que ofrece la potencia norteamericana a gobiernos súbditos.  Día a día son reseñadas por la prensa las violaciones a los Derechos Humanos que este país comete sobre otros, especialmente en Palestina. Alianzas geoestratégicas, políticas, económicas y militares, conforman el bloque de intereses que ligan a los dos países y que hace a Israel inmune a los calificativos de terrorista y criminal que lanza EEUU sin contemplación a aquellos que osen desligarse de sus requerimientos. Iguales tácticas se aplican para cualquier agente de los EEUU, que, por algún motivo, traicione o no cumpla las demandas exigidas por la máxima potencia y “policía” mundial.  ¿Será este el motivo por el que EEUU protege a Uribe a pesar de su contundente y abultado dossier criminal? ¿Qué mensaje le enviaba el país del norte a Uribe cuando desclasificó una información tan comprometedora, siendo este presidente? ¿Por qué Uribe, luego de ser haber defendido la no extradición de nacionales en los años 80, en el apogeo del cartel de Medellín, hoy es uno de los presidentes con más extradiciones a EEUU firmadas? ¿Por qué actúa como un acucioso agente desestabilizador de gobiernos ajenos a los intereses estadounidenses? ¿Por qué cumple a rajatabla y sin revirar con las órdenes de ese país en todos los campos especialmente en los político-económicos?

En el libro “Frechette se confiesa” de autoría del periodista de investigación y ganador del Pulitzer en 1999 Gerardo Reyes, una larga entrevista con el ex embajador Myles Frechette (QEPD); en entrevistas y en otros espacios, el ex embajador de EEUU demostró que ese país estaba al tanto de las actividades de Uribe, y que, por ser su fiel servicial, ese país ha desdeñado las graves acusaciones que pesan sobre su espalada. Expresiones referentes al tema de las convivir, cuando Uribe fungía como gobernador de Antioquia tales como “No niego que me comí el cuento.  Y con el pasar del tiempo me di cuenta que era un señor extremadamente hábil pero muy creyente en los paramilitares”, y expresando frente al tema del desarme de estos que “no lo convenció”, añade: “A otro perro con ese hueso. Pero Uribe tenía apoyo en el congreso y en EEUU”.

Cuando le preguntan si cree que Uribe tuvo que ver con el auge del paramilitarismo en Colombia responde firme: “Por supuesto. Las Convivir fueron la raíz de lo que después se convirtió en un enorme problema. Cuando Uribe como presidente se dio cuenta de que ya los gringos estaban oliéndose todo, entonces decidió hacer el desarme de los paramilitares. Un desarme completamente chimbo, como usted sabe. Había unidades completas que nunca habían sido Convivir ni nada de esas cosas. Y Washington se quedó dormido”.

Luego, frente a la pregunta si Washington fue alcahueta de Uribe en el tema de los paramilitares, responde sin vacilar con un contundente y escueto ¡Sí!. Afirma también que Uribe era una persona muy diferente a lo que él pensaba. “No es democrático, no tiene mucho respeto ni por lo judicial ni por el Congreso, una persona autoritaria y muy populista, en muchos sentidos es muy parecido a Chávez”. Frechette cuenta que mucha gente le alertaba sobre Uribe: “No le tenga mucha confianza a Uribe, es un tipo ligado con los narcos, que apoya a los paramilitares. Me hablaban pestes de él en esa época, fui a verlo y quedé muy impresionado, pero no me dio ninguna satisfacción en los temas que nos preocupaban”.

Pasado el deceso de Frechette a mediados de 2017, la revista Semana -basada en el libro de Gerardo Reyes- en su publicación titulada “El Virrey ha muerto”, consigna en uno de sus párrafos: “Reyes también indagó a Frechette en el libro sobre sus opiniones respecto a Álvaro Uribe. Lo primero que dijo fue que la desmovilización de los paramilitares durante ese gobierno fue una farsa total. También cuestionó algunas decisiones que César Villegas, el número dos de la Aeronáutica Civil, tomó a favor de algunos narcotraficantes cuando Uribe era el director a comienzos de los ochenta. Agregó finalmente que “el gobierno norteamericano estaba tan satisfecho con la gestión de Uribe que decidió no pararle bolas a los rumores que circulaban en su contra”. También le dijo: “Hay secretos de Estado que no contaré”.

Reyes sondea a Frechette sobre su concepto respecto al entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez. Frechette recuerda que alguna vez indagó al gobernador sobre el por qué había nombrado al narcotraficante César Villegas en un cargo directivo dentro de la aeronáutica, y asegura que Uribe se escudó diciendo: “Villegas era un experto en aviación, pero no sabía que era un torcido”. El ex embajador además explicó que “Estados Unidos decidió apoyar a Uribe porque este siempre mostró ser un hombre de los gringos”, es decir, un incondicional, siempre dispuesto a respaldar las políticas estadounidenses”.

La ceñida alianza entre Uribe y el gobierno estadounidense es de carácter personal, tanto así que el entonces mandatario George Bush invitó a Uribe a su rancho de Crawford, Texas; un lugar reservado para personajes muy cercanos o de relevante importancia estratégica para los Estados Unidos como Tony Blair o Ariel Sharon. Este episodio, según palabras del entonces ministro de relaciones exteriores de Uribe, Luis Fernando Moreno, “es una muestra más de la importancia que Estados Unidos le da a Colombia y ratifica la condición de ser su primer aliado de la región”. Bush también premió a Uribe con la Medalla Presidencial de la Libertad, la más alta distinción de Estados Unidos a un civil, paradójicamente por “su lucha contra los grupos armados, el narcotráfico y su compromiso con la libertad, la democracia y las reglas de derecho”. “Está dedicado a la prosperidad del pueblo colombiano y sus políticas han restablecido las fundaciones de una paz y de la democracia en Colombia”, dijo la Casa Blanca momentos antes de que Bush impusiera la Medalla al Mandatario colombiano. Con la misma distinción y el mismo día fueron condecorados el ex primer ministro británico Tony Blair y el de Australia, John Howard, otros gobernantes claves para EEUU.

La elaboración de la lista de la DIA y su posterior desclasificación, las declaraciones de Frechette y la certeza de que EEUU lo sabe todo de todos -más aún en un país históricamente aliado como Colombia- son hechos más que dicientes respecto a la vista gorda que la gran potencia ha lanzado sobre uno de sus más diligentes serviciales: Álvaro Uribe Vélez.

Pero aún hay más. El 25 de mayo de 2018 el diario The New York Times publica una nueva desclasificación que la NSA (Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos) de unos cables comprendidos entre 1992 y 1995 donde Uribe es asociado con el narcotráfico: en esos documentos se asegura que, en 1993, el senador Luis Guillermo Vélez Trujillo (fallecido) declaró que los Ochoa Vásquez habrían financiado la campaña política de Uribe, y agregó que Uribe era primo de ellos (hecho ratificado por el mismo Patriarca Fabio Ochoa en su libro) y que ese vínculo explicaría la existencia de reuniones secretas entre Uribe Vélez y la esposa de Escobar en diciembre de 1992, en acercamientos para lograr una entrega del capo que nunca prosperó.  Uribe aclaró que esa reunión era con la mamá del capo y no con su esposa.

Uno de los cables señala: “Como mucho otros políticos colombianos, Uribe Vélez es sospechoso de involucrarse con la industria del narcotráfico en Colombia”. Otro cable recoge el testimonio de Alejandro González, un senador liberal, el mismo partido de Uribe por esas épocas, donde les dice a los diplomáticos que “Uribe temía por su vida porque no pudo cumplirle a sus contactos del Cartel de Medellín” (la promesa de negociar un acuerdo con el gobierno para lograr la rendición de Escobar). Y Otro cable reza: “un reporte de la embajada de 1992 describe el fracaso de Álvaro Uribe para nominar, en una asamblea del partido, a una persona asociada con un familiar narcotraficante como candidato por el Partido Liberal a la Alcaldía de Medellín en las siguientes elecciones. Cuando ese esfuerzo falló, de acuerdo con el reporte, Uribe propuso la candidatura de un tío de Pablo Escobar, quien fue asesinado”.

“Seguimos sospechando de las conexiones de Uribe con el narcotráfico”, dice un cable de 1992 en el que los diplomáticos estadounidenses discutían las operaciones antidrogas realizadas con el apoyo de Uribe.  En un cable de julio de 1993 dice: “El senador Uribe ha demostrado ser un enigma para la embajada: tiene lazos familiares con los narcos (es primo de los Ochoa) además de los rumores de contactos creíbles que lo vinculan, pero sus declaraciones contra los traficantes y las protestas vehementes en la embajada”, escribieron los diplomáticos, “dicen lo contrario”.  Bueno, con respecto a este último párrafo, cabe anotar que Uribe siempre ha manejado dos discursos, uno público, donde posa como demócrata, impoluto, honorable, sin mancha, lleno de amor por Colombia, patriota, legal, correcto, etc., y el otro, donde es acusado por graves crímenes no solo por personas sino por los miles de indicios y pruebas (desdeñadas por la justicia) sobre su actuar criminal.  Un anfibio que transita habilidoso el terreno abierto de sus declaraciones públicas, y con igual o mayor habilidad, como pez en las oscuras y vituperables aguas del delito.

Las palabras que en 2007 dirigió un alto funcionario norteamericano al periodista sueco Dick Emanuelsson, dentro de la investigación sobre el presunto asesinato de Pedro Juan Moreno Villa, un potencial testigo contra Uribe, cargan una contundencia letal sobre la singular protección estadounidense de que goza: “Mientras George Bush sea presidente de los Estados Unidos, “Don Berna” y “Macaco” se quedarán en Colombia.  Por razones geopolíticas, como combatir a las FARC, frenar a Chávez e impedir los cambios en Ecuador, Bolivia, Argentina y bloquear el Banco del Sur, Uribe es útil en el poder y no quieren incomodarlo. Pero cuando cambie el gobierno por los demócratas, su extradición será en cuestión de horas, y ese día el mundo sabrá quién es Uribe, porque estos delincuentes cantarán como ruiseñores”.  Y sus palabras se cumplieron, los exjefes narco-paramilitares extraditados se han convertido en cantatas que elevan graves notas delictivas sobre la vida de Uribe, pero que llegan imperceptibles al oído de la justicia colombiana.  Luego dice: “Es obvio que sí. Uribe se quedará en el poder por otro período. Lo hará por su seguridad y la de sus amigos. Pero el gobierno de los Estados Unidos sabe todo y más de lo que ustedes saben sobre el presidente Uribe; como sabía de Noriega, de Sadam Hussein y de Pinochet. Cuando no le sea útil al gobierno de los Estados Unidos, lo atacarán sin compasión. Uribe no es bien visto por los demócratas. Al Gore lo demostró muy claramente”.

¿Al país que posee quizá la inteligencia más avanzada del mundo en temas de espionaje y seguridad nacional, se le pasó por alto que un altísimo funcionario del país con quien posee las mayores alianzas en todos los aspectos y en todo el hemisferio, esté envuelto de manera tan profunda en el narcotráfico y otros delitos transnacionales? Sería muy cándido imaginarlo.

“Las naciones no tienen amigos ni enemigos permanentes, solo intereses permanentes”, sentenció Lord Palmerston.

 

Nota: Este fue un capítulo del libro “Cien razones reales para rechazar el uribismo” de C. Arteaga, próximamemnte en Amazon.

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