Foto: EFE


 El Shabbat 



Por: Alexander Quiñones∼Moncaleano


, , y responsabilidad estatal es un capítulo que todavía no se escribe, aunque en el país hay investigadores independientes y organismos del Estado haciendo una tarea importante al respecto, hoy no hay una una hoja de ruta que nos pueda mostrar el camino que debemos seguir para aclarar este infame y doloroso episodio de violencia, derramamiento de sangre y barbarie que ha sufrido el pueblo colombiano.

La fosa común hallada en Dabeiba, Antioquia revivió el doloroso episodio que ha estado latente en la memoria de miles de colombianos que han padecido el asesinato o la desaparición de un familiar. Nos movemos en un territorio que mas o menos es una fosa común donde están enterrados cientos de cuerpos de colombianos asesinados por algún actor armado del país: guerrilla, paramilitares o en el peor de los casos por las Fuerzas Armadas de Colombia.

Esto último causa especial conmoción y terror, porque se supone que el Estado y sus Fuerzas Armadas están para proteger al ciudadano y tienen tras de sí una estela de horror, sangre e infamia que sobre pasa a los actores armados que están por fuera de la ley.

Lo que hoy se sabe de los falsos positivos es la punta del iceberg. Falta mucho luz sobre ese escabroso y doloroso y funesto capitulo de la historia del conflicto armado colombiano.

Como nos lo hizo saber The New York Times: «El comandante del ejército de Colombia, frustrado por los vacilantes esfuerzos de la nación para preservar la paz, les ha ordenado a sus tropas que dupliquen la cantidad de criminales y rebeldes que matan, capturan u obligan a rendirse en batalla; y posiblemente acepte un aumento de las bajas civiles en el proceso, según consta en órdenes escritas y entrevistas con altos oficiales.» Esto nos advertía el diario más leído del planeta el 18 de mayo de 2019. Esto lo que quería decir era que iba a aplicar como política de Estado el asesinato de civiles para mostrar resultados sin miramientos éticos o metodológicos.

The New York Times lo dijo claro, cosa que no hizo la Revista Semana que al parecer también tenía la misma información y que decidió engavetar dejando un gran manto de duda en su quehacer periodístico. El diario americano dejo es consignado: «Una orden que causa especial preocupación instruye a los soldados que no “exijan perfección” al momento de ejecutar ataques letales, incluso si tienen preguntas significativas sobre los objetivos que están atacando. Algunos militares dicen que esa orden implica que reduzcan sus normas para proteger a civiles inocentes de ser asesinados, y que ya ha ocasionado muertes sospechosas o innecesarias.»

La sociedad civil salió a condenar estas directrices dadas por el comandante de las tropas del ejército colombiano. Sabían que esto era la vuelta de los falsos positivos. Aunque para muchos los falsos positivos nunca se han ido del territorio nacional.

Hoy nuevamente estamos escandalizados y preocupados por lo que está develando las investigaciones de la JEP sobre las fosas comunes que empezaron con Dabeiba pero que ya se sabe que están diseminadas por todo el país.

Hoy sabemos que  los falsos positivos fueron una escabrosa política llevada a cabo por miembros del Ejército desde la década del 90 y que consistía en “reclutar” civiles con promesas de falsos trabajos para conducirlos a lugares distintos a los de su residencia, donde posteriormente fueron asesinados. Las cifras infladas, conocidas como “falsos positivos”, se utilizaron para justificar la ayuda militar estadounidense. Los agentes que llevaron a cabo las ejecuciones fueron premiados con ascensos y vacaciones.

Una vez ejecutado el crimen, los militares presentaban a los asesinados como guerrilleros muertos en combate con el objetivo de obtener de sus superiores beneficios como ascensos, condecoraciones o permisos. No obstante no podemos perder de vista que fue una política de estado.

Las Cifras

Según la Fiscalía, los “falsos positivos” dejaron 2.248 víctimas entre 1988 y 2014, aunque organizaciones civiles denuncian que los muertos por esa política pueden llegar a 5.000.

Un estudio del que es coautor un antiguo coronel de policía sostiene que la práctica estaba mucho más extendida de lo que se había informado con anterioridad. De acuerdo con los autores Omar Rojas Bolaños y Fabian Leonardo Benavides, aproximadamente 10.000 civiles fueron ejecutados por el Ejército entre 2002 y 2010, más del triple que la cifra calculada por los grupos de derechos humanos.

En el informe ‘Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010 – obediencia ciega en campos de batalla ficticios’, los autores describen cómo el Ejército de Colombia mató sistemáticamente a civiles para mejorar sus estadísticas de muertos en la guerra contra los rebeldes.

En cuanto a procesados, van 5.626, de los cuales 3.826 eran soldados, 992 suboficiales, 514 oficiales y 133 civiles, entre otros.

Actualmente hay 1.236 uniformados que tienen el beneficio de la libertad transitoria por ya haber sido condenados por la justicia ordinaria por estos crímenes y casi 5.000 expedientes están abiertos sobre ejecuciones extrajudiciales en los que se menciona a 18 altos oficiales del Ejército.

Los Hechos

En 2008 se descubrió el “modus operandi” de los militares implicados, que consistía en atraer a jóvenes pobres, algunos discapacitados, con falsas promesas de trabajo para luego llevarlos a otras regiones del país en donde eran asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate para de esta forma obtener permisos, premios y otros beneficios de sus superiores.

El escándalo le costó el cargo a cuatro generales ese mismo año, pero hasta ahora no hay ningún militar de ese rango condenado por estos asesinatos.

 

La Jurisdicción Especial para la Paz o JEP tiene en su Auto Nº 005 de 2018 la reglamentación para investigar y castigar a los responsables de los crimenes de guerra cometidos por el ejercito colombiano y a los cuales ya empezó a investigar o por ende ha llegado a las fosas comunes donde fueron enterrados las victimas. Dabeiba es tan solo el inicio.

Se inicia etapa de reconocimiento de la verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas con base en el informe No. 5 de la Fiscalía General de la Nación denominado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.

Bogotá, julio 23 de 2018. Por medio del Auto 005 del 17 de julio de 2018, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR), de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), decidió avocar conocimiento del Caso No. 003, a partir del Informe No. 5 presentado por la Fiscalía General de la Nación, denominado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.

¿Qué son las ejecuciones extrajudiciales?

Las ejecuciones extrajudiciales son “todos los actos y omisiones representativos de Estado que constituyan una violación al reconocimiento general del derecho a la vida encarnado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos” y otros tratados internacionales. Son ilegales por definición, de modo que no incluyen las sentencias a muerte dictadas por juicios justos. Esto se desprende del mandato del relator especial de la ONU para este tema, establecido por primera vez en 1982.

Es decir que el asesinato de civiles para hacer pasar a las víctimas como bajas en combate es apenas una forma muy específica de ejecución extrajudicial. El término también cubre, por ejemplo, los homicidios selectivos de líderes sociales y políticos o las muertes provocadas por exceso de fuerza en protestas. De hecho, el Estado no siempre es el perpetrador. Un informe del relator especial de la ONU para este asunto, Brace Waly Ndiaye, en 1995, por ejemplo, les adjudicó a las guerrillas y sus milicias urbanas la autoría del 30 por ciento de esas ejecuciones.

Este tipo de ejecuciones en Colombia empezaron a preocupar a la comunidad internacional desde la década de 1990. En 1992, Ndiaye dijo que un “gran número de muertes fueron causadas por el empleo excesivo y arbitrario de la fuerza por agentes estatales”. Entre los casos a los que se refería había masacres de poblaciones y asesinatos de líderes políticos o sociales que el Ejército consideraba colaboradores de la guerrilla.

En 1993, el mismo relator le pidió explicaciones al gobierno de César Gaviria por varias decenas de casos. Al año siguiente visitó el país y en el informe al respecto, que presentó en 1995, denunció que en Arauca se estaba presentando la estrategia de encubrimiento que mucho más tarde pasaría a ser conocida como los ‘falsos positivos’. Estos casos “llamaron la atención” de la alta comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Louis Arbour, en 2005 y para 2006 ya eran considerados una modalidad mayoritaria.

¿De dónde salió el término ‘falsos positivos’?

El término ‘falsos positivos’ surgió apenas en 2006. Era utilizado para referirse a los montajes de atentados por parte de agentes del Estado para culpar de su planeación a grupos armados ilegales y cobrar los réditos de su desactivación, sobre todo en los días previos a la segunda posesión presidencial de Álvaro Uribe. El fiscal general de ese entonces, Mario Iguarán, también utilizaba la expresión en se sentido.

En medio del debate por ese escándalo, el senador Gustavo Petro, en ese entonces integrante del Polo Democrático, denunció que los puntajes de evaluación de resultados por ‘positivos’ en el Ejército se estaban traduciendo en muertes de inocentes y no solo en montajes de atentados. “Falsos positivos del ejército dejan varios muertos”, fue el titular de Caracol Radio. Es la relación más antigua que Colombiacheck encontró entre esos asesinatos y la expresión tan conocida hoy en día.

Este significado definitivo solo tomó fuerza dos años más tarde. El caso de Soacha fue el que partió la historia. “¿Falsos positivos mortales?”, se preguntaba la revista Semana en septiembre de 2008. También a partir de entonces empezó la confusión de los términos.

El reportaje contaba “750 investigaciones por ejecuciones extrajudiciales”. Desde el año anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había reportado 726 y Acnudh había dicho que “en la mayoría de estos casos, repitiendo el patrón de años anteriores, las víctimas de los homicidios fueron presentadas como integrantes de grupos guerrilleros o de otros grupos armados ilegales abatidos en combate”.

Hoy toda Colombia parece una fosa común, ya hay conocimiento que hay 16 zonas donde también existirían estos ‘cementerios del horror’ como fueron bautizados por la prensa. En Antioquia: en Dabeiba, en la zona de Hidroituangoen la Comuna 13en el municipio de Betulia y en Puerto Berrío.

En el departamento de Caldas: en las veredas Pradera (del municipio de Victoria), Simitarra (Norcasia), la Cristalina (Samaná) y en el resguardo indígena de San Lorenzo (Riosucio).

Otras cuatro zonas, dice Caracol, están en el Magdalena Medio: vereda Muzandaen Lebrija (Santander), en el cementerio de Aguachica (César), en Hoyo Malo, en San Vicente de Chucurí (Santander), y en el cementerio de Cimitarra.

Finalmente, la emisora ubica más fosas en San Onofre, Sucre, específicamente en el cementerio del corregimiento de Rincón del Maren el cementerio central y en las fincas el Palmar y la Alemana.

Debido a esta revelación, la vocera de Movice, Adriana Arboleda, aseguró en la emisora que entre 2002 y 2009 se presentaron más de 6.000 casos de ejecuciones extrajudiciales (‘falsos positivos’).

Ante el temor de que estos sitios puedan ser alterados, pues ya hay denuncias de intentos por desaparecer las evidencias, la secretaria técnica del Movice, Diana Salamanca, dijo a la agencia Efe que se volvió a pedir medidas cautelares para que el Estado garantice la protección de estas zonas.

“Ante la falta de (resultados) de las entidades competentes para casos de desaparición forzada, entre ellas la Fiscalía, Medicina Legal y el Ministerio del Interior, lo que se necesita es investigar y verificar si esas personas corresponden a víctimas de desaparición forzada”, agregó Salamanca.

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