Villalba “el destripador”: testigo contra Uribe asesinado

Por: Epicuro de Samos

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Y las misivas con extrañas retractaciones siguen siendo una constante en muchas investigaciones contra el expresidente Uribe: “Quiero pedirle perdón a usted, por haber mancillado su nombre y ponerlo en la palestra pública”, reza el escrito rubricado por Francisco Enrique Villalba Hernández, alias Cristian Barreto, un exparamilitar condenando a treinta y tres años de prisión por ser uno de los autores materiales de la masacre de El Aro ocurrida entre el 22 y el 30 de octubre de 1997, en la que diecinueve personas fueron brutalmente torturadas y asesinadas; las mujeres violadas, el ochenta por ciento de las casas incendiadas, mil doscientas reses robadas y más de setecientos de sus habitantes obligados a abandonar el pueblo, quedando literalmente borrado del mapa.  Su ubicación, circundada por las colinas de la cordillera occidental, le dieron su nombre.  Parte de la confesión de Villalba fue utilizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para condenar a Colombia por ese hecho, en un extenso fallo de ese tribunal.  Tenía otras condenas por la masacre de Pichilín-Sucre, su departamento natal, donde murieron once personas y por la masacre de La balsita, un corregimiento del municipio de Dabeiba-Antioquia, con dieciocho personas muertas, entre ellas, niños.

La carta fue exhibida con jactancia por el gobierno del presidente Uribe a la prensa en el año 2008.  Poco tiempo después, Villalba negó tajantemente su autoría, y junto a las investigaciones y pruebas grafológicas, se pudo comprobar que quien la había escrito era Jesús Amado Sarria, Chucho o El brujo de Antero, el viudo de la desaparecida Elizabeth Montoya, conocida como La monita retrechera, la mujer emblema del proceso ocho mil.  Sarria había sido condenado por narcotráfico, enriquecimiento ilícito y años más tarde, por homicidio.  El entonces secretario jurídico de la presidencia, Edmundo del Castillo, declaró que Sarria le había informado sobre un complot contra el presidente a través de una amiga en común en la cárcel.  Tiempo después se supo que esa amiga en común era Victoria Millán, representante de una fundación que visitaba a los presos para dictarles clases de oficios artesanales y de la cual hacía parte también el capitán Armado Torres, asesor de seguridad del INPEC de la época, entre otros influyentes funcionarios.  Millán tenía acceso privilegiado a la cárcel la modelo; era adscrita a algún credo religioso de esos que pululan hoy en día y del cual hacían parte Del Castillo y Sarria.  Villalba era uno de sus alumnos y ella reconoció que entraba en repetidas ocasiones al Palacio de Nariño, a visitar a su hermano de creencias.  Al principio, Del Castillo negó que haya tocado algún tema carcelario, aunque luego dijo que ella le había comentado que Sarria le puso al tanto del supuesto complot para enlodar a Uribe.  Los dos negaron que ella haya sido quien llevó la carta al palacio.  La carta estaba sin sellos, es decir, alguien la tuvo que haber llevado y entregado en las manos de algún alto funcionario o del presidente mismo.  Nadie en el palacio dio razón.  ¿El gobierno sabía que el sobre provenía de Chucho Sarria? ¿Por qué la carta salta los protocolos de radicación? ¿Por qué es tan misterioso un episodio que debía ser normal, como es la correspondencia a Palacio?  La misiva fue enviada por el gobierno a la CIDH, como supuesta prueba en el caso de unas masacres, donde presuntamente Uribe fue su perpetrador intelectual.  Muy grave si se la intención, aparte de engañar a la opinión pública colombiana, era también engañar al alto tribunal internacional.  Villalba explicó que esa carta la firmó en blanco bajo la promesa de Sarria de hacerle cambiar a un mejor patio debido a su influencia como asesor espiritual de los presos en La modelo, ejerciendo como pastor cristiano.

El exparamilitar había iniciado su periplo criminal siendo un niño, jalonado por el magnetismo del dinero fácil de Pablo Escobar y bajo el mando de La quica y otros sicarios del primer anillo del capo; a sus dieciséis años La quica lo envía a trabajar con uno de los socios del cartel de Medellín, Fidel Castaño, alias Rambo, fundador, junto a sus hermanos, de las AUC.  Luego forma parte de las filas de Mancuso, allí aprende a torturar y matar “a lo paraco”, es decir, despedazando personas vivas con machete, cuchillo o sierras eléctricas.  Su macabra destreza para esa atrocidad lo llevo a ser conocido como el profesor de los descuartizadores de las AUC.  Sus relatos en las declaraciones ante los estrados de justicia y paz salen patentes, sin titubeos y en medio de glosas crudas y espeluznantes: “A las personas se les abría desde el pecho hasta la barriga para sacar lo que es tripa, el despojo.  Se les quitaban piernas, brazos y cabeza.  Se hacía con machete o con cuchillo.  El resto, el despojo, con la mano.  Nosotros, que estábamos en instrucción, sacábamos los intestinos”.  “Las indicaciones eran quitarles el brazo, la cabeza, descuartizarlos vivos.  Ellos salían llorando y le pedían a uno que no le fuera a hacer nada, que tenían familia”.  Según narra el desnaturalizado exparamilitar, estas bestialidades eran parte de un “entrenamiento para probar finura”: argot del bajo mundo que denota la capacidad para cometer un crimen o una aberración, y también para aprender a desaparecer incontables cantidades de cuerpos.  Villalba dice que presenció tres veces las instrucciones de descuartizamiento, para las que se tomaban campesinos en zonas de influencia guerrillera o a veces de cualquier parte, al azar, y se los encaramaba en grandes carros encarpados para ser trasladados a unas fincas con cuartos oscuros, sin recibir alimentos por días.  Luego eran sacados y obligados a tenderse en el suelo para servir de conejillos de indias a los desalmados aprendices.  Las motosierras se convirtieron en símbolos del horror paramilitar, en las versiones más perversas de las “uñas de gato” medievales; su sonido aún rechina en la memoria de quienes presenciaron las masacres, torturando sus almas.  Esos testigos casi siempre eran los propios familiares de las víctimas.  En los memes —las piezas visuales con contenido satírico y a veces negro— se representa a Uribe con una motosierra.  La explicación vendría a sobrar.  El terror era elemento indispensable en las actuaciones criminales del paramilitarismo, una antigua y condenada (por el derecho internacional) práctica de guerra que tiene como fin triturar la psicología del enemigo.  Con él se pretendía escarmentar y ahuyentar todo lo que oliera a guerrilla o a ideas anti-derechistas y lanzar un aviso categórico sobre la sociedad: si comulgan con la izquierda, les pasará lo mismo (aunque las víctimas no tenían relación con las guerrillas, como lo establecieron las diferentes investigaciones y sentencias).

Villalba llegó a comandar una veintena de hombres como jefe del bloque Toledo; es en ese periodo donde sucede la masacre.  Los atormentantes gritos de los descuartizados, vivos en su memoria y dueños de sus pesadillas, espoleaban su conciencia y se convirtieron en los conducentes de su entrega voluntaria a las autoridades, tres meses después de la matanza.

El exparamilitar iba pagando casi nueve años de su condena, la cual estaba en suspenso debido a su vinculación a la ley de Justicia y Paz, con la que empezó a colaborar revelando la ubicación de varias fosas comunes en insospechados lugares y que contenían osamentas de las víctimas de las AUC, y aclarando lo sucedido con masacres como la de El Aro y otras.  El 12 de noviembre de 2008, Villalba asiste a la comisión de acusación de la cámara de representantes para ampliar y ratificar, bajo gravedad de juramento, sus señalamientos contra los hermanos Santiago y Álvaro Uribe; señalamientos que había entregado a la fiscalía en febrero del mismo año y que versan, entre otros temas, sobre una supuesta reunión en una finca en la Caucana, en el municipio de Tarazá-Antioquia, para planear la masacre del Aro: …“en la reunión en que se planeó la acción sobre El Aro estuvieron presentes Álvaro Uribe y Santiago Uribe, el señor Mancuso, Cobra, Noventa, Carlos Castaño, mi persona, Junior y los veintidós hombres que yo tenía bajo mi mando.  A la reunión también habrían asistido altos mandos de la IV Brigada del Ejército, así como de la Policía.

Sostiene que luego del asesinato masivo se celebró otra reunión donde se hallaban varios jefes paramilitares junto a Santiago Uribe y su hermano, quien siendo gobernador de Antioquia “nos felicitó y todo a nosotros”.  Añade que esa operación se realizó para liberar a varios secuestrados, entre ellos a Mario Uribe Escobar, primo de Álvaro Uribe :… “Si él no hubiera estado secuestrado, esa masacre no se hace”.  “Supe que era Álvaro Uribe porque él se presentó, habló con nosotros y dijo que la operación había sido un éxito, que los secuestrados habían salido sanos y salvos.  Ahí llegó con un escolta, de apellido Serna’’

Describe cómo el helicóptero de la gobernación sobrevoló la zona durante la masacre, un hecho en los que coinciden algunos exparamilitares, vecinos del corregimiento y algunos sobrevivientes como la esposa del tendero del pueblo, a quien le obligaron a preparar un sancocho para los despiadados asesinos, y después de eso le cortaron la lengua, le abrieron la piel, le arrancaron el corazón, los ojos y los testículos y le colgaron en un palo a la vista de todos, cual mástil de una embarcación de la muerte.

Afirma que el hermano de Álvaro, Santiago Uribe, le ofreció hombres para esa operación, pero le contestó que sus veintidós hombres estaban bien preparados para este tipo de actos. Pero que se los había aceptado para otra masacre, la de la Balsita. En el caso de esa masacre también declaró contra el teniente del ejército Juan Manuel Grajales García, condenado por homicidio agravado y secuestro a veintitrés años de prisión.  También dice que Santiago es “el dueño” del grupo paramilitar Los doce Apóstoles.  En cuanto a la inusitada carta de retractación, indica que es falsa: “Yo nunca me voy a retractar, yo lo que dije me quedo ahí, si me van a matar que me maten”, y sobre otra carta dirigida al presidente Uribe, en la que el paramilitar alias Junior dice que Villalba no fue autor intelectual ni material de la masacre, responde que en la cárcel les propusieron a varios desmentir sus acusaciones, y que el único que aceptó fue Junior: “Hay una contradicción del señor Junior.  Él dice que yo no participé en la masacre de El Aro.  Si yo no participé entonces por qué estoy detenido, primero que todo porque me hicieron reconocimiento los familiares de las víctimas…”, explica.  Asegura que a otro testigo contra Uribe en este mismo caso lo sacaron de la cárcel y lo desaparecieron: … “(José Ardila) estaba declarando en contra de Álvaro Uribe, a él lo sacaron de la cárcel, estaba condenado a sesenta años y lo desaparecieron, no sé dónde estará’’.  Ardila pertenecía, según Villalba, a las Convivir. Así mismo, dice que los investigadores del CTI, quienes grabaron sus declaraciones en cintas magnetofónicas y en las que quedaron registrados las presuntas culpabilidades de Santiago y Álvaro Uribe en este caso, fueron asesinados en septiembre de 1999.

Con respecto al “helicóptero amarillo de la gobernación”, Villalba manifestó que estuvo sobrevolando la región después del ataque: “Me comuniqué con Carlos Castaño y él me dijo que andaban dos señores de la Cruz Roja y el Gobernador”,  replicando el interrogador que no hay registro del vuelo del helicóptero de la gobernación en la zona durante los días de la acción paramilitar, a lo que responde: “el monopolio del país, el monopolio que quieren ocultar cosas y dejarlo a uno como un mentiroso como que está echando mentiras, yo siempre he pedido una veeduría internacional…”.  Luego afirma —como todo testigo contra los Uribe— que ha sido objeto de varios atentados y agrega: … así me maten que lo logren hacer van a callar (sic) pero las pruebas saldrán después… Son muchas pruebas que hay ocultas que muy pronto van a salir”.

Pasado un tiempo, en una entrevista para Noticias UNO, aseguró tener un video y unas fotos de Uribe condecorándolo por esa masacre: “él me dio la decoración (sic), y se lo digo de frente, él me las dio las decoraciones (sic), me dio la felicitación y simplemente yo digo (sic), le digo al país: esperen el video, las fotos, y yo presento eso”.  Pero las supuestas pruebas nunca salieron a luz porque otra vez, como protagonista indefectible de los episodios donde se acusa a Uribe, aparecía la muerte para arrebatárselas: el 23 de abril de 2009, cinco meses después de su ratificación en la comisión de acusaciones de la Cámara y dos semanas luego de su excarcelación, dos sicarios descargaron sus armas sobre el “maestro” destripador de los paramilitares delante de su mujer e hijos en el barrio la estrella en Medellín. A Villalba ya lo había intentado matar dos veces después de haber declarado contra Uribe: la primera cuando una puñalada pasó a milímetros de su corazón, la segunda cuando en una Pony Malta (una bebida gaseosa) le mezclaron cianuro y ero lograron salvarlo.

La defensa de Uribe había esgrimido sin sonrojo que las inculpaciones de alias Cristian Barreto eran un complot y que en este caso, sus enemigos de siempre, intentaban sobornar al testigo para que destruyese la inmaculada honorabilidad y bonhomia del mandatario y prócer eterno Álvaro Uribe Vélez:  apareció en el escritorio presidencial —profanando cualquier protocolo de radicación, envió o entrega de la cárcel o del palacio de Nariño— una carta de Libardo Duarte, alias Bam-bam, un exparamilitar que purgaba condena junto a Villalba en la Modelo.  En ella, Bam-bam le informaba al presidente que Villalba le estaba ofreciendo doscientos cincuenta millones de pesos para salpicarlo con la masacre del Aro.  El supuesto fin de su generoso ofrecimiento era corroborar la versión de Villalba para hundirlo.  Días atrás, el 24 de abril de 2008, exactamente un año antes del asesinato del testigo, salía en el DAS un memorando reservado que decía que Gustavo Petro, Piedad Córdoba y Daniel Coronell estaban recolectando quinientos millones de pesos para dárselos a Francisco Villalba a cambio de enlodar al entonces presidente.

Se llegó a comprobar mediante análisis grafológico que la carta, al igual que la falsa retractación de Villalba también había sido escrita por la mano de Chucho Sarria.  El plan se les cayó y se iniciaron investigaciones concluyendo que el memorando era un documento secreto que se redactó en el DAS para justificar seguimientos ilegales contra los opositores políticos Córdoba, Petro y el periodista Coronell para filtrarlo a los medios de comunicación con el fin de desacreditarlos.  Estos fueron exonerados.

Según la versión del exdirector de Inteligencia del DAS Fernando Tabares, por esa misma época el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, les señalaba a él y a la directora María del Pilar Hurtado que esas tres personas y la Corte Suprema de Justicia eran los blancos de mayor interés para el presidente de la República.  Estas actividades ilegales eran solo una de las muchas aristas que compondrán el escándalo de los seguimientos, interceptaciones ilegales, terrorismo de estado, persecución y feroces campañas de desprestigio contra quienes criticaban o se oponían al proyecto político de Uribe, conocido como las “chuza-DAS”, el cual arrojó decenas de condenados aunque, como siempre, el rastro de las investigaciones se detuvo cuando se topó con la suela del zapato de Uribe, a pesar de que el DAS era una entidad adscrita al ejecutivo, siendo el presidente su jefe directo.

La defensa de Uribe frente al caso Villalba se centra en socavar la credibilidad de los testigos y sus declaraciones; por ejemplo, dijeron que otros paramilitares como Monoleche aseguraba que Villalba no perteneció a las autodefensas como mando medio; no obstante, las condenas en su contra emanadas por la justicia colombiana muestran lo contrario, igualmente las de organismos internacionales como la de la CIDH.  Si bien los testimonios de Villalba presentan algunas inconsistencias en fechas y nombres, la columna vertebral de ellos se mantiene incólume y los hechos proponen varios interrogantes:

Si además del testimonio de Villalba, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso sostuvo en su versión libre del 16 de noviembre del 2008 que “un helicóptero de la gobernación de Antioquia sobrevoló El Aro durante la masacre”, así como los testimonios de otras personas del área circunvecina al corregimiento, ¿Por qué entonces la defensa dice que no hay constancia de que el helicóptero de la gobernación estuvo en El Aro durante la masacre, que porque no aparece en los registros de la gobernación? ¿Por qué en esa misma declaración afirma que el entonces secretario de Gobierno de la gobernación de Antioquia, Pedro Juan Moreno, se enteró de lo que iba a pasar en El Aro en una de las (al menos) diez reuniones que tuvo con Carlos Castaño y con el mismo Salvatore Mancuso en Tierralta, Córdoba, previa a la masacre, dado que “Moreno había pedido personalmente a Castaño una cita para hablar sobre la creación de las Convivir de Urabá”, de las que fue uno de los máximos defensores en Antioquia?  ¿Por qué no hubo la obligatoria prevención, protección y/o reacción de las autoridades militares y de policía que estaban bajo mando del gobernador Uribe?  ¿Por qué, a pesar de estar condenado, a Villalba se le otorga el privilegio de casa por cárcel inmediatamente después de sus reafirmaciones contra Uribe, y por qué no se le brindó la debida protección siendo un testigo de tal envergadura en un caso de tal envergadura?  ¿Por qué el apoderado de Uribe, el famoso penalista Jaime Lombana, guarda silencio y da media vuelta al ser confrontada la autenticidad de la carta con la supuesta retractación de Villalba?  ¿Por qué, como lo indican los informes de inteligencia, Uribe estuvo indagando a través del DAS sobre Villalba antes de su asesinato?: “Martha, es necesario saber quién es Francisco Villalba, miembro de las Auc quien se encuentra detenido en Itagüí y al parecer tiene algo que compromete al jefe. Será que los amigos de la reunión saben algo de él y lo que tiene. Me avisas con info a la sra directora”.  Ese fue el mensaje de correo electrónico que el exdirector de inteligencia Fernando Tabares envió a Martha Leal, subdirectora de operaciones del DAS y a la directora María del Pilar Hurtado, a las 6:30 de la tarde del 23 de abril del 2008.  Los “amigos” a los que se refiere Tabares son el exparamilitar alias Job, con el que Leal se reunía en la Casa de Nariño y quien también fue asesinado después de revelarse públicamente esas reuniones, en las que se finiquitó un montaje contra la Corte para desprestigiarla por las investigaciones de la parapolítica.

Los hechos se han vuelto repetición, la repetición, costumbre; la costumbre, peligrosa normalización del crimen de Estado y ésta ha tomado visos de legitimidad en una sociedad pasiva que parece impermeable frente a sus graves implicaciones, una de ellas, quizá la más grave, la impunidad con su vástago, la vivencia cíclica.  La coreografía la dirige una vieja e incambiante batuta y configura notables patrones de conducta: repentinas cartas con falsas retractaciones y acusaciones contra sectores de oposición y periodismo críticos, saltándose los protocolos de ley, testigos asesinados, personajes de su entorno más cercano investigados o condenados, manejo del poder de la prensa privada como relacionista público y lavadero de imagen de Uribe, por ejemplo, un gran despliegue mediático cuando los testigos voltean sus declaraciones en favor de Uribe o presentan cartas con dudosas retractaciones; pero muy tímido, apocado, fugaz y superficial cuando estos personajes declaran o se retractan en contra suya; testigos que teniendo largas condenas quedan en libertad condicional, sin protección y luego son ultimados por sicarios; uso de las instituciones estatales con fines personales y delictivos, y la inefable e inexcusable somnolencia judicial, cuando de andar los caminos que apuntan a Uribe como el presunto cerebro de estos andamiajes delictivos, se trata.  Y el mismo molde calzará para la historia de Jesús María Valle Jaramillo, un connotado defensor de Derechos Humanos, oriundo de La Granja, corregimiento de Ituango-Antioquia: “Yo siempre vi, y así lo reflexioné, que había como un acuerdo tácito o como un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la IV Brigada, el comandante de la policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño.  Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado por el apoyo que ese grupo ha tenido con personas vinculadas al gobierno, al estamento castrense, al estamento policivo y a prestantes ganaderos y banqueros del departamento de Antioquia y el país”.  Al siguiente día de esta declaración fue acribillado por sicarios que irrumpieron en su oficina en pleno centro de Medellín.

Nota: Este es un extracto de un capitulo (8°) titulado “Los muertos tambien hablan”, en el que se recopila la casi veintena de testigos asesinados en contra del expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez . El capítulo es uno de 20 que contiene el libro  “Cien razones reales para rechazar el uribismo”, próximamente a la venta en Amazon, de autoría de C. Arteaga.

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