El caso de Yuliana Andrea Samboní, la niña de 7 años secuestrada, torturada, abusada y asesinada en Bogotá que conmovió a Colombia cumple un año de haberse perpetrado
El domingo 4 de diciembre de 2016 a las 9 de la mañana, Yuliana Andrea Samboní, de 7 años, jugaba en la puerta de su humilde casa en el barrio Bosque Calderón, en la localidad de Chapinero, al norte de Bogotá.
Horas después, a las 7:30 de la tarde, la niña fue encontrada muerta, con signos de tortura y violencia sexual.
“Se examinó el cuerpo de la menor de 7 años, obteniendo material probatorio abundante y suficiente que nos permite demostrar que la causa de la muerte fue asfixia mecánica, por sofocación y estrangulamiento. En el cuerpo de la menor hay evidencia que demuestra que fue objeto de abuso sexual”, indicó Carlos Valdés, director de Medicina Legal este lunes por la noche.
El principal sospechoso del crimen que estremeció a Colombia es Rafael Uribe Noguera, un arquitecto de 38 años, perteneciente a una conocida familia de Bogotá vinculada a la construcción. Ya condenado por la justicia colombiana-
Un juez dictaminó en su momento que Uribe Noguera permanecería en prisión durante el desarrollo de la investigación del caso.
Las autoridades colombianas emitieron una orden de captura a Uribe Noguera y al día siguiente fue trasladado al juzgado para el inicio de su audiencia.
Se le imputó cuatro cargos: feminicidio agravado, secuestro simple, acceso carnal violento y tortura.
Según reportes, el acusado se declaró inocente y estuvo representado ante el juez por un abogado de la Defensoría del Pueblo.
Principal sospechoso
Las descripciones de vecinos de Bosque Calderón y cámaras de seguridad permitieron encontrar la camioneta donde Yuliana había sido secuestrada.
“La menor fue llevada a ese vehículo en contra de su voluntad, fue raptada en la vía pública y llevada posteriormente al inmueble donde la encontramos lamentablemente fallecida”, informó Hoover Penilla, comandante de la Policía de Bogotá, en conferencia de prensa este lunes.
Las pistas llevaron a la policía hasta el apartamento propiedad de Uribe Noguera.
Sin embargo, el hombre no estaba allí.
El arquitecto, que carece de antecedentes penales, había sido trasladado a una clínica privada con síntomas consistentes con una sobredosis de drogas.
Según el diario colombiano El Espectador, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, informó que la escena del crimen fue “manipulada” y que “no va a permitir que se obstruya la justicia”.
Debido a ello, la investigación no se limitará a Uribe Noguera, sino que se extenderá a otras personas que presuntamente participaron en los hechos. Los hermanos aún se encuentran siendo investigado y su caso está abierto y la sociedad civil colombiana espera que el peso de la justicia recaiga sobre los hermanos Noguera.
“Asumir las drásticas consecuencias”
La familia del arquitecto emitió este lunes un comunicado en el que expresa su condena al crimen y reprueba el presunto accionar de Rafael Uribe Noguera.
“Somos conscientes de que Rafael deberá asumir las drásticas consecuencias que se desprenden de su inexplicable actuar. Nosotros, como familia, no podemos darle la espalda en estos momentos de angustia, confusión y dolor”, se lee en el documento.
“Las autoridades están actuando frente al caso con el más estricto cumplimiento de las normas para aplicar justicia ante este terrible caso, con toda nuestra colaboración sin ningún tipo de interferencia”, agregó el comunicado.
Y es que la conmoción ha sido tal, que hasta el propio presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió justicia por Yuliana.
“Con profunda indignación condeno crimen contra niña de 7 años en Bogotá. Que todo el peso de la justicia caiga sobre responsable”, tuiteó el presidente, usando la etiqueta #NiUnaMás.
Por su parte, el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, rechazó “el atroz crimen” cometido contra la niña y tuiteó: “Me duele el corazón tanta maldad”.
Desde la Secretaría Distrital de la Mujer de la Alcaldía Mayor en Bogotá, pusieron a disposición de la familia “una de las mejores abogadas en este tema”, Isabel Agatón, “para evitar que este hecho quede en la impunidad”.
La familia de Yuliana se había mudado a Bogotá procedente del departamento del Cauca hace tres o cuatro meses en búsqueda de “mejores oportunidades”, contó Penilla.
La madre de la niña, quien se encuentra embarazada, tuvo que ser internada luego de ser informada del trágico desenlace de Yuliana.
Feminicidio agravado
En un país donde todos los días cuatro mujeres son asesinadas, es una victoria para la defensa de Agatón que el caso de Yuliana fuera catalogado como feminicidio, es decir, un crimen contra una mujer por el sólo hecho de ser mujer.
La abogada había explicado: “Vamos a exigir a las autoridades que se oriente la investigación como lo que corresponde, es decir, como un feminicidio agravado”.
Agatón consideró que es un delito agravado por tres motivos: porque se trata de una menor de edad, por la privación de libertad de la víctima y por la violencia sexual ejercida previo al desenlace fatal.
De esta forma, la pena para el culpable fue mayor y, en opinión de Agatón, ayudará a generar mayor consciencia sobre la problemática.
El caso representa la inmensa brecha de desigualdad que hay en nuestro país, donde un hombre blanco, rico, estudiado en las más prestigiosas instituciones somete a una mujer (agravado por el hecho de ser niña), pobre, indígena y sin muchas oportunidades de salir de la miseria. La viola, la mata y la degrada y quiere pasar impone valiéndose de su poder. Muchas preguntas saltan después de que el caso queda en un pasado distante, pero que la sociedad civil deberá tratar de convertirlas en su mantra para que los casos como el de Yuliana no sucedan de manera tan fácil. Las preguntas que podemos dejar expuestas son:
¿cuántas Yulianas más habrá sin haber salida a la luz pública?
¿el Estado colombiano tiene la voluntad política y judicial de proteger a sus niñas y niños menos favorecidos?
¿los sujetos como el monstruo de chapinero, Rafael Uribe Noguera, la tendrán fácil para seguir perpetrando crímenes?
Esperemos que las personas dedicadas a luchar por los derechos civiles encuentren el modo de hacer frente al poder que hay detrás de estos sujetos que creen que porque tienen dinero y poder pueden correr los límites morales y judiciales a beneficio de sus parafilias.
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