“Los principales medios, los políticos y personajes que generan opinión en el país tomaron la vocería para hacer juicios de valor sobre lo sucedido la semana del 22 al 26 de octubre en la JEP”
El presidente Santos le dijo a las fuerzas de seguridad No van a estar nunca en inferioridad de condiciones respecto a las FARC PRESIDENCIA DE COLOMBIA
Por estos días es fácil llenarse de palabras de indignación, de solidaridad, de rencor y de juicio, frente a los informes escritos y orales que han presentado las víctimas de secuestro ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) durante la última semana. Es fácil porque de nuevo los que ponen la piel son otros y los que solo miramos contamos con el privilegio de la tribuna que, si acaso se salpica, puede bien seguir con su vida sin sobresaltos. Es fácil porque hoy el país es dos bandos que ante el drama de un conflicto armado de más de cincuenta años debe repartir en retazos los relatos de las víctimas bien sea para defender el proceso o para condenarlo. Y, aunque ambas posiciones viran hacia la mezquindad de manera cada vez más peligrosa, el enfrentamiento se hace necesario pues está en juego que esas víctimas que hoy relatan lo que padecieron no se repitan en otros, en hijos, en nietos de tantos colombianos en las poblaciones más alejadas del país, o en nosotros mismos.
Los principales medios, los políticos y personajes que generan opinión en el país tomaron la vocería para hacer juicios de valor sobre lo sucedido la semana del 22 al 26 de octubre en la JEP. Unos aprovecharon para meter el dedo en la llaga y decir que siempre habían tenido la razón, que las Farc fueron una guerrilla atroz, inhumana, cruel, una guerrilla que hizo pasar a muchos colombianos, y a sus familias, por un tremendo sufrimiento y que por eso era inconcebible que un acuerdo de paz tuviera a los miembros de la cúpula de esa ex guerrilla en el Senado, o simplemente en libertad sin haber comparecido ante esta misma JEP que acaba de darle voz a víctimas que, paradójicamente, nunca antes fueron escuchadas por una entidad oficial como ahora. Incluso hay contradictores de la JEP y del proceso de paz como el columnista de El País de Cali, Pedro Medellín, quien en su más reciente columna asegura sentir “pena por los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Prestarse a un simulacro de justicia, para sostener un proceso de paz hecho trizas por la fuerza del narcotráfico, debe ser una tarea muy amarga”. No deja de ser curioso que lo sucedido esta semana en la JEP haya dejado tan desprovisto de argumentos a un férreo opositor como el señor Medellín para que tenga que hablar de “simulacro” frente a los dolorosos relatos de un grupo de víctimas y sus familiares. Esto sucede porque justamente la JEP está dando los primeros pasos de lo que se propone hacer durante los próximos quince años, o más, de proceso que debemos hacer todos los colombianos por decir la verdad y cerrar jurídicamente este conflicto armado.
Y así como el señor Medellín son muchos los opositores que se van quedando sin argumentos o con la necesidad de seguir atacando los “escándalos” que rodean a la JEP y a sus funcionarios. Como Mauricio Vargas, que últimamente ha dedicado su columna en El Tiempo a desprestigiar y caricaturizar a la JEP, pero que nada dijo sobre los relatos de las víctimas escuchados por todo el país. Gustavo Gómez Córdoba, por su parte, en su columna en El País de Cali, fue de esos a los que les quedó muy fácil llenarse de palabras para condolerse con las víctimas y sus familiares, incluso exagerando alguno de los detalles del relato del general (r) Luis Mendieta al decir que a uno de sus compañeros de cautiverio le habían dado un ácido para quemarle la boca en lugar de un jarabe para la tos, cuando lo que Mendieta relató fue que en una ocasión, a él, en lugar de darle un jarabe para la tos le dieron un laxante, hecho que no deja de ser cruel pero que dista de lo que relata Córdoba; y tampoco le tembló la mano para afirmar que “los colombianos presenciamos ahora estos testimonios, gracias a los medios de comunicación, como si fueran una novedad”, pero fue incapaz de reconocer que esos testimonios están de nuevo en la luz pública gracias a la JEP y que este es apenas el primer episodio de muchos que tendrá que enfrentar el país en este sentido.
La voz de las víctimas es y tiene que seguir siendo el centro del proceso, por eso son ellas quienes comparecen primero, porque si hubiésemos escuchado primero a los miembros de las Farc en calidad de victimarios, como tanto lo ha pedido un sector político del país, esas versiones, esos testimonios, esa verdad habría subordinado la verdad de las víctimas. Por eso es importante permitir que la JEP avance sin trabas y sin tantos cuestionamientos que lo único que logran es sacar a las víctimas del centro de la discusión y le dan el protagonismo a quienes pueden querer salirse con la suya.
Una constante de los informes orales y escritos de las víctimas de secuestro fue el reclamo a los gobiernos de la época por no adelantar algún acuerdo humanitario que les diera libertad. Quedó muy claro que los intereses de los gobiernos de turno (Pastrana y Uribe) prefirieron dejar a los secuestrados a su suerte y utilizarlos como estandartes políticos y como carne de cañón que justificara sus políticas contrainsurgentes. Ni hablar de las declaraciones de algunas víctimas que aseguran que es posible que políticos de la época fueran quienes le sugirieran a las Farc que los secuestraran.
La verdad sin miedos logra esto. Nos permite ver que hay muchos responsables en esta dura guerra y que por eso debería ser todo menos fácil hablar con tanta ligereza de lo que estas personas se han atrevido a contar. El país, la opinión pública, los dirigentes y los medios deben hacer votos de prudencia pues con el pasar de los meses y con la acumulación de testimonios tendremos que entender que son muchas las personas que han tenido que tomar decisiones muy difíciles durante el conflicto, tanto para bien como para mal, y que tener la posibilidad de escucharlos a todos, sin hacer de cada testimonio el escándalo o el suceso del día, es lo verdaderamente importante.
Por eso no deja de ser cada vez más posible y necesaria la idea de que una persona como Álvaro Uribe Vélez comparezca ante la JEP, no solo para responder por sus decisiones como mandatario sino también, por qué no, como víctima. Por todos es bien sabido que el padre del ex presidente, el señor Alberto Uribe Sierra, fue asesinado el 14 de junio de 1983 por un grupo de hombres de las Farc. ¿Y si Álvaro Uribe se reconoce como víctima de este hecho y pide conocer la verdad para, luego, una vez reparado con la aclaración de los hechos y el perdón de las Farc por el asesinato de su padre, poder contar la verdad sobre su responsabilidad en decisiones que contribuyeron de una u otra manera a recrudecer el conflicto armado en Colombia?
