Uribe, Venezuela, EEUU y Pandemia

Saludo cordial a quien esté leyendo estas letras, deseando también que Ud y su familia se encuentren bien de salud en esta terrible pandemia, y si lamentablemente contrajeron el CoVid-19, que salgan victoriosos de tan dura prueba. 



 El Shabbat 




Saludo cordial a quien esté leyendo estas letras, deseando también que Ud y su familia se encuentren bien de salud en esta terrible pandemia, y si lamentablemente contrajeron el CoVid-19, que salgan victoriosos de tan dura prueba.  Y en verdad es una prueba, tanto a nivel individual y colectivo, pues nos indaga sobre cuánta capacidad tenemos para abandonar esas prácticas tan arraigadas pero tan contraproducentes en nuestra cultura: El «sálvense quien pueda».  Eso fue lo que nos enseñó el capitalismo y el neoliberalismo, a creer en la ilusión fantasiosa de que la felicidad individual está desarticulada de la felicidad colectiva y viceversa.  La especie humana, como muchas otras que nos presenta el amplio catálogo de la vida,  carga en el ADN su inmodificable carácter social, grupal, mutuo, retroalimentador, simbiótico, pues de otra forma le hubiese sido imposible haber recorrido su largo camino desde que sus ancestros habitaron los árboles de las sabanas subsaharianas y descendieron de ellos para asentarse en tierra firme hasta el sol de hoy, cuando, quizá más que nunca, ese intento terco y fallido por fracturar esas características inmutables que la naturaleza nos designó, vuelve a pasarnos un altísimo cobro: La salud convertida en negocio privado para beneficio exclusivo de sus escasos dueños y en detrimento de las mayorías poblacionales es un gravísimo error que se configura ya como un acto criminal y genocida, toda vez que morirá un inmenso cúmulo de humanos huérfanos del poder económico, es decir, hay un grupo en especial de la sociedad a la cual golpea más despiadadamente la pandemia, una clasificación de personas en máximo riesgo, y ellos son los pobres.  El gobierno es consciente de esto, pero no actúa, por tanto, le cabe toda responsabilidad por el delito de genocidio en categoría de omisión.  Los sistemas de salud privatizados como el colombiano operan bajo las lógicas del capital, de las ganancias, del rendimiento económico.  La salud  de las personas se relega a segundos o terceros planos.  Y hoy vemos sus efectos: Profesionales de la salud sin equipos médicos ni sanitarios, cubriéndose desesperadamente con bolsas de basura para «evitar» que el virus penetre en sus cuerpos; ignominiosos avales para la demolición de centros hospitalarios desdeñando el hecho de encontrarnos en plena pandemia;  denuncias por ocultamiento de los datos reales de infectados, escasez en la toma de muestras, y hasta máquinas para esa tarea que resultan casualmente «dañadas», a las que ni siquiera puede caberles el plural, pues en este «paraíso» capitalista solo existía UNA máquina para tomar miles de pruebas al día, pese a todos los tributos que son recaudados con antelación e implacabilidad por el estado colombiano.  El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al conocer la vergonzante situación, ofreció en donación dos máquinas provenientes de China, con la infausta y pasmosa respuesta del presidente Iván Duque: El rechazo.

 

¿Cómo es posible que un presidente de un país, quien tiene la obligación constitucional de velar por la vida y salud de sus compatriotas, rechace en medio de una crisis sanitaria de tales proporciones, los equipos para la detección del virus en la población?  Es una pregunta que se hacen hasta los más desprevenidos sin encontrar respuesta satisfactoria.  Una situación similar se vivió antes de ser detectado el primer portador del virus en territorio nacional: Un congresista del partido de gobierno sostuvo en los medios de comunicación que se debería coordinar el cierre de la amplia frontera con Venezuela directamente con el «presidente» (imaginario) Guaidó.  Y días atrás de estas pintorescas declaraciones, los altos funcionarios de Duque, como la ministra de relaciones exteriores, le había pedido a ese mismo presidente imaginario que extradite a una prófuga de la justicia colombiana (Merlano).

 

¿Pero por qué el gobierno colombiano se empeña contra toda lógica en tales incoherencias?  «Bruto», «inmaduro», «criminal», «orgulloso», «adolescente caprichoso», entre otros, son los calificativos que muchos vierten sobre Duque al ver sus necias actuaciones, y tal vez tengan razón, pero, en mi humilde opinión, se quedan cortas, y no en insultos, sino en el trasfondo, pues es evidente que nadie es tan bruto, ni tan irresponsable, ni tan falto de sentido común para persistir tan obstinadamente en ellas.  Dicho esto, y luego de esta corta introducción, paso a formular una hipótesis (totalmente soportada en puntales fácticos) que explica en gran parte el inusual y criminal comportamiento de este gobierno en ese sentido y en muchos más, como el ataque constante al gobierno de Maduro, la pertinaz y enconada propaganda mediática en su contra (con o sin sustento) especialmente desde la prensa privada; las profusas amenazas de guerra a ese país que se lanzan desde los micrófonos del llamado «Centro Democrático», e incluso, el irrestricto, alocado e irresponsable apoyo a una muy probable invasión estadounidense a Venezuela, usando como plataforma militar nuestro territorio, y empujándonos a todos a una guerra de dimensiones insospechadas, pero a todas luces, terrible.  ¿Es verdad que todos estos raros comportamientos responden solo a un rechazo de la dictadura de Maduro y a una genuina preocupación de Duque y de su mentor Uribe por el pueblo venezolano, como aseguran?  ¿Los mismos que redoblan los tambores de guerra y entonan los cánticos de la muerte son los que están tan condolidos por el sufrimiento y la vida de los venezolanos? ¿El mismo acusado -con pruebas e indicios irrefutables- de los crímenes más atroces que puedan caber en los códigos penales del mundo, entre ellos, los de lesa humanidad, ahora está enternecido por la situación de ese pueblo?

 

Analicemos.

 

Nota importante: A través de esta lectura encontrará aparentes rupturas con el hilo conductor, pero obedecen a que he tomado extractos de distintos capítulos de un libro que estoy escribiendo y los he plegado con otros con el fin de contextualizarlos en un solo artículo (tal vez no de la mejor manera).  Ofrezco disculpas de antemano por ello y espero que esta lectura aclarare sus inquietudes respecto a este importante tema, y si no, al menos que arroje luces que motiven a investigar por cuenta propia y de esa forma lleguen a zanjarse.  Invito a dudar de todo lo que leen, incluso de esta lineas, pues en la medida del interés que cada quien posea por descubrir la verdad, será menos proclive a la manipulación mediática, que es el anzuelo predilecto de quienes tradicionalmente nos han sometido.

 

Gracias por leerme.

Algunos  antecedentes  de  Álvaro  Uribe  Vélez

(Para encontrar el articulo completo sobre este subtítulo, favor dirigirse a este link: ¡Muchacho Bendito!)

Los aparentes afanes por auxiliar a los partícipes del negocio de la droga no parecen ceñirse exclusivamente a sus oficios como director de la entidad encargada de administrar el transporte aéreo.  Durante su primer periodo como senador, en la segunda mitad de la década de los ochenta, Álvaro Uribe fue un acalorado opositor a la ley de extradición y un defensor del juzgamiento de connacionales en suelo propio.  El entonces presidente Virgilio Barco había presentado al congreso un proyecto de reforma constitucional para ser refrendado mediante consulta popular y en el que se abordaban —en su mayoría— temas relacionados con los procesos de paz entre las guerrillas y el Estado, así como la apertura a las modificaciones constitucionales a través de procedimientos distintos al que contemplaba el articulo 13 del plebiscito de 1957.  Pero la mano de la mafia daba al traste con un proyecto que se mostraba conveniente y moderno para un país con una carta magna obsoleta y unas problemáticas agobiantes, al incluir en uno de sus artículos un enunciado que favorecería a personas inmersas en el narcotráfico: el de consultarle a la ciudadanía sobre el tema de la extradición.  Los narcos se frotaban las manos al saber que bajo presión del terrorismo, el país terminaría volcándose positivamente hacia el impedimento de juzgarlos en los Estados Unidos de Norteamérica.  Un “mico” se había colado en el proyecto y su ponente era el representante a la cámara Mario Uribe Escobar, primo, socio y copartidario de Álvaro Uribe Vélez.  “No puede señalársenos de impertinentes cuando hemos pedido que sea el pueblo quien nos indique el sendero a seguir en esta guerra insoportable que amenaza ruina en el edificio social”, decía la ponencia con el aval de Mario Uribe.  El proyecto pasó en Plenaria de la Cámara y solo faltaba su aprobación en la Plenaria del Senado.  Algunos congresistas y sectores de la sociedad se mostraron impávidos ante el suceso, y el ministro Carlos Lemos Simmonds exhorto a los parlamentarios liberales a salvar al país: “Ustedes son el último dique que queda para detener la avalancha de la delincuencia”.

 

Los fieles escuderos del artículo eran “casualmente” políticos que tuvieron relaciones con la mafia: Uno de ellos David Turbay, procesado y condenado por sus vinculaciones con el narcotráfico; el otro, Federico Estrada Vélez, asesinado en oscuras circunstancias; y el otro, Álvaro Uribe Vélez, quien hasta último momento trato de salvar el polémico proyecto.  Intentó, con singular habilidad retórica, que se aprobase el proyecto sin el artículo pero con la condición que después de un tiempo prudencial fuese retomado en un referendo en torno al tema específico de la extradición.  Lemos Simmonds le respondió que si su propuesta pasaba, “las elecciones futuras ya no serán con papeletas sino con metralletas”.  Uribe seguía insistiendo desesperado ante la plenaria del senado, casi con la voz quebrada, como un niño antojado del juguete de moda: “Con la responsabilidad histórica de buscar estrategias efectivas, yo no creo que la extradición sea una estrategia efectiva, … no creo que sea efectivo que nuestros jueces estén intimidados, que nuestros cementerios estén llenos de tumbas de jueces masacrados, porque cumplieron su deber contra el narcotráfico.  Es cierto, pero por qué no buscar soluciones imaginativas, honorable Senadores”.  La “solución imaginativa” de Uribe era el simple cambio de fecha del referendo para que no coincidiera con las elecciones parlamentarias.  Esos eran los últimos estertores del narcotráfico en su intento por acomodar la no extradición por vía de la consulta popular.  Finalmente, el proyecto que en distintos campos de la crítica se interpretó como la toma del poder parlamentario por parte de los carteles de la droga, se hundió.

 

Muchas fuentes salidas de las esferas criminales del cartel de Medellín como alias Popeye, alias El arete, o Carlos Fernández García, un ciudadano de origen español apodado “el hombre del gorra”, entre otros, coinciden en sus versiones sobre los pagos que en aquellas épocas hacía la organización de Pablo Escobar a algunos políticos para que apoyasen, presentasen proyectos y/o votasen en favor de la no extradición.  Lo mismo para el financiamiento de sus campañas.

 

En abril de 1990, pasadas las elecciones al Congreso, una fuente entrevistada por el FBI aseguró que Pablo Escobar había patrocinado algunas campañas políticas.  La entrevista con la fuente dio origen a un informe enviado a la oficina del FBI en Miami el 17 de abril.  De acuerdo con el cable: “la información ha sido confirmada por otras fuentes, contactos de enlace, medios técnicos y operativos de seguridad pública en Colombia y los EEUU, y se considera fiable”.  Como constataron los agentes federales: “Varios políticos de Antioquia ganaron asientos en el Senado …Representan al Partido Liberal y sus campañas fueron asistidas por el grupo de Escobar”.  Una revisión a los resultados electorales del 11 de marzo de 1990 permite establecer que los senadores electos en Antioquia por diferentes fracciones del Partido Liberal fueron: Álvaro Uribe Vélez y Bernardo Guerra Serna, dos de los personajes citados por don Berna en una lista de políticos que según él eran “socios y piezas claves de Pablo Escobar”.  ¿Otra simple coincidencia o la constatación de que Uribe efectivamente era socio de criminales de gran calado?

 

Don Berna añade que Uribe fue clave en las negociaciones de Escobar y el gobierno de César Gaviria para lograr su reclusión en ese sitio, hecho a su medida y del que entraba y salía cuando se le antojaba.  “Álvaro Uribe era un colaborador del capo Pablo Escobar”, fueron sus palabras ante la justicia en 1992, cuando este era un político desconocido a nivel nacional y ni siquiera era gobernador de Antioquia, mucho menos presidente.  La falacia de Uribe, en la que aduce calumnias o venganzas por rencores políticos en su condición de presidente, queda desvirtuada.

 

Casi dos décadas más tarde, cuando Uribe salió elegido senador en 2014 luego de dos presidencias, fue recibido en ese recinto con un debate sobre su vida y sus cuestionadas actuaciones; debate llevado a cabo por el senador del POLO Democrático Iván Cepeda Castro.  Cepeda tuvo acercamientos con la Aerocivil para indagar y buscar pruebas de su gestión enfocada en coadyuvar a la consolidación de la mafia, pero esa entidad le informó que “se desaparecieron”; siguiendo el mismo patrón presente en casi todas las investigaciones que contra Uribe son abiertas.

 

Virginia Vallejo señala en un aparte de su libro: “Mi negocio y el de mis socios es el transporte —me dice Pablo— a cinco mil dólares por kilo asegurado, y está construido sobre una sola base: la pista de aterrizaje de los aviones y los helicópteros.  Ese muchacho bendito con ayuda del subdirector cesar Villegas nos concedió docenas y docenas de licencias para las primeras y centenares para los segundos, sin pistas ni aviones propios todavía estaríamos trayendo la pasta de coca en llantas desde Bolivia y nadando hasta Miami para llevarle la mercancía a los gringos.  Gracias a él es que estoy enterado de todo lo que pasa en la aeronáutica civil y en el aeropuerto de Medellín; ahí donde lo ves, con su cara de seminarista, es un peleador bravísimo”.   En el año 2009, en una entrevista con María Elvira Salazar, la reconocida periodista y presentadora cubana, Vallejo, con profundo convencimiento confirma y amplía el tema de la relación Escobar-Uribe-Aerocivil:  …”Yo vi dos veces a Álvaro Uribe, una vez que Pablo nos presentó cuando era un muchacho jovencito, tenía treinta y uno, cara de seminarista; y otra vez cuando se acerca a saludarnos en el aeropuerto de Medellín … es la vez que mes estoy despidiendo de Pablo, … y los dos muchachos que van a llevarme al aeropuerto se saludan con los dos muchachos o los dos señores que están con Álvaro Uribe y cuando Álvaro Uribe y yo cruzamos unas breves palabras de saludo,  Álvaro Uribe le dice a los muchachos de Pablo: “Saludos al Patrón”.  Me pongo ante un detector de mentiras si todo lo que he escrito no es rigurosamente cierto”,

 

Y no solo ella la corrobora, también lo hace el exjefe de sicarios del cartel de Medellín, lugarteniente y mano derecha de Pablo Escobar, John Jairo Velásquez Vásquez alias Popeye, en una entrevista para el medio digital HispanoPost: “El doctor Álvaro Uribe Vélez autoriza esa pista a sabiendas que es para Pablo Emilio Escobar Gaviria; ¿Qué hacía Pablo Escobar?, exportaba cocaína desde el Magdalena medio Antioqueño hacia los Estados Unidos de América, no hablemos de Europa ni de Australia ni de nada.  … mire yo realmente en el tema de Álvaro Uribe no me quiero extender más, por lo que estoy aquí en la ciudad, Álvaro Uribe Vélez es el dueño de esta ciudad, no quiero ir tan de frente, dejémoslo para la historia, ya llegará el tiempo en que haya que contarlo, se contará”.  Resulta inimaginable que al asesino más despiadado del cartel de Medellín, quien se jacta de haber matado a más de trescientas personas por mano propia y ser cómplice de otras tres mil muertes, que ha comentado en muchas entrevistas que “a él no lo matan de miedo sino de bala”, que ha sobrevivido a la organización delincuencial más peligrosa de la historia del país, a veinticuatro años en las prisiones más violentas, a varios intentos de asesinato, y que tiene peleas a muerte casadas con un sinnúmero de enemigos, entre ellos el Clan Ochoa y otros peligrosos gansters, frente a Uribe le invada el miedo.

 

—“Describa en una palabra a Álvaro Uribe”:

—“Me abstengo, por seguridad”,

Fue la lacónica respuesta a un periodista del canal costarricense CB 24.

 

Al entrevistarlo Yesid Baquero, reportero de Univisión, Popeye narra: … “el patrón tiene lo principal que es la pista pavimentada, la hacienda es creada para el tráfico de drogas, y en la zona hay laboratorios de coca, y la pista es pavimentada (sic) y autorizada por la Aerocivil, legal la pista”.  Baquero lo interpela: “¿Quién manejaba la Aerocivil de esa época?”, Popeye contesta: “El doctor Álvaro Uribe Vélez”.  Y continúa: … “la pista la fueron a intervenir varias veces y estaba autorizada; inclusive la pista nunca fue bombardeada, porque no se podía bombardear porque la pista fue autorizada, … ahí había aviones del patrón, había hangar y todo, aviones y helicópteros.  Se cuadraba la base de Palanquero y los aviones del narcotráfico salían desde bien atrás de la pista y se iba a vuelo rasante …de ahí se sacaba cocaína constantemente”.

 

Ante la periodista Diana López Zuleta, Popeye, en una constatación boba (por evidente) —como diría Fernando Vallejo— afirma: “Ninguna organización criminal en el mundo llega a amasar el poder que tuvo el cartel de Medellín si no cuenta con el Estado”.

 

Convertido en estrella mediática por la cultura de la narco-violencia imperante en buena parte de la sociedad colombiana y galopante en otras, Popeye ahora ya no dispara metralletas sino ratings y por eso es buscado por periodistas de todo el mundo, y él, gustoso, no desaprovecha oportunidad para embriagarse de fama.  Un golpe de felicidad suaviza su semblante cuando las cámaras y los micrófonos —embelesados— registran la acelerada voz con la que revive sus facinerosas aventuras, pero cuando es inquirido sobre Uribe, aborda cautelosamente el tema.  La presentadora mexicana Adela Micha le pregunta sobre lo más grave que sepa, entonces responde: “Mire, lo más teso que yo sé son cosas de un expresidente colombiano que eso más adelante habrá que decirlo pero por ahora no se puede, porque es el hombre más poderoso de Colombia, más poderoso que cualquier mafioso; económica, políticamente, de todo.  Es el dueño de la república de Colombia”.  Similares respuestas brinda a todo aquel que trata de pescarle algún dato referente a Uribe, alguna frase que confirme lo confirmado, al menos por el sentido común, y que muchos aún se empeñan en seguir negando, casi psicóticamente.

 

Popeye se hizo escritor, guionista, actor de cine, y un exitoso youtuber, pero en 2018 fue capturado y puesto preso en la cárcel La Tramacúa, en la sofocante Valledupar.  La fiscalía le acuso de seguir relacionado con la mafia, específicamente con la banda criminal conocida como La oficina de Envigado.  El mediático exsicario murió en febrero de 2020 a causa de un cáncer de esófago.  El general del ejército nacional, Eduardo Zapateiro Altamiranda, lamentó públicamente su partida y brindó sus condolencias a la familia.  No es una fake new (noticia falsa o sarcástica), es una de tantas muestras irrefutables de lo que Colombia es ante el mundo: Un narco-estado.  Zapateiro fue nombrado general del ejército por el presidente Iván Duque, pese a que sobre él se descargan denuncias sobre presunta participación en falsos positivos y desaparición forzada, entre ellas, la del padre de un reconocido futbolista.

 

¿Por qué el desaparecido Popeye le temía a Uribe? ¿De ese nivel de peligrosidad es el vetusto líder político?

 

Las evidencias sobre las estrechas relaciones de Uribe con la mafia no paran:

 

Entre 1977 y 1978, éste arribó a Bogotá para desempeñarse como secretario general del ministerio del trabajo, cargo anterior al de jefe de la aeronáutica civil.  Uribe adquirió un apartamento en el centro de la capital y cuando terminó su periodo, lo vendió a Israel Londoño Mejía, cuñado de los Ochoa Vásquez, capos del narcotráfico y sus amigos de siempre.  Israel y su esposa, Fresia María Ochoa, figuran en un memorando de la DEA junto a otros narcotraficantes.  Para la época de la compraventa del apartamento con Uribe Vélez, los Ochoa ya eran famosos por sus negocios con la droga.  El 12 de octubre de 1977 había sido arrestada la hermana mayor de Fresia María, Ángela María Ochoa Vásquez, en posesión de kilo y medio de cocaína.  Y de sus hermanos, ni hablar.  Todos sabían que, junto a Escobar, Rodríguez Gacha y Lehder, eran los fundadores del cartel de Medellín.  ¿La microgerencia y atención al detalle que le caracterizan le traicionaron otra vez, al no prevenirle sobre quienes compraban su inmueble en el año 1979?  Pues otro hecho dice que Uribe sí conocía al nuevo dueño del apartamento: Uribe, junto a su hermano Santiago, poseen en Jericó-Antioquia unos predios que colindan con los de la familia Ochoa Vásquez.  En esos predios se establece la agropecuaria Londoño Ochoa Hermanos y Cia. Ltda, de propiedad de Israel Londoño, su esposa y sus hermanos, los reconocidos narcos.  ¿Tampoco conoce a sus vecinos de tierras, los mismos que le compraron su apartamento?

 

Lo que se sabe del paso de Uribe por la Aeronáutica sigue siendo fragmentario, pues como esa misma entidad ha informado, gran parte de los archivos sobre su gestión se han desaparecido, y él, de forma incansable, se refiere al maremágnum de información existente en su contra, evidenciada y ratificada por los hechos históricos y por quienes de algún u otro modo son testigos de ellos, esgrimiendo su predilecta y consabida defensa, la de asegurar que son calumnias motivadas por rencores políticos de sus opositores o por sectores poderosos afectados por su política estelar de la “seguridad democrática” durante su ejercicio presidencial.  Pero como se ha constatado, las investigaciones por los delicados hechos compilados en la hemeroteca se sitúan muy atrás de su llegada a la presidencia.

 

En los registros de la guerra entre Estado y carteles de la droga se cuentan por miles los muertos, los desaparecidos, los lisiados, los exiliados y las víctimas indirectas que somos casi todos, millones de colombianos y tal vez de habitantes del mundo, a quienes la codicia sangrienta de unos cuantos nos torció el destino.  Jamás Colombia volvería a ser la misma; la economía, costumbres y cultura, serán moldeadas por la influencia del narcotráfico y su poder permeabilizador y putrefactor en todas las capas de la organización social.  El viejo conflicto interno que campeaba por estos suelos será avivado por un nuevo combustible, y su continuidad escalonada con sus horribles secuelas, inevitable: insaciables oleajes de desplazados por los grupos armados, especialmente por paramilitares, se descargarán en las aceras de las capitales; la violencia exasperada en pueblos y campos, el terror adueñado de la psiquis colectiva, la corrupción, el incremento de las brechas entre ricos y pobres, el desempleo y demás lastres que el país arrastrará de ahí en adelante.  Entonces, si como lo repetía el propio Pablo Escobar, que sin esos benditos funcionarios públicos le hubiese sido imposible a la mafia llegar a coronar su reinado de muerte y terror, surge naturalmente la pregunta: ¿Qué tanta responsabilidad les cabe a aquellos que, aprovechándose de sus cargos estatales, ayudaron a crear este monstruo, enemigo encarnizado de la sociedad?  Pues mucha, máxime cuando se supone que son los representantes del pacto civil, de la constitución, de la legalidad, y de la democracia.  Es, por tanto, mayor en ellos que en cualquier delincuente común por dañino que éste sea, y en esa medida deben ser sometidos por la justicia.  Pero ese poderío es tal que hasta la justicia ha sido corroída o si no, amedrentada, pues ingentes son las cantidades de investigadores, fiscales, jueces y en general, cualquiera con el arrojo de haberlo denunciado, que yacen bajo la tiranía de sus balas.

 

Uno de ellos, don Guillermo Cano, en clara alusión a los políticos que pese a las elocuentes evidencias niegan sus relaciones con el narcotráfico, sostuvo: “No es posible estar dentro de una piscina y no mojarse”.

EL  NARCOTRAFICANTE  NÚMERO  82

La NSA, National Security Archives (Archivo Nacional de Seguridad), una organización estadounidense que recopila, archiva y publica documentos desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos relacionados con la política exterior de ese país, saca a luz, a inicios del 2004, un documento de la DIA, Defense Intelligence Agency (Agencia de Inteligencia de las Fuerzas Militares de ese país, especialista en espionaje internacional, bajo jurisdicción del departamento de Defensa).  Ese documento fue elaborado en marzo de 1991 y recopila el nombre y las actuaciones de ciento cuatro personas involucradas en el negocio del narcotráfico, especialmente de las vinculadas al cartel de Medellín.  Catorce páginas conforman el documento que lleva el carácter de altamente confidencial, de ahí el lapso de más de una década en desclasificarse.

 

Para el tiempo que fue publicado, casi la totalidad de los nombres de aquella lista habían purgado deudas con la justicia o habían sido asesinados en ajustes de cuentas.  Con el número 1, la lista la abre el famoso exsicario John Jairo Velásquez Vásquez alias Popeye, y la cierra Luis Fernando García Gómez, un explosivista del ELN con vínculos con el cartel de Medellín, en el número 104.

 

En el puesto 70 se ubica Fidel Castaño Gil, hermano de Vicente y Carlos Castaño Gil, jefes de las “desaparecidas” AUC (autodefensas unidas de Colombia), y en el 79, el entonces capo di tutti capi, Pablo Escobar.  El autor material del magnicidio del candidato a la presidencia Luis Carlos Galán Sarmiento, Jaime Eduardo Rueda Rocha, en el puesto 91.  Alias Pinina, el jefe del ala militar del cartel de Medellín figura en la casilla 7.  El expresidente de Panamá, extraditado a EEUU, Manuel Antonio Noriega, con el número 66; el entrenador de paramilitares, coronel y mercenario israelí, Yair Klein, con el 80;  Dandenis Muñoz Mosquera alias La quica, sicario de confianza de Pablo Escobar, condenado a diez cadenas perpetuas en EEUU, con el 16.

 

Junto a los nombres de estos y otros criminales se hallaba el de un político antioqueño: Álvaro Uribe Vélez, en la casilla número 82, junto a su descripción: “Álvaro Uribe Vélez, es un político colombiano, senador y dedicado a la colaboración con el Cartel de Medellín en los altos niveles del gobierno.  Uribe fue vinculado a negocios que están conectados con actividades de narcotráfico en Estados Unidos.  Su padre fue asesinado en Colombia por sus conexiones con narcotraficantes.  Uribe ha trabajado para el Cartel de Medellín y es un amigo personal y cercano de Pablo Escobar Gaviria”.

 

En cualquier país del mundo que se precie de ser un Estado de legalidad, Derecho y con un mínimo sentido social de la ética, esta información hubiese detonado un escándalo de tal magnitud que forzaría al involucrado presidente a su dimisión.  Pero no, en Colombia, la prensa privada que domina el noventa y cinco por ciento del espectro electromagnético, disipó aquella bomba informativa.

 

El gobierno Uribe se vio obligado a emitir un escueto y evasivo comunicado:

 

“Gobierno desmiente publicación de Newsweek sobre pasado oscuro del presidente Álvaro Uribe, la revista publicó un documento que asegura fue elaborado en 1991 por la Defense Inteligence Agency y en el cual establece que le mandatario colombiano, tenía por ese entonces, relaciones con el narcotráfico y el cartel de Medellín, que su padre fue asesinado por sus relaciones con los narcotraficantes, que era amigo personal de Pablo Escobar y participó en la campaña que llevo a este a la cámara de representantes como segundo renglón de Jairo Ortega y que, como senador se opuso al tratado de extradición”.

 

La Casa de Nariño añade que cuando Uribe fue senador, fue elegido por un movimiento político diferente al de Pablo Escobar y que siempre ha tenido una sola postura frente a la extradición, que nunca ha tenido negocios en el extranjero y que tuvo dos cuentas bancarias fuera del país, cuando estudio en Harvard y en Oxford.  Adicionalmente informa que ha extraditado a ciento setenta personas.

 

El comunicado es falaz, tangencial e intenta zafarse de dar respuestas contundentes que controviertan el documento desclasificado: niega el partido de Escobar (liberal), pero Uribe estaba inscrito en ese partido para esa época; niega negocios en el exterior y afirma que sí cumple con la extradición, pero nadie ha hablado de negocios en el exterior; el negocio del narcotráfico con el que se le asocia es nacional, muy colombiano y muy paisa (Cartel de Medellín); tampoco se habla de cuentas bancarias en el exterior y menos de dónde estudió.  Si bien es cierto que Uribe ha firmado ciento setenta órdenes de extradición, estas están supeditadas a órdenes estadounidenses, no a la voluntad unilateral de Uribe.  Las relaciones de Uribe con la mafia están reseñadas desde su temprana edad, una agencia norteamericana ahora lo corrobora, y para la elaboración de informes clasificados en lo último que se basaría una agencia de inteligencia adscrita al departamento de defensa y seguridad nacional estadounidense es en chismes, como Uribe y sus seguidores han pretendido hacer creer.

 

¿Pero por qué, con tantas pruebas e inacabables indicios sobre su actuar criminal, el gobierno norteamericano no lo pide en extradición por narcotráfico y otros crímenes?  Bueno, para nadie es un secreto la forma en que los Estados Unidos de Norteamérica, como imperio que es, dirige su política exterior, subyugando naciones alrededor del globo.  Latinoamérica es considerada su “patio trasero”, y lo que busca EEUU es la existencia de gobiernos satélites y proclives a su ideología, unos simples ejecutores criollos de políticas foráneas, y en eso Uribe sale excelentemente calificado: Ha violado la soberanía nacional al otorgarles, sin protestar, el territorio nacional para la instalación y funcionamiento de numerosas bases militares (siete) en distintas partes de la geografía colombiana que, desde luego, no son para “brindar seguridad”, como alude, sino para la consecución del dominio regional gringo mediante el ejercicio de la fuerza, especialmente en países vecinos que van en contravía de sus intereses.  “Para controlar a Venezuela es necesario ocupar militarmente a Colombia”, dijo el senador estadounidense Paul Coverdell en una columna en “The Washington Post”, el 10 de abril del 2000, titulada “Starting with Colombia” o “Empezar por Colombia”.

 

El  desmedido esfuerzo por firmar leoninos TLC´s entre Colombia y Estados Unidos donde el gran ganador es el país del norte y donde el sector agrícola colombiano y su población rural son los más azotados con sus nefastas consecuencias, el otorgamiento de cientos de concesiones mineras especialmente de extracción aurífera con limosneras e insignificantes regalías para los territorios, que prácticamente son “gangazos” para los emporios norteamericanos y que Uribe las presenta eufemísticamente como “incentivos a la inversión extranjera”; la aprobación de políticas bélicas injerencistas como el refuerzo y continuidad del plan Colombia y la búsqueda y aprobación del plan patriota para “combatir al terrorismo”, la estrategia norteamericana para legitimar su presencia en Colombia cubriendo sus verdaderas intenciones de control geopolítico; el ciego apoyo público a las invasiones estadounidenses en medio Oriente y otras partes del mundo a pesar de la devastación efectuada por sus poderosos ejércitos; las fumigaciones aéreas con glifosato sin importar su probada ineficacia y/o sus terribles consecuencias en la salud de las personas (en su inmensa mayoría campesinas) así como en medio ambiente, producto denunciado y prohibido en varios países;  el envío de cientos de colombianos a suelo norteamericano sin más justificación legal que el pedido de las autoridades de ese país, sin un riguroso acervo probatorio (ya que los solicitan en extradición pero es allá donde arranca el proceso judicial, es decir, pueden solicitarlos sin pruebas) y con muchos de ellos inocentes o convertidos en chivos expiatorios; el continuo saboteo y guerra mediática-militar contra países declarados adversos al gobierno norteamericano como Venezuela, país en el que Álvaro Uribe es acusado de promover golpes de Estado, desestabilización e incluso planes de asesinato de sus mandatarios como a inicios de 2004, cuando fueron capturados más de cien paramilitares colombianos vestidos con prendas militares venezolanas listos para tomarse el palacio de Miraflores y eliminar físicamente a Hugo Chávez;  o en 2008, cuando en conjunto con militares norteamericanos bombardeó a Ecuador en una operación denominada Fénix donde fue abatido el líder guerrillero Raúl Reyes, amenazando con hacer lo mismo en Venezuela, motivo por el cual Ecuador demandó ante la comunidad internacional a Colombia, y Venezuela cerró la frontera afectando a miles de personas que vivían del comercio bilateral; o la constante interferencia y el lobby internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro, so pretexto de “salvar a Venezuela de la tiranía”, y donde “coincidencialmente” Estados Unidos ha expresado tener intensiones invasivas.  O la presencia inobjetable de agentes militares y de inteligencia estadounidenses, británicos e israelíes que llevaron a Uribe a firmarles un cheque en blanco jurídico y moral al concederles —sin el menor asomo de dignidad, en el caso de marines norteamericanos— impunidad total frente a sus posibles delitos cometidos en suelo colombiano, que ya no son posibles porque ya se cometieron, como con el aberrante caso de las violaciones, abusos sexuales y vejámenes de toda índole (como las grabaciones fílmicas y posterior comercialización de ese material pornográfico) contra niñas colombianas por parte de soldados estadounidenses.

 

¿Ese —y mucho más— es el costosísimo precio pagado por la impunidad del narcotraficante número 82?  Todo indica que sí.  “Puede que sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”, afirmó la administración Roosevelt al referirse al dictador nicaragüense Anastasio Somoza.

 

La práctica de tener gobiernos satélites mediante gobernantes genuflexos a EEUU en una relación de mutuo beneficio, se ha convertido —a través de la historia de ese país— en su tradicional y más pragmática norma de política exterior.  Para nadie es un secreto.

 

Así lo demuestran los hechos escritos en la memoria mundial, por nombrar solo algunos, el caso del General Manuel Antonio Noriega en Panamá, un aliado de EEUU en la vigilancia de gobiernos contradictores de sus políticas, colaborador de la CIA, hasta que empezó a tomar distancia de las órdenes gringas, consiguiendo el cierre de la “Escuela de las Américas” en ese país, un bastión militar y de inteligencia estadounidense donde se irradiaba una marcada ideología anticomunista y se formaba a los gobiernos latinoamericanos en combatir todo lo que fuera en contra de los intereses norteamericanos.  Noriega quiso implementar una agenda política no ordenada por EEUU, entonces, ya no lo vieron “útil”, y conociéndole su oscuro pasado como colaborador de Pablo Escobar, lo condenaron a cuarenta años en una cárcel federal de Miami tras su aprensión producto de la invasión de 1989.  Similares son los casos de Sadam Hussein: “Sabíamos que era un tirano, pero era nuestro tirano”, una frase lanzada por Goeffrey Kemp, el asesor del presidente Reagan en épocas de Sadam como aliado, donde Irak era excluido de la lista de países asociados al terrorismo, reanudaban relaciones bilaterales y Hussein se convertía en el “mejor nuevo amigo de EEUU”.  El entonces emisario especial de EEUU para Irak, Donald Rumsfeld, viajó a ese país para sellar la “confianza” entre las dos naciones.  Años después era el mismo que dirigía, como secretario de Defensa de George Bush, la invasión a Irak, cuando Hussein se convirtió en un estorbo y amenaza, y al que suspendieron en la ahorca.

 

O el caso del líder libio Muamar Al Gadafi, quien expresaba que el presidente Barack Obama era su “amigo”: “Ahora, América está gobernada por un hombre negro de nuestro continente, un africano de descendencia árabe, descendiente de musulmanes y esto es algo que nunca habríamos imaginado: que de Reagan podríamos llegar a Barakeh (sic) Obama”, señalaba Gadafi en declaraciones recogidas por el diario israelí ‘Yedioth Aharonoth’.  Un año después, y luego de décadas de su gobierno que puso como factor central de su economía la nacionalización del petróleo, miles de marines estadounidenses invadían Libia y el coronel era torturado, sodomizado con un madero y asesinado a golpes por la muchedumbre respaldada por Obama.  Casos similares pueden citarse en personajes como Bin Laden, un aliado inestimable para varias administraciones de EEUU en especial para las de Jimmy Carter y Ronald Reagan, quienes le vieron como un líder fundamental para luchar contra las tropas soviéticas que tenían la intención de contrarrestar la insurrección islámica que amenazaba las provincias de Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán y el Cáucaso.  Muchas fuentes hablan que Bin Laden fue entrenado por la CIA para la guerra de guerrillas y las acciones terroristas.  Años después, cuando Bin Laden rechazó la presencia militar gringa en Arabia Saudita por el conflicto del golfo, les declara la guerra.  Entonces ya no es un héroe ni un filón sino un perentorio objetivo militar.  El líder saudí lleva al paroxismo su formación terrorista y de ahí en adelante su historia será ampliamente conocida.

 

Distintos gobernantes alrededor del mundo son respaldados por Estados Unidos si estos se pliegan a sus designios, como es el caso de Arabia Saudita, donde las recurrentes acusaciones de EEUU para los gobiernos que corren en contravía a sus políticas parecen no aplicar.  A pesar de que el país islámico es uno de los lugares donde más se violan los Derechos Humanos y sus gobernantes actúan de forma tiránica (justificaciones aludidas para invadir un país y derrocar gobiernos), para EEUU sí cumplen con las normativas internacionales.  Desde 1940 Estados Unidos y Arabia Saudita mantienen excelentes relaciones diplomáticas, las cuales se fortalecieron cinco años después, cuando en un encuentro entre el rey Abdelaziz Bin Saud y el presidente Franklin D. Roosevelt, sellaron un pacto que le garantizaba al reino de Arabia protección militar estadounidense a cambio de acceso privilegiado al petróleo.  Bastaría con que Arabia Saudita pretenda cambiar su política petrolera para que EEUU la califique de tirana, corrupta, violadora de derechos humanos, antidemócrata, amenaza para la seguridad nacional, para la región, etc., y sus tropas reciban la orden de llevar “libertad y democracia” a ese lugar, derrocando y asesinando a sus jeques.  Y la lista de gobiernos protegidos por la gran potencia es larga, claro, siempre y cuando sean ejecutores de sus planes.

 

El caso de Israel es un ejemplo descollante de la acción tutelar que ofrece ese estado norteamericano a gobiernos súbditos.  Día a día son reseñadas por la prensa las violaciones a los Derechos Humanos que este país comete sobre otros, especialmente en Palestina y Líbano.  Alianzas geoestratégicas, políticas, económicas y militares, conforman el bloque de intereses que ligan a los dos países y que hace a Israel inmune a los calificativos de terrorista y criminal que lanza EEUU sin contemplación a aquellos que osen desligarse de sus requerimientos.  Iguales tácticas se aplican para cualquier agente de los EEUU que por algún motivo traicione o no cumpla las demandas exigidas por la máxima potencia y “policía mundial”.  ¿Será este el motivo por el que EEUU protege a Uribe a pesar de su grueso y contundente dossier criminal? ¿Qué mensaje le enviaba el país del norte a Uribe cuando desclasificó una información tan comprometedora, siendo este presidente? ¿Por qué Uribe, luego de haber defendido —con mano firme y corazón grande— la no extradición de nacionales en los años ochenta, en el apogeo del cartel de Medellín, hoy es uno de los presidentes con más extradiciones firmadas a EEUU? ¿Por qué actúa como un acucioso agente desestabilizador de gobiernos ajenos a los intereses estadounidenses? ¿Por qué cumple a rajatabla y sin revirar con las órdenes de ese país en todos los campos especialmente en los político-económicos?

 

En el libro “Frechette se confiesa” de autoría del periodista de investigación y ganador del premio Pulitzer, Gerardo Reyes, el exembajador de los EEUU demostró que ese país estaba al tanto de las actividades de Uribe y que, por ser su fiel servicial, ha desdeñado las graves acusaciones que pesan sobre su espalda.  Frechette hace referencia al tema de las convivir, cuando Uribe fungía como gobernador de Antioquia, con expresiones tales como: “No niego que me comí el cuento.  Y con el pasar del tiempo me di cuenta que era un señor extremadamente hábil pero muy creyente en los paramilitares”.  Frente al tema del desarme de estos dice que “no lo convenció”, y añade: “A otro perro con ese hueso.  Pero Uribe tenía apoyo en el congreso y en EEUU”.

 

Cuando le pregunta si cree que Uribe tuvo que ver con el auge del paramilitarismo en Colombia responde firme: “Por supuesto.  Las Convivir fueron la raíz de lo que después se convirtió en un enorme problema.  Cuando Uribe como presidente se dio cuenta de que ya los gringos estaban oliéndose todo, entonces decidió hacer el desarme de los paramilitares.  Un desarme completamente chimbo, como usted sabe.  Había unidades completas que nunca habían sido Convivir ni nada de esas cosas.  Y Washington se quedó dormido”.

 

Luego, frente a la pregunta de que si Washington fue alcahueta de Uribe en el tema de los paramilitares, responde sin vacilar con un contundente y escueto ¡Sí!  Afirma también que Uribe era una persona muy diferente a lo que él pensaba. “No es democrático, no tiene mucho respeto ni por lo judicial ni por el Congreso, una persona autoritaria y muy populista, en muchos sentidos es muy parecido a Chávez”.  Frechette cuenta que mucha gente le alertaba sobre él: “No le tenga mucha confianza a Uribe, es un tipo ligado con los narcos, que apoya a los paramilitares.  Me hablaban pestes de él en esa época, fui a verlo y quedé muy impresionado, pero no me dio ninguna satisfacción en los temas que nos preocupaban”.

 

Pasado el deceso de Frechette a mediados de 2017, la revista Semana —basada en el libro de Gerardo Reyes— en su publicación titulada “El Virrey ha muerto”, consigna en uno de sus párrafos: “Reyes también indagó a Frechette en el libro sobre sus opiniones respecto a Álvaro Uribe.  Lo primero que dijo fue que la desmovilización de los paramilitares durante ese gobierno fue una farsa total.  También cuestionó algunas decisiones que César Villegas, el número dos de la Aeronáutica Civil, tomó a favor de algunos narcotraficantes cuando Uribe era el director a comienzos de los ochenta.  Agregó finalmente que “el gobierno norteamericano estaba tan satisfecho con la gestión de Uribe que decidió no pararle bolas a los rumores que circulaban en su contra”.  También le dijo: “Hay secretos de Estado que no contaré”.

 

Reyes sondea a Frechette sobre su concepto respecto al entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez.  Frechette recuerda que alguna vez indagó al gobernador sobre el por qué había nombrado al narcotraficante César Villegas en un cargo directivo dentro de la aeronáutica, y asegura que Uribe se escudó diciendo: “Villegas era un experto en aviación, pero no sabía que era un torcido”.  El exembajador además explicó que “Estados Unidos decidió apoyar a Uribe porque este siempre mostró ser un hombre de los gringos”, es decir, un incondicional, siempre dispuesto a respaldar las políticas estadounidenses”.

 

La ceñida alianza entre Uribe y el gobierno estadounidense es de carácter personal, tanto así que el entonces mandatario George Bush invitó a Uribe a su rancho de Crawford, Texas; un lugar reservado para personajes muy cercanos o de relevante importancia estratégica para los Estados Unidos como Tony Blair o Ariel Sharon.  Este episodio, según palabras del entonces ministro de relaciones exteriores de Uribe, Luis Fernando Moreno, “es una muestra más de la importancia que Estados Unidos le da a Colombia y ratifica la condición de ser su primer aliado de la región”.  Bush también premió a Uribe con la Medalla Presidencial de la Libertad, la más alta distinción de Estados Unidos a un civil, paradójicamente por “su lucha contra los grupos armados, el narcotráfico y su compromiso con la libertad, la democracia y las reglas de derecho”.  “Está dedicado a la prosperidad del pueblo colombiano y sus políticas han restablecido las fundaciones de una paz y de la democracia en Colombia”, dijo la Casa Blanca momentos antes de que Bush impusiera la Medalla al mandatario colombiano.  Con la misma distinción y el mismo día fueron condecorados el entonces ministro británico Tony Blair y el de Australia, John Howard, otros gobernantes claves para EEUU.

 

La elaboración de la lista de la DIA y su posterior desclasificación, las declaraciones de Frechette y la certeza de que “EEUU lo sabe todo de todos” —más aún en un país históricamente aliado como Colombia— son hechos más que dicientes respecto a “la vista gorda” que la gran potencia ha ostentado sobre uno de sus más diligentes serviciales: Álvaro Uribe Vélez.  Pero aún hay más.  El 25 de mayo de 2018 el diario The New York Times publica una nueva desclasificación que la NSA (Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos) de unos cables comprendidos entre 1992 y 1995 donde Uribe es asociado con el narcotráfico: en esos documentos se asegura que, en 1993, el senador Luis Guillermo Vélez Trujillo (fallecido) declaró que los Ochoa Vásquez habrían financiado la campaña política de Uribe, y agregó que Uribe era primo de ellos (hecho ratificado por el mismo Patriarca Fabio Ochoa en su libro) y que ese vínculo explicaría la existencia de reuniones secretas entre Uribe Vélez y la esposa de Escobar en diciembre de 1992, en acercamientos para lograr una entrega del capo que nunca prosperó.  Uribe dice que esa reunión era con la mamá del capo y no con su esposa.

 

Uno de los cables señala: “Como mucho otros políticos colombianos, Uribe Vélez es sospechoso de involucrarse con la industria del narcotráfico en Colombia”.  Otro, recoge el testimonio de Alejandro González, un senador liberal, el mismo partido de Uribe por esas épocas, donde les dice a los diplomáticos que “Uribe temía por su vida porque no pudo cumplirle a sus contactos del Cartel de Medellín” la promesa de negociar un acuerdo con el gobierno para lograr la rendición de Escobar.  Y un cable más, reza: “un reporte de la embajada de 1992 describe el fracaso de Álvaro Uribe para nominar, en una asamblea del partido, a una persona asociada con un familiar narcotraficante como candidato por el Partido Liberal a la Alcaldía de Medellín en las siguientes elecciones.  Cuando ese esfuerzo falló, de acuerdo con el reporte, Uribe propuso la candidatura de un tío de Pablo Escobar, quien fue asesinado”.

 

“Seguimos sospechando de las conexiones de Uribe con el narcotráfico”, dice un cable de 1992 en el que los diplomáticos estadounidenses discutían las operaciones antidrogas realizadas con el apoyo de Uribe.  En un cable de julio de 1993 dice: “El senador Uribe ha demostrado ser un enigma para la embajada: tiene lazos familiares con los narcos (es primo de los Ochoa) además de los rumores de contactos creíbles que lo vinculan, pero sus declaraciones contra los traficantes y las protestas vehementes en la embajada”, escribieron los diplomáticos, “dicen lo contrario”.  Bueno, con respecto a este último párrafo, cabe anotar que Uribe siempre ha manejado dos discursos, uno público, donde posa como demócrata, impoluto, honorable, sin mancha, lleno de amor por Colombia, un patriota, legal, correcto, etc.; y el otro, donde es acusado por graves crímenes no solo por personas sino por los miles de indicios y pruebas (desdeñadas por la justicia) sobre su presunto actuar criminal.  Un anfibio que transita habilidoso el terreno abierto de sus declaraciones públicas, y con igual o mayor destreza, las oscuras y vituperables aguas del delito.

 

Las palabras que en 2007 dirigió un alto funcionario norteamericano al periodista sueco Dick Emanuelsson, dentro de la investigación sobre el presunto asesinato de Pedro Juan Moreno Villa, un potencial testigo contra Uribe, cargan una contundencia letal sobre la singular protección estadounidense de que goza: “Mientras George Bush sea presidente de los Estados Unidos, don Berna y Macaco se quedarán en Colombia.  Por razones geopolíticas, como combatir a las FARC, frenar a Chávez e impedir los cambios en Ecuador, Bolivia, Argentina y bloquear el Banco del Sur, Uribe es útil en el poder y no quieren incomodarlo.  Pero cuando cambie el gobierno por los demócratas, su extradición será en cuestión de horas, y ese día el mundo sabrá quién es Uribe, porque estos delincuentes cantarán como ruiseñores”.  Y sus palabras sobre los exjefes narco-paramilitares extraditados se cumplieron ajustadamente, pues estos se han convertido en cantatas que elevan graves notas delictuosas sobre la vida de Uribe, pero que llegan imperceptibles al oído de la justicia colombiana.  Luego dice: “Es obvio que sí.  Uribe se quedará en el poder por otro período.  Lo hará por su seguridad y la de sus amigos.  Pero el gobierno de los Estados Unidos sabe todo y más de lo que ustedes saben sobre el presidente Uribe; como sabía de Noriega, de Sadam Hussein y de Pinochet.  Cuando no le sea útil al gobierno de los Estados Unidos, lo atacarán sin compasión.  Uribe no es bien visto por los demócratas.  Al Gore lo demostró muy claramente”.

 

¡Jueputa (sic), si a mí me llegan a matar, que todo el mundo sepa lo que pasó!, fue la exaltada frase que pronunció, desde la clandestinidad, el exdirector nacional de seguridad de la empresa Air Cargo Lines (con sede en Colombia), en una reveladora grabación que salió a luz el 2 de enero de 2020.  En ella aseguró que Álvaro Uribe ayudó a exportar diez mil kilos de cocaína para el Chapo Guzmán desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá entre el 2006 y el 2008, y que por ello le pagaron un millón de dólares y le obsequiaron una esmeralda al entonces presidente.  … “todo esto fue coordinado por Álvaro Uribe Vélez junto con mi jefe, junto con la aeronáutica civil, junto con unos narcos allá que todavía están libres en Colombia, y con gente muy poderosa, con gente muy muy muy poderosa (sic); a mí me amenazaron los paramilitares, primero Los rastrojos, después los del golfo, ahorita que es el clan de Sinaloa, … el tema es que si yo vuelvo a Colombia me van matar hermano, me van a matar”.  Según el testigo, ese dinero y la piedra preciosa se los envió a Uribe el director de Air Cargo Lines, el ingeniero José Raúl Jiménez Villamil, alias Inge, o El pájaro, quien fue detenido en 2010, solicitado en extradición por España y condenado a catorce años de prisión por introducir dos toneladas de cocaína usando sus aeronaves.

 

El dinero destinado a Uribe lo entregó a unos presuntos policías de civil que se movilizaban en camionetas, asegura el testigo.  Su relato de casi una hora es detallado: nombres, fechas, lugares, descripciones de las supuestas maniobras criminales, datos de las aeronaves, etc.   Así mismo, afirma que Uribe se reunió varias veces en el Palacio de Nariño con Jiménez Villamil para concretar la construcción de unos cuartos fríos en el aeropuerto El Dorado que tenían como fin almacenar la droga.  Esas instalaciones se fabricaron con el visto bueno de Fernando Sanclemente, alias Velero 1, y de Andrés Forero, alias Velero 2, quienes desempeñaban altos cargos en la Aerocivil y tenían una estrecha relación con Jiménez; incluso, para su construcción se infringieron unas normativas aéreas, al acaparaban parte de la pista de carga y parqueo de los aviones.  El cuarto frio y el logo de la empresa pueden observarse con solo ingresar a google maps.  Ninguna otra aerolínea había hecho eso (construcciones), todos se extrañaban.  ¿Por qué a esta sí se le permitía hacerlo?  La duda parece zanjarse.

 

De esas reuniones en Palacio se consiguieron los permisos para los aviones provenientes de México que cargaban con droga y que salían con destino a los capos del cartel de Sinaloa, El mayo Zambada y El chapo Guzmán.  ¿Otras coincidencias con las mismas actividades a las que se dedicaba su familia, los Cifuentes Villa, por las mismas épocas? ¿Las dudas sobre la relación de Uribe con los carteles mexicanos, se disipan con estos presuntos hechos?  Los carteles mexicanos en la actualidad dominan una parte del territorio nacional, y sus actuaciones para sembrar terror, conocidas por todo el mundo, ya se están desarrollando allí.  Si las relaciones de Uribe con esas tenebrosas organizaciones son ciertas, la responsabilidad de este líder político en los crímenes perpetrados por esas agrupaciones en suelo colombiano sería inconmensurable.

 

El testigo cuenta que gracias a las gestiones de Uribe, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias Jesusito, el hijo del Chapo, venía a Colombia a verificar los cargamentos para su padre, que entraba disfrazado de piloto y que la orden era no requisarlo:  … “nunca pasaba por migración, la orden era no tocar a ese muchacho”.  Efectivamente, la noticia de que el hijo del capo mexicano anduvo en Colombia ya había sido registrada por la prensa años atrás de la revelación.  El entonces mayor Luis León, alias El tigre, comandante de la policía antinarcóticos del aeropuerto para la época, le había informado al testigo que, por órdenes de Uribe, ya tenía permiso para empezar a trabajar en estas operaciones de narcotráfico que involucran a altos funcionarios de la Aerocivil como Fernando Sanclemente, alias Velero 1, actual embajador del gobierno Duque en Uruguay;  políticos como el exsenador Jorge Enrique Gómez, apodado El pastorcito (por ser pastor cristiano); empresas como Aeropostal Cargo de México, paramilitares como Augusto Torres Lujan, alias Mono Vides, perteneciente a Los rastrojos; narcos colombianos como Holber Cañon, alias DJ, y Marco Barrera, alias El embolador; empresarios y lavadores de dinero como David Murcia Guzmán, alias El empresario, unos pastores mexicanos de apellido Portela, quienes habrían sido el puente comunicacional entre Uribe y los carteles de ese país;  y hasta agentes de la DEA como Emir Abreu, a quien le decían “Abastos”, entre otros influyentes personajes en distintos sectores de la sociedad.  El testigo describe minuciosamente las tareas que cada uno desempeñaba en esta presunta sociedad delictiva de carácter internacional.  “Don Carlos” le llamaban al avión cargado con droga cuando decolaba del aeropuerto y/o llegaba a su destino, y “Gobierno” era el alias para Uribe, según el testimonio.  “Chespirito” sería otro de las “chapas” que le asignaron los carteles mexicanos al expresidente, según el abogado, periodista e investigador Daniel Mendoza Leal.  Una alta fuente de inteligencia norteamericana se lo habría confirmado.  Algún aire en su físico con el genial comediante manito quizá haya sido la razón.

 

El 12 de febrero de 2020, las autoridades allanaron un gigantesco laboratorio de cristalización de cocaína con capacidad para producir dos toneladas del alcaloide, ubicado en Guasca-Cundinamarca, en una de las fincas del embajador Fernando Sanclemente Alzate.  Guasca es un municipio que está a solo media hora de Bogotá.  Es improbable que la droga que producía ese laboratorio haya tenido como puerto de exportación algún muelle en el pacífico o alguna pista aérea clandestina en un paraje selvático, pues la clara ventaja de espacio y tiempo con respecto a El Dorado, habrían vuelto a este la mejor opción para ese objetivo, más si se tiene en cuenta los antecedentes de ese aeropuerto en operaciones de narcotráfico y lavado de activos, por nombrar solo algunos: En 2005, el congresista Luis Elmer Arenas denunció que al interior de El Dorado existía una organización para exportar cocaína hacia México en los aviones de la aerolínea Avianca.  Según Arenas, el entonces general de la policía, Jorge Daniel Castro Castro, estuvo implicado en dichas actividades delictivas, pero el presidente de la república ignoró las denuncias.  Así mismo, Arenas denunció a otros miembros de la policía y del ejército, como al entonces director de la Escuela Superior de Guerra, el general Mario Correa Zambrano, por tener vínculos con peligrosos criminales como “Jabón” y “Don Berna”.

 

Uno de esos cargamentos de droga fue incautado en México por las autoridades de ese país. Varios miembros de la banda, entre ellos, agentes de la policía, del ejército y de Avianca, fueron detenidos y pedidos en extradición.  Estos se abstuvieron de involucrar a otras personas.  El general Castro había sido posesionado como director general de la policía nacional en el año 2003 por parte de Álvaro Uribe, quien tiempo después lo condecoró.  En 2007 se comprobó que Castro hacía parte de una red de interceptaciones ilegales (Chuzadas) a periodistas y sectores de la oposición desde la DIPOL, y fue destituido junto a una docena de oficiales.  El general Correa Zambrano había sido ascendido en 2005.  De ambos dijo Uribe que eran “honestos y buenos servidores de la patria”, acudiendo a su típica costumbre de avalar conductas, ascensos o posesiones de militares y policías que han estado denunciados o investigados por la justicia.  Ejemplos de esa solapada usanza hay por doquier a lo largo de su carrera política y gubernamental.

 

Las investigaciones por lavado de activos en El Dorado no son menos copiosas: En 2016 se llevó a cabo un operativo dirigido por autoridades norteamericanas llamado “Red, White and Green”, donde se desmanteló una red de casi sesenta personas que traían dinero del narcotráfico en aviones de la aerolínea Avianca.  El enlace de estas con el cartel de Sinaloa era Homero Rivera, alias Tío, quien fue capturado en Medellín.  La red operó por más de veinte años en el Aeropuerto El Dorado, controlando el lavado de divisas y el reclutamiento de personal de Avianca.  La alianza entre empleados de Avianca y el Cartel de Sinaloa seguiría funcionando en la actualidad, pues en 2019, la Guardia Civil Española capturó en Barcelona a un jefe de cabina de Avianca que llevaba una carga de droga organizada y colocada por empleados de El Dorado.  Esa aprehensión se dio con apoyo de la DEA para buscar desmantelar una organización dedicada a lavar activos y traficar drogas a través de empleados de El Dorado.  También existen reportes de que Avianca es una de las aerolíneas preferidas por los narcos mexicanos para transportar droga al Aeropuerto del D.F en México.  En 2007, los norteamericanos comenzaron a realizar investigaciones contra su personal.  En los Gobiernos de Álvaro Uribe nunca se investigó estas denuncias.  La hermana del actual presidente de Colombia, María Paula Duque, es una alta ejecutiva de esa compañía aérea.

 

Pero no solo el Dorado es el único puerto aéreo que ha estado inmiscuido en escándalos de narcotráfico y lavado de activos.  El aeropuerto Olaya Herrera de Medellín ha sido desde las épocas de Pablo Escobar uno de los principales medios para sacar droga “Made in Colombia”, incluso, ha estado bajo control de jefes narco-paramilitares como Don Berna, todo, desde luego, con la plena colaboración de funcionarios estatales de primer nivel.  Igualmente, los aeropuertos José María Córdoba de Rionegro, Rafael Núñez de Cartagena, y Alfonso Bonilla Aragón de Cali, entre otros, han sido importantes aeródromos usados por el narcotráfico, como se puede comprobar en las noticias y en los reportes oficiales en todas partes del territorio nacional, en todo tiempo, a cualquier hora.  Pero si las escándalos que se han descubierto —muy inferiores en cantidad a los que permanecen ocultos— han sido de una importancia considerable, los “menores” se vuelven prácticamente incontables: Personas que cargan la droga en sus intestinos u órganos reproductores, muchos de los cuales son obligados por la mafia o por el hambre de sus familias y que son nombrados degradantemente como “mulas”; cargamentos de droga mimetizados en los objetos más impensables y de las formas más imaginativas hacen gala de la exquisita —aunque mal empleada— inteligencia del colombiano; los miles de casos de salida exitosa de la “mercancía” que nunca saldrán a la luz porque la maquinaria estatal ha hecho posible ese ocultamiento y ese éxito.  El narco-estado que tanto soñó Pablo Escobar.

 

La Aerocivil también está involucrada en lavados de dólares, pues hay pruebas de vínculos entre cuentas bancarias de esa entidad y el Chapo Guzmán cuando Fernando Sanclemente fue su director.  En 2006 se descubrió la existencia de unas cuentas irregulares de la Aerocivil por valor de ciento cuarenta y tres millones de dólares en paraísos fiscales en Islas Caimán, New York y Miami. Según registros periodísticos, las cuentas en el exterior fueron transferidas a la firma Interbolsa que manejó el setenta por ciento de sus operaciones.  Interbolsa fue una reconocida comisionista bursátil que quebró por corrupción, estafando a miles de inversionistas.  Según las investigaciones, durante 2007 y 2008, esa compañía lavó activos a favor del Cartel de Sinaloa a través de Proyectar Valores, una firma vinculada a Interbolsa.

 

En 2011, la DEA adelantó la operación “Fuego y hielo” en la que descubrió que el dinero era transferido a cuentas que tenía Interbolsa en EEUU y que posteriormente era desembolsado a favor de terceros o del depositario.  Luis Fernando Jaramillo, socio de Interbolsa, fue el fundador de ODINSA S.A., principal socio de OPAIN S.A. y que obtuvo la concesión para operar El Dorado.  Las cuentas de la Aerocivil fueron manejadas por Interbolsa.  Jaramillo aparece en varias oportunidades y en distintos eventos con Álvaro Uribe, así como con William Vélez Sierra, un cuestionado empresario, muy cercano a Uribe y socio de OPAIN S.A a través de ODINSA S.A, una de las constructoras más grandes del país y una de las mayores contratistas del estado, perteneciente al GEA (Grupo Empresarial Antioqueño), un club de poderosos industriales de ese departamento, todos estrechamente relacionados con Álvaro Uribe Vélez y con la plutocracia colombiana en general.

 

A finales de 2005, el gobierno Uribe convocó a un concurso público para la licitación de la operación y modernización de El Dorado.  Tiempo después se descubriría, mediante denuncias de periodistas y algunos políticos, que ese concurso solo era una simulación amañada, pues ya OPAIN S.A. estaba elegida de antemano.  Este tipo de tramoyas han sido histórica y peligrosamente normalizadas en la sociedad colombiana; la corrupción estatal y el narcotráfico hacen fuertes alianzas que se presentan en las más variadas formas y a todos niveles, fortaleciendo a esas minorías gansteriles, pero, desde luego, lesionando la calidad de vida de las mayorías.

 

El Superintendente Financiero Augusto Acosta Torres detectó estas actividades de lavado de dólares de Interbolsa y comenzó a investigar a los dueños de la Comisionista de Valores. Acosta reveló que fue Uribe quien le pidió su renuncia por intermedio del entonces ministro de hacienda Oscar Iván Zuluaga.  ¿Por qué Uribe lo sacó del cargo? ¿Acaso no le convenía que se siguiera con la investigación?

 

Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, el capo colombiano que modificaba su rostro con cirugías para no ser detectado y que purga condena en EEUU, aceptó que abastecía de cocaína al Chapo Guzmán.  David Murcia Guzmán fue condenado por lavarle activos a Chupeta.  ¿El actual testimonio del exdirector de seguridad de Air Cargo Lines ensambla con estos hechos pasados?

 

El testigo también asegura que por intermedio del Mono Vides, Uribe le ordenó traer unas armas y balas desde México, unas pistolas Five-Seven (5.7 mm), apodadas “Las matapolicías”, dado su gran potencia que, en conjunto a la munición usada, atraviesa chalecos antibalas.  Dice que una de esas letales armas le fue entregada al Mono Vides como un regalo de parte de Uribe.  Añade que en ese mismo viaje trajo unos maletines con dólares, de los cuales un millón era para Uribe y trescientos mil para el mayor de la policía, Luis León, como pago por la colaboración en el negocio.  El testigo asegura que llamó a prestigiosas empresas periodísticas e investigadores para publicar estas declaraciones pero que no fue atendido, como la revista Semana, la BBC de Londres, Daniel Coronell, Felipe Zuleta (periodista de Blu radio) y hasta agencias de inteligencia como el MI5 y el MI6 inglés, o el FBI de España, y debido a esto decidió contactar a quien sí accedió a publicarla en sus redes sociales, el exagente del CTI de la fiscalía y experto en seguridad informática Richard Maok Riaño Botina, un testigo contra Álvaro Uribe Vélez y contra el exfiscal Luis Camilo Osorio por el caso de la infiltración paramilitar en ese gobierno, en la fiscalía de Osorio (en épocas de los gobiernos de Uribe), en el congreso en gobiernos de Uribe (de donde se perdieron sustantivas pruebas contra Uribe, depositadas en la comisión de acusaciones de esa entidad), en el DAS (en gobiernos de Uribe), y en otras instituciones del estado colombiano, todas, “casualmente”, en los gobiernos de Uribe.  Riaño había empezado a destapar estos entramados criminales pero descubre un plan para matarlo, decide entonces salir del país y asentarse en Canadá, donde le otorgaron asilo político desde hace ya dieciocho años.

 

El testigo, exdirector de seguridad de Air Cargo Lines, dice que no recibió los más de setecientos millones de pesos que le habían quedado a pagar por su trabajo en estas operaciones delictivas, y que decidió no seguir colaborándoles, lo que habría causado que le consideren objetivo militar de “El jefe”, como se referían —según él— a Uribe las personas que lo amenazaban.  … “yo sé quién es el jefe de los paramilitares y eso todo Colombia lo sabe quién es quién es (sic)”; “¡Uribe!” —le interrumpe quien le toma la declaración (Riaño)—, a lo que responde con una ligera y nerviosa risa, agregando “¡Eso sí no es secreto!”.

 

Dice también que él ya había entregado testimonios a las autoridades colombianas sobre las amenazas que le han hecho aunque no sobre lo que ahora revela, que por eso quedó adscrito a la unidad de víctimas de la fiscalía, que se separó de su familia, que está cansado de vivir huyendo, y que sabe que lo matarán o lo extraditarán a Estados Unidos, el país que tiene cazada una pelea de vieja data con las drogas; pero ¿qué nos hace pensar que ese país combate eficazmente el multimillonario negocio del narcotráfico?: Son profusos los hechos y los datos que muestran lo contrario.  Con largos años de recorrido desde la puesta en marcha de su doctrina prohibicionista, tanto la producción como el consumo permanecen en continuo ascenso y el papel de la gran potencia en este fenómeno parece errático cuando no cómplice, pues en las décadas de los veinte y treinta, esa sociedad palpó en carne propia la absurda postura del prohibicionismo que desencadenó una de las peores violencias y destrucciones del tejido social que haya conocido ese país, y ahora, desestimando esa experiencia, se empeñan en seguir implementándola.  No puede ser torpeza en un país informado, con uno de los mejores sistemas educativos globales y que rápidamente corrige errores; por tanto, y como muchos investigadores aseguran y como los hechos lo evidencian, son los poderes económicos legales e ilegales, facticos y estatales estadounidenses los que también, y en mayor medida, se lucran del mega negocio de las drogas psicotrópicas.  Siendo EEUU el mayor consumidor de cocaína del mundo y Colombia el mayor productor, no resulta descabellado que entre estos dos factores se entrelacen las fibras de la codicia que derivan en la capitalización de un supuesto orden moral y legal como las leyes de la prohibición; no en vano están los sucesos documentados sobre las implicaciones de agencias antidrogas como la CIA y la DEA en varias operaciones de tráfico y distribución de narcóticos en suelo norteamericano y en otros lugares del mundo, como los bien conocidos casos de las operaciones de contrabando de opio de la CIA y del Kuomintang en el “Triángulo de oro” (Laos, Tailandia y Birmania), el de la CIA y la DEA en Centro y Suramérica, el de la CIA en el sudeste asiático con los rebeldes afganos en las guerras contra fuerzas soviéticas, etc.

 

Buena cantidad de investigadores y escritores han destapado el papel de los Estados Unidos en la estructura de poder del negocio de las drogas, como el expolicía y periodista de investigación estadounidense Michael Ruppert, en su boletín “From The Wilderness”, donde exponía la complicidad de las autoridades de ese país en este muy rentable negocio en los noventa; o las denuncias de investigadores sobre el aeropuerto de Mena (Arkansas) según las cuales ese punto se había convertido en un centro de operaciones de llegada y distribución de narcóticos con ayuda de autoridades gringas y hasta de reconocidos políticos como George Bush y su hijo George W., Bill Clinton, Jef Bush (quien sería gobernador de Florida), o el fiscal Saline Dan Harmon, quien fue condenado en 1997 por cargos relacionado con drogas y el crimen organizado.  El periodista de investigación estadounidense Gary Stephen Webb, publicó su libro Dark Alliance (Alianza oscura); en él, Webb denunciaba el blindaje que les había dado el presidente Reagan a los narcotraficantes, especialmente a los que financiaban a los Contras en Nicaragua.  Sus investigaciones acapararon fuertemente la atención de la sociedad norteamericana ya que involucraban a los más altos funcionarios de la Casa Blanca.  Se dedicó a denunciar la corrupción de su país.  En 2004 fue hallado con un disparo en su cabeza.  Famosos casos ponen de manifiesto la relación de los organismos estatales estadounidenses en el negocio de la droga, como el de Hedayat Eslamina, un exagente de la CIA iraní que en asociación con esa agencia percibía ganancias del tráfico de drogas, asesinado en 1988 por su propio hijo luego de secuestrarlo para cobrar recompensa de las ganancias procedentes del negocio, en San Francisco, California.  También se sabe que el Cartel de Guadalajara, el más poderoso de México a inicios de los ochenta, logró crecer gracias a la intervención de SETCO, una compañía aérea estadounidense que era manejada por la CIA y usada para el trasporte de estupefacientes a ese país, en la que también transportaban a los Contra a Nicaragua, usando fondos de las cuentas de Oliver North, un teniente coronel (r) de la Marina de los Estados Unidos, funcionario de Ronald Reagan que luego fue despedido “por actuar sin el consentimiento de esa administración”, y condenado por varios hechos relacionados con la droga y la venta de armas a Irán (El caso Contras-“Irangate”).  North Fue indultado a cambio de su confesión ante el congreso de ese país.  Toneladas de droga fueron vendidas por la CIA en suelo estadounidense, según las investigaciones de Webb.

 

Las relaciones entre la CIA, el cartel de Medellín y el cartel de Guadalajara quedaron develadas con las declaraciones de Ernest Jacobsen, agente de la DEA.  Barry Seal, el famoso piloto de narcos como el Clan Ochoa o Pablo Escobar, e informante de la DEA, también implicó a los organismos antidrogas norteamericanos en el negocio de estupefacientes a ese país.  Seal apareció muerto con múltiples impactos de arma de fuego, en Baton Rouge, Lousiana.  “El patrón tuvo amigos dentro de la DEA”, dice Popeye en entrevista para Univisión.

 

A Miguel Félix Gallardo, “El padrino”, capo mexicano de inicios de los ochenta, la DEA y la CIA no lo tocaban porque les colabora con armas para los contras.  Vicente Zambada, hijo del capo del cartel de Sinaloa, El Mayo Zambada, afirmó después de su detención a sus abogados que él y otros miembros superiores del cártel de Sinaloa habían recibido inmunidad por parte de agentes de los Estados Unidos y una licencia virtual para el contrabando de cocaína a través de la frontera, a cambio de la información de inteligencia sobre los cárteles rivales que participan en la guerra contra el narcotráfico en México.  En Panamá hubo complacencia de parte de los norteamericanos con el tráfico de drogas efectuado por el general Noriega por el apoyo dado a los Contras y otras misiones encomendadas, claro está, antes que se le revelara al gobierno estadounidense.  Lo mismo ha sucedido en Venezuela bajo el beneplácito de la DEA y la CIA: Ramón Guillén Dávila, el general venezolano jefe de la unidad antidrogas de la Guardia Nacional en los años ochenta y que trabajó estrechamente con esas agencias en “operaciones antidrogas”, sacaba toneladas de cocaína que iban a calmar las ansiosas narices de millones de norteamericanos.  Los casos donde siguen inmersos los estadounidenses son inenarrables por su explayada cantidad, y las preguntas más obvias llegan pertinaces a la cabeza de cualquiera: ¿Por qué, siendo el país que tiene a su alcance la más sofisticada tecnología del mundo, la droga sigue inundando las calles de sus metrópolis?

 

El escritor mexicano Jesús Esquivel ha escrito libros muy bien documentados sobre este fenómeno, como lo son “La DEA en México”, en el que demuestra la intervención de esa agencia y del estado mexicano en el negocio; o “Los narcos gringos”, donde explica cómo operan los narcos de ese país y cómo el sector financiero estadounidense se lucra con el negocio de las drogas: “en Estados Unidos, si de verdad quisiera el gobierno federal de ese país combatir el trasiego y venta de drogas, primero tendría que empezar con el sector financiero (pues) está permitido hacer transferencias internacionales, sin investigación, de diez mil dólares como máximo.  Los narcos mexicanos a través de sus colegas estadounidenses, contratan a un ejército de personas para hacer transferencias bancarias a México, todos los días a todas horas, sin llegar al tope de los diez mil dólares”.  Ha expuesto también que “el Departamento del Tesoro se niega a modificar ese tipo de regulaciones de transferencias de dinero hacia México y América Latina, porque están los grandes bancos ganando dinero a través de esos movimientos, y que “también hay dinero en Estados Unidos del narcotráfico que se lava en ese país, casas que se compran, autos que se venden, dinero que se mete al banco como ahorros”.  Analistas políticos como el lituano Daniel Estulin, quien trabajó en contraespionaje para la FSB rusa, en su especial “El Gobierno de EEUU mueve más droga que los narcos latinoamericanos”, evidencian el manejo que ese país le da al multimillonario negocio las drogas alrededor del mundo, el cual mueve más de seiscientos cincuenta mil millones de dólares al año, según fuentes de la ONU, uno de los tres más rentables junto al petróleo y la venta de armas, en los que ese país también lleva la punta.  Robert Mazur, uno de los cientos de agentes encubiertos, y autor del libro “The Infiltrator” (llevado al cine por Hollywood), explica cómo el sector bancario estadounidense y de otros países participaba (o participa) —en los años ochenta y noventa— en operaciones de blanqueo de dinero derivado de las actividades del comercio de drogas.  “Sería muy ingenuo pensar que solo en Colombia hay mafias, las tenemos aquí en los Estados Unidos, no es propio de una nacionalidad en concreto”, … “el mayor blanqueador de dinero es su banco, la Reserva Federal (estadounidense)” asegura que le contó un banquero del banco ICC y que luego procedió a explicarle las operaciones de blanqueo que la Reserva Federal efectuaba, … “mi teoría es que se sabía lo que estaba pasando, …sería una vergüenza que no tuvieran a nadie capaz de averiguarlo, yo creo que sí lo tenían”, asegura en una entrevista con el periodista español Bricio Segovia.  El compañero de Mazur, Emir Abreu, citado en su libro, convalida las investigaciones de Mazur: “Si no fuera por las grandes corporaciones que actúan como blanqueadores de dinero los carteles no serían nada, y son peores delincuentes que incluso Pablo Escobar porque al menos los narcotraficantes no se esconden bajo una mentira”.  Emir Abreu, ¿el mismo que presuntamente está involucrado en el narcotráfico con Uribe y los carteles mexicanos, o se trata de un homónimo?  Pues de este Abreu se supo que se conocía con Uribe desde los ochenta.  Igualmente, José Raúl Jiménez, el narco condenado en España y que presuntamente tuvo negocios de cocaína con Uribe y los carteles mexicanos, cargaba una placa de la DEA y decía estar protegido por esa entidad, según el testimonio ofrecido por el exdirector de Air Cargo Lines, quien aseguró haber trabajado con la DEA.

 

Virginia Vallejo cuenta en una entrevista que luego de lanzar su libro, acuñando en uno de sus pasajes las buenas relaciones de Uribe con Pablo Escobar, solicitó a la DEA la prueba del polígrafo en vivo para televisión, y que esa entidad le contestó que no porque “eso era para chicos malos”.  Les pidió de todas las formas, pero se negaron.   ¿Por qué la extraña y escurridiza actitud de la DEA frente a tan grave denuncia sobre el tema al que precisamente se dedica ese organismo?

 

Hasta el propio hijo del desaparecido Pablo Escobar admite la relación directa de EEUU con los negociantes de drogas extranjeros y de ese propio país, en una entrevista para el canal RT: … “el negocio es que los norteamericanos compran la droga a todos los carteles de México, de Colombia y de cualquier país que te puedas imaginar, pero esa droga la quintuplican porque la cortan: el narcotraficante lleva un kilo de alta pureza y el narcotraficante gringo convierte en cinco o hasta ocho kilos con ese mismo kilo, entonces le paga veinte o treinta mil al latinoamericano pero hace doscientos o trescientos mil con el kilo que se queda, y ese dinero nunca abandona Estados Unidos, … Imagínate el mundo después del once de septiembre cómo se incrementaron los controles de manera dramática, hoy nos hacen quitar los zapatos para viajar a cualquier parte ¿Y la droga? ¿Subió de precio o faltó en las calles?  No, sigue pasando, es decir que la ven pasar y la dejan pasar.  Entonces yo creo que hay una enorme hipocresía que rodea este negocio y que muy cómodamente tiene llenos de dólares a los norteamericanos, y que las usan para sus fiestas y demás, mientras aquí los usan para financiar las masacres”.

 

“Allá se compra, se vende y se mete la mercancía en Nueva York, mientras que aquí se dan bala, yo no sé nada, no soy soplón”, dice el estribillo de la canción oficial de El cartel de los sapos, una famosa serie televisiva basada en la historia real de un narcotraficante condenado que se volvió delator.  Entonces, cabe preguntarse: ¿Qué tanta responsabilidad recae sobre los EEUU en el negocio de los narcóticos y la guerra en Colombia, si son sus dólares los que financian el desangre de los colombianos?  Una inmensa, por supuesto.  ¿Qué pasa con la droga que entra a ese país? ¿Quién la compra y se lucra con su comercialización? ¿Se ha visto alguna vez a un capo estadounidense preso?  Sobre la mesa donde se ponen estos interrogantes aparecen también las respuestas: Para EEUU no es un objetivo sustancial combatir el narcotráfico ni a los narcotraficantes, más bien, estos tienden a transformarse en los sofismas de distracción perfectos ante la opinión pública mundial para penetrar y asentarse en territorios que le son estratégicos para ese voraz imperio, del que ya pueden observarse los primeros signos de decadencia.  ¿Una perfecta obra teatral?

 

“La guerra contra el narcotráfico es el primer sustento del narcotráfico”, fue la aguda conclusión del investigador Fernando Garavito Pardo, fallecido en el año 2010 en un extraño accidente de tránsito en las carreteras de Estados Unidos, a donde había llegado en 2002 tras la publicación de su libro en Colombia, “El Señor de las sombras.  Una biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez”, lo que le conllevó amenazas contra su vida y la de su familia.  En 2005 ofreció una extensa entrevista para el portal de denuncia social y derechos humanos, radio Radio Nizkor, en la que expuso un análisis sobre el fenómeno del narcotráfico, con gran claridad pedagógica, del que se pueden tomar extractos como: “La administración en Colombia está sumida en el crimen organizado, no está subsumida por el crimen organizado, es un crimen organizado”, “La guerra contra el narcotráfico que organizan en este país, en los EEUU, y en la cual los narcotraficantes de Colombia que ocupan los distintos puestos de responsabilidad política y pública, consumen con el mayor de los entusiasmos esa guerra, esa fumigación que está destruyendo nuestra naturaleza, ese crimen que está acabando con nuestras comunidades, esa tragedia que está arrasando con nuestros desplazados, esa organización económica que está masacrando a nuestras gentes pobres y a nuestras gentes del común, no a los narcotraficantes, sino a nuestros campesinos, a nuestros labriegos, a nuestro obreros, a nuestros sindicalistas, a nuestros estudiantes, cómo esa guerra está pensada —divinamente— como el primer sustento del narcotráfico.  Y lo he dicho ante grupos que se quedan, en primer término, asombrados y con una cara de reacción muy negativa frente a lo que yo afirmo, pero luego de una argumentación se puede demostrar fácilmente que, la guerra contra el narcotráfico es el primer sustento del narcotráfico, y que el narcotráfico es lo que está arrasando a Colombia, y que entre paramilitares, políticos y narcotraficantes en Colombia, no hay ninguna diferencia”.  “Somos unas víctimas propiciatorias de algo que se puede resolver con una voluntad, con una decisión política del mundo, pero, efectivamente, no va a haber esa decisión política en el mundo” (en alusión a la legalización).

 

Siendo Álvaro Uribe el más político más influyente del país que más exporta cocaína a los EEUU, su mayor aliado de la región en temas político-económicos, el que les ha concedido todo lo que le han pedido, el que les cumple todos los mandatos —entre otros— el de desestabilizar gobiernos contrarios a las políticas estadounidenses, y teniendo en cuenta que al parecer el negocio-beneficio de la droga es bilateral, ¿Cómo creer entonces que la gran potencia decidiría requerirlo para ponerlo preso en alguna de sus mazmorras? ¿Al país que posee la inteligencia más avanzada del mundo en temas de espionaje y seguridad nacional, se le pasó por alto que un importantísimo funcionario del país con quien posee las mayores alianzas en todos los aspectos y en todo el hemisferio, esté presuntamente inmerso de manera tan profunda en el narcotráfico y otros delitos transnacionales? Sería muy cándido suponerlo.

 

“Las naciones no tienen amigos ni enemigos permanentes, solo intereses permanentes”, sentenció Lord Palmerston.

 

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(Sobra decir que este gobierno, si quiere perpetuar la impunidad de Uribe, debe ceñirse a las políticas norteamericanas por irresponsables que resulten para Colombia y la región.  En el plan de EEUU para derrocar a Maduro y en general a un gobierno de corte socialista, Colombia fue designada por ese país para liderar el grupo de Lima que tiene como objetivo primordial el derrocamiento de su presidente y la imposición de un «gobierno de transición» en cabeza de Juan Guaidó (con claras y fuertes relaciones con grupos paramilitares como Los Rastrojos.  Ya podrá imaginarse quién lo enlazó con esas oscuras amistades).  Si Colombia gestiona con Maduro cualquier política por insignificante que sea (coordinar cierre de frontera, pedidos de extradición, operaciones conjuntas contra grupos ilegales, políticas bilaterales de comercio, en fin, todo lo que implique una interlocución con Maduro o sus funcionarios) está tirando por la borda el plan trazado, pues estaría legitimándolo como presidente de Venezuela, por eso acuden a Guaidó, pese a que este no ostenta en la realidad ningún nivel de poder, menos un poder presidencial.  Sentar a Guaidó o a otra ficha estadounidense en la silla del despacho de Miraflores es el objetivo primordial de EEUU, y eso no se hace legitimando a Maduro, pues ese, precisamente, es el «Gran» argumento para justificar en la presidencia a Guaidó: que Maduro es un «usurpador».

Uribe está anteponiendo, como siempre lo ha hecho, sus propios intereses (IMPUNIDAD) por encima del bienestar del pueblo colombiano, venezolano y hasta de toda la región, ya que las consecuencias de una intervención militar estadounidense llevarían incluso a una guerra mundial, y para nadie es un secreto que Rusia y China tienen grandes intereses en Venezuela, y ya han expresado su rechazo a la pretensión de los estadounidenses, movilizando y dotando de poderosos y sofisticados elementos bélicos al gobierno venezolano, de los que con regularidad, Maduro hace alarde.  Si bien el propósito de Uribe es morir impune, acudiendo de forma maquiavélica e indigna a ser un simple títere de otro país, la idea de la caída de un gobierno abiertamente opuesto a su ideario político y a sus convicciones más íntimas no le es para nada desagradable, pues llegó a ser el hombre super poderoso e intocable que es gracias a esa visión ideológica retorcida, anacrónica, violenta y cavernícola de la ultraderecha neoliberal, que además, como ahora en esta pandemia se demuestra, es inservible y dañina para las mayorías.  De igual manera, toda la vieja plutocracia continental está presionando por la caída de Maduro, la incansable diatriba disfrazada de noticias sobre ese país es innegable, solo basta relacionar quiénes son los dueños de esas grandes corporaciones de la desinformación para caer en cuenta de qué intereses persiguen.  Venezuela es la esquina «malejemplera» de latinoamérica para esos grandes poderes que por siglos han sido hegemónicos.  Pero ese es otro extensísimo tema en el cual, por ahora, no me adentraré.

 

Ese es Álvaro Uribe Vélez, un hombre sin límites morales al que poco y nada le importa desatar un holocausto con tal de salvar su pellejo.  Ya lo hizo con Colombia y ahora piensa hacerlo con suramérica, y quizá, con el mundo.

Uribe y el Ñeñe Hernández, el testaferro de alias Marquitos Figueroa
Foto: archivo Presidencia.gov.co

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