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Los líderes sociales en Colombia son asesinados

Por Alexander Quiñones Moncaleano

Al menos 186 sociales y defensores de fueron en entre el 1 de enero de 2016 y el 5 de julio pasado, la mayoría en zonas donde operaba las Farc_EP ha denunciado el mes pasado la Defensoría del Pueblo.
Del total de homicidios, 52 ocurrieron en lo que va del año y hay “unos 500 líderes sociales y defensores de derechos humanos amenazados”, dijo el defensor del pueblo, Carlos Negret, durante un recorrido para verificar esta situación en Barrancabermeja, Santander. Negret afirmó que “la gran mayoría de los homicidios y las amenazas están en la zonas otrora influencia de las Farc_EP” cuyos cerca de 7.000 ahora excombatientes están concentrados en 26 zonas del país como parte del acuerdo de paz para terminar 53 años de conflicto interno.
La búsqueda de la paz es un trabajo que se debe hacer desde distintos sectores del país, el político, el social, el económico. Toda la sociedad debe tratar de superar la polarización en la que se viene sumiendo al país por algunos actores políticos, que saben que la guerra trae consigo réditos electorales. El país lleva más de medio siglo con las Farc_EP como caballito de batalla y algunos no lo van a soltar así no más. Las muertes de los 186 líderes sociales son atribuidas a las Gaitanistas de Colombia y al ; y aunque el no asume responsabilidades por estas muertes, es sabido que debe proteger y preservar la vida de sus integrantes, sean estos del estatus social o político que sean.
La responsabilidad del Estado

Paula Gaviria, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos le dijo a BBC Mundo: “No creo que haya un grupo de personas que se sienten a decir: ‘Matemos a esta gente porque no nos gusta la paz’”, “Pero obviamente”, aclaró, “matar líderes sociales sí está generando una sensación en las comunidades y en la opinión pública de que no hay ningún impacto positivo de la paz”. Por su parte, Gaviria recordó que en marzo de 2016 el gobierno conformó un grupo especial en cabeza del ministro del Interior para abordar este problema. Pero
observando las cifras, aun parece no haber resultados claros al respecto; tampoco parecen alcanzar los mecanismos de custodia, como los que provee la Unidad Nacional de Protección en torno a 6.500 personas (cifra que maneja la oficina de Gaviria).

Gaviria admitió que los victimarios aun no sienten que sea difícil asesinar a un líder. Para que eso de un vuelco -sostuvo- son cruciales las investigaciones y las condenas. Según cifras de su oficina, la Fiscalía está intentando cambiar urgentemente esto. Ya prosperaron cerca del 39% de las investigaciones de los casos de 2016 que han priorizado; tienen cuatro sentencias y tres casos en juicio, más diez en investigación.

Pero la entidad investigativa, explicó Gaviria, también tiene dificultades: testigos que tienen miedo de hablar, limitaciones para acceso las pruebas (muchas veces los homicidios ocurren en zonas remotas) y la ralentización de los procesos por las decisiones de los jueces (lentitud en dar audiencias, autorizar capturas). Como sea, para Howland, de la ONU: “El Estado colombiano tiene la responsabilidad de proteger los derechos de todos sus ciudadanos; segundo, tiene una responsabilidad específica de proteger a los defensores de derechos humanos”.

Pero el miedo y la zozobra se apoderan de líderes y defensores de derechos humanos pues la legitimación del Estado no es la mejor. Este sector de la población ha sido atacado y diezmado de manera sistemática aunque las fuerzas e instituciones del Estado digan lo contrario y no reconozcan de manera frontal esta situación. El miedo y la angustia que deben vivir a diario estos individuos no es poca, y sus familias también la padecen. En uno de los últimos casos ocurridos en el corregimiento de El Bagre, donde fue asesinado William Castillo Chima, sus familiares tuvieron que salir de la zona con lo poco que pudieron llevar. Así las cosas Colombia está en mora de proteger a sus ciudadanos y a sus defensores de derechos humanos.

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