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La masacre, un flagelo de la sociedad colombiana

Por Alexander Quiñones Moncaleano

Colombia vive una eterna . Y los que sufren este son los más vulnerables. No aquellos que viven en las grandes urbes sino los que viven en esos pueblos, caseríos, corregimientos donde el Estado es invisible o inexistente. Esos pueblos que viven en una pobreza visible y abrazadora. Cuantos colombianos han tenido que morir, o salir de su tierra para irse a sumarse a los cordones de miseria de las ciudades. Según ACNUR Colombia es el país con más desplazados del mundo. Pero antes de resolver este problema queremos resolverle el problema al vecino: Venezuela. Así estamos, llenos de muertos, de luto, a causa de las masacres que año con año nos asombran otra vez.

El Centro Nacional de Memoria Histórica tiene registradas 1.982 masacres sucedidas a lo largo de medio siglo de conflicto. Todos los actores han sido protagonistas en alguna de estas y es uno de los capítulos más importantes de la memoria del país. Y de las cuales no podemos olvidar. Son muchas. Y sean de manos de los paramilitares o los guerrilleros, el Estado es un responsable indudable, y en ocasiones cómplice.

Las masacres más recordadas y sufridas por los colombianos son quizá la de , la de Mapiripan, la de , la de , entre otras. Que no debemos olvidar y saber que hacen parte de nuestra historia de horror, terror y deshumanización. Colombia no debe olvidar nunca a sus muertos, dando cuenta por cada gota de sangre derramada, sin importar por cual bando del conflicto fue derramada. Miles de inocentes murieron, millones los desplazaron y aún hoy que vemos cambios de parte de varios actores armados sabemos que nos queda mucho camino por recorrer en este proceso hacia la inclusión y la no violencia.

Recordar las masacres. El Aro.

Hasta la mitad de los 90, Ituango fue un pueblo desconocido para los colombianos. Disimulado entre el abrupto relieve de la cordillera occidental y atravesado por el río Cauca, este municipio antioqueño, situado a 190 kilómetros de Medellín, se sostuvo en el anonimato a pesar de ser el centro de operaciones de varios los frentes de las Farc, entre ellos el 18 y 36, quienes, según cuentan sus pobladores, fueron copando su territorio desde inicios de los años 80. Durante años la guerrilla controló cada metro cuadrado de este territorio, pero a mediados de 1996 las Unidas de Córdoba y Urabá (Accu), al mando de los hermanos , llegaron al casco urbano con la intención de arrebatarles terreno.

Así, el 11 de junio de ese año los paramilitares dieron el primer golpe asesinando a cuatro pobladores en la cabecera urbana. Luego se dirigieron hasta el corregimiento de La Granja donde, tras tomar el control de la zona y ordenarle a sus pobladores cerrar las tiendas, torturaron y ejecutaron a cinco campesinos, a quienes señalaron de ser auxiliadores de la guerrilla. El plan de los hermanos Castaño era apropiarse, a sangre y fuego, de esa región estratégica entre los departamentos de Antioquia y Córdoba para el paso de armas entre el norte y el centro del país, así como para el cultivo y procesamiento de drogas en una zona donde la presencia estatal históricamente ha sido invisible.
Esas primeras incursiones eran apenas una advertencia de lo que ocurriría entre el 22 y el 27 de octubre de 1997 en un desconocido y alejado corregimiento llamado El Aro.

Durante esos días un comando paramilitar conocido en la región como los “mochacabezas”, realizó un recorrido macabro que empezó en el corregimiento de Puerto Valdivia, a orillas de la vía que comunica a Medellín con la Costa Caribe. Antes de llegar a El Aro, el grupo conformado por unos 200 hombres recorrió las veredas Puquí, Remolino, Puerto Escondido y Organí, donde asesinó a ocho campesinos. Algunos de ellos fueron torturados antes de recibir un tiro de gracia, otros fueron baleados y sus cuerpos abandonados a un lado del camino. Cuando pusieron los pies en El Aro, los paramilitares ordenaron a sus habitantes salir de sus casas y dirigirse hasta la plaza, y allí, entre gritos e insultos, continuaron el sanguinario ritual. El primero en morir fue el tendero del pueblo, Marco Aurelio Areiza, de 64 años. Los testigos dicen que después de amarrarlo a un palo los paramilitares le arrancaron los ojos, el corazón y los testículos. “¡Guerrilleros malparidos, se van a morir todos!”, gritaron los bárbaros y siguieron con la cacería. Aturdidos, los pobladores vieron como mataban a sus vecinos y violaban a varias de sus mujeres. Antes de marcharse, ordenaron a los sobrevivientes que se largaran del caserío y procedieron a prenderle fuego a las viviendas. Quemaron 42 de las 60 casas del poblado, asesinaron a 17 campesinos y obligaron a algunos de los sobrevivientes a arrear, hasta varias fincas del Bajo Cauca, más de mil reses que robaron en el camino. El plan paramilitar para sacar de su madriguera a la guerrilla ya empezaba a ponerse en marcha.

De nada sirvieron las denuncias que el abogado Jesús María Valle –oriundo del corregimiento La Granja y destacado defensor de derechos humanos–, había hecho a las autoridades regionales sobre el asesinato de campesinos en Ituango y la estrecha relación que sostenían los paramilitares con miembros del ejército y la policía que operaban en el pueblo. En declaraciones dadas a la Fiscalía Regional de Medellín el 6 de febrero de 1998, Valle Jaramillo dijo: “El grupo paramilitar sembró terror en Ituango. En un solo día había hasta cuatro asesinatos en la plaza en presencia de todos, de todas las autoridades, del Ejército y la Policía, y no había ni respuesta del gobernador de Antioquia, ni del secretario de Gobierno, ni del comando de la Policía, ni del comando del Ejército”. Y enfatizó: “De 1996 a 1997 (diciembre 31) fueron asesinados más de ciento cincuenta (150) ciudadanos de la región, entre ellos dirigentes de la acción comunal, campesinos humildes, dueños de tiendas comunitarias, profesores y transportadores”.

El 27 de febrero de 1998, veintiún días después de haber juramentado en la sede regional de la Fiscalía, Jesús María Valle fue acribillado por dos hombres y una mujer en su oficina, ubicada en el cuarto piso del Edificio Colón, en pleno centro de Medellín. Con el tiempo se sabría que los autores del homicidio pertenecían a la banda La Terraza, la cual ofrecía sus servicios a Carlos Castaño.
Por las masacres de El Aro y La Granja, en julio de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano por omisión y acción directa de los miembros de la fuerza pública, y lo obligó a reparar integralmente a las víctimas. Los campesinos de la zona han denunciado insistentemente que esas reparaciones nunca llegaron y que aún hoy, 19 años después de la masacre, continúan echados a su suerte en ese paraje olvidado, al que solo es posible llegar en mula después de recorrer siete u ocho horas de camino.

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