¡Protejan a Daniel!

La apacible noche del 3 de Marzo del presente año fue bruscamente agitada por un terremoto judicial y periodístico que agrietó los pilares del gobierno uribista: Gonzalo Guillen, respetado periodista de investigación y el abogado Daniel Mendoza, publicaban en su portal «La Nueva Prensa» unas grabaciones del extinto narcotraficante José «Ñeñe» Hernández Aponte



 El Shabbat 



Por Epicuro de Samos


Es el clamor de gran parte de colombianos —usuarios de redes sociales— que han lanzado a favor de Daniel Emilio Mendoza Leal, un bogotano de 42 años, abogado penalista y criminólogo, escritor, investigador y periodista.  Sus exitosas actividades en esos campos lo posicionan sin duda alguna entre los grandes batalladores por la justicia y la verdad en Colombia. Y son esas características, precisamente, las que hoy lo tienen en la mira impiadiosa e implacable de los grandes criminales, pues grandes son y han sido sus batallas: Para-política, Farc-política, Interbolsa, denuncias contra El lujosísimo club El Nogal, descarnadas, incisivas y ácidas columnas de opinión contra los círculos de poder más densos de la sociedad como las tituladas «Uribe, el asesino que nos puso la mafia»,  «La élite Canibal y la lucha existencial», o sus novelas «El diablo es Dios», «La mordaza a un escritor», o sus múltiples diatribas plasmadas con su prodigiosa y vigorosa pluma en contra de la tauromaquia y la curia católica, a la que califica de pederasta e hipócrita; o sus denuncias penales contra famosos «abogados del diablo» como Jaime Lombana.  Su más reciente, decidida y peligrosa batalla: El destape de la olla putrefacta de la compra de votos para la presidencia de Iván Duque por parte de la mafia de la cocaína: La tristemente célebre Ñeñe-Política.

La apacible noche del 3 de Marzo del presente año fue bruscamente agitada por un terremoto judicial y periodístico que agrietó los pilares del gobierno uribista: Gonzalo Guillen, respetado periodista de investigación y el abogado Daniel Mendoza, publicaban en su portal «La Nueva Prensa» unas grabaciones del extinto narcotraficante José «Ñeñe» Hernández Aponte, en las que se planeaba la compra de votos en los territorios de la costa norte colombiana en favor del entonces candidato Iván Duque Márquez, por órdenes del expresidente, actual senador y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.

La noticia recorrió el país y el mundo sobre el lomo de la internet y con la pasmosa velocidad que logran solo las primicias informativas de honda relevancia pública.  Pero con esa misma velocidad se enlistaban los ejércitos oscuros —enemigos naturales de la luz de la verdad— prestos para asesinar a los aguerridos denunciantes: A los pocos días de la bomba periodística, llegaban a sus manos —de parte de un senador de la república— las pruebas de un plan para asesinarlos.   Las conocidas y al tiempo desconocidas «Águilas Negras» habían recibido —presuntamente de parte de Álvaro Uribe Vélez— la orden de silenciarlos con el ruido de las metralletas, muy al estilo de Pablo Escobar en la época de su reinado.   Según las mismas pruebas, los sicarios ya habían arribado a la capital colombiana en busca de Mendoza, de Guillen y de otros periodistas como Diana Zuleta y Julián Martínez, quienes hacen parte del equipo de investigaciones en este delicado episodio.

Desde ese día, Mendoza y sus compañeros de trabajo expusieron en redes la denuncia y pidieron a la Unidad Nacional de Protección (UNP) un esquema de seguridad, pero, como es costumbre, esta entidad demostró su ya arraigada desidia con este tipo de peticiones, que son, ante todo, un derecho fundamental de todo ciudadano y un deber ineludible e imperativo del estado colombiano.   No en vano, el deber de proteger la vida de sus nacionales está ordenado en el artículo segundo de nuestra carta magna.

Luego de tres semanas, el esquema asignado a Mendoza ha sido un carro sin blindaje, viejo, averiado, con bajísima capacidad de reacción ante un atentado, con un conductor y sin escoltas; prácticamente una burla negra y premeditada frente al tamaño del peligro que corre, pues como es bien sabido por la opinión pública criolla y extranjera, ya son dieciséis los testigos y/o denunciantes contra Álvaro Uribe Vélez que han sido asesinados.  «Buenos muertos», así se refirió éste cuando Carlos Enrique Areiza, alias «Papo», fue ultimado delante de su familia luego de haber declarado en su contra.   Uribe es sindicado de ese y otros incontables y horrorosos crímenes como masacres, desplazamiento forzado, genocidio, etc.   Cabe recordar que hasta el mismísimo temible «Popeye» (fallecido) aseguraba «abstenerse de hablar de Álvaro Uribe Vélez por seguridad».

Daniel, además, denunció penalmente a Uribe y a Duque ante la honorable Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de fraude electoral, compra de votos y relaciones con el narcotráfico, solicitando también la practica de pruebas, toma de testimonios y el arresto inmediato de la vetusta y máxima efigie de la ultra-derecha colombiana.   Sobra decir entonces que, como ciudadanos colombianos, reflexivos, estudiosos del acontecer nacional histórico y actual, hacemos responsable al citado expresidente por lo que pueda sucederle a sus denunciantes.

Así mismo, la responsabilidad recae conjuntamente en la Unidad Nacional de Protección (UNP), dada su inexplicable, injustificada y omisiva actitud, ¿O acaso la intención de esa entidad es exactamente la contraria a la que profesa su razón social, es decir, no proteger a los ciudadanos? ¿A qué obedece la desobligante forma en que ha sido tratado Mendoza y los otros periodistas, quienes también denunciaron amenazas y seguimientos y a quienes tampoco se les ha brindado tutela alguna?   Si el deber de esa entidad es proteger a los colombianos, entonces exigimos que con seriedad, premura, apego a la ley y la constitución, y de una vez por todas, que ¡Protejan a Daniel y a sus colegas!

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