Opinión

¿Del Estado de Opinión al Estado Opresor?

Por Hugo Andrés Obregón Arámbula

“Porque a una persona no pueden castigarla por lo que posiblemente hará, sino por lo que efectivamente hace. A menos que el ser drogadicto se considere en sí mismo punible, así ese comportamiento no trascienda de la órbita más íntima del sujeto consumidor, lo que sin duda alguna es abusivo, por tratarse de una órbita precisamente sustraída al derecho y, a fortiori, vedada para un ordenamiento que encuentra en la libre determinación y en la dignidad de la persona los pilares básicos de toda la superestructura jurídica” Sentencia        C-221 de 1994 con ponencia de Carlos Gaviria Díaz.

 

Con la expedición del Decreto 1844 de 1 de octubre de 2018, el Gobierno del presidente Iván Duque emitió su primera disposición dentro de su “estrategia” cuatrienal para neutralizar el consumo de sustancias ilegalizadas[1] en el territorio nacional. A través de esta medida visiblemente autoritaria se confirmó el viraje radical que asumirá las políticas antidrogas del Estado colombiano durante esta administración, transitando de una visión de salud pública y de libertades individuales hacia una visión restrictiva, que muy seguramente facilitará actuaciones arbitrarías por parte de la autoridad y probablemente limitará garantías individuales para su cabal cumplimiento, era apenas lógico.

 

Por medio de este instrumento, abiertamente inconstitucional, el Gobierno aspira hacer frente al incremento de los cultivos ilegalizados con un enfoque eminentemente criminal, arremetiendo contra los consumidores –eslabón más vulnerable de la cadena- bajo el argumento fútil de la persecución disuasiva. Sin embargo, este tipo de medidas no consiguen persuadir el consumo, ni mucho menos atacar a las grandes estructuras que dominan el próspero negocio, por cuanto no plantea verdaderas disposiciones tendientes al tratamiento del consumidor crónico, ni muchos menos traza una efectiva estrategia para la persecución, desarticulación y captura de los cabecillas que intervienen en los canales de producción, distribución y comercialización de las sustancias aludidas con la medida; más bien este, deja entrever que no se escatimarán en esfuerzos para contener el consumo concentrando la atención en hostigar a las minorías poblacionales y ciudadanos con hábitos de uso, que lumbreras.

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Es indiscutible que, todas las disposiciones adoptadas en el Decreto afectarán drásticamente derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad, la autodeterminación del individuo, la intimidad y el buen nombre. Y no subestimen, cuando sostengo que estas grandes conquistas del constituyente se encuentran en riesgo, no solo por cuenta de esta anacrónica medida fallida que privilegia la percepción de seguridad ciudadana sobre las garantías individuales, sino que también este Gobierno ha dado señalas claras de una acentuada tendencia de talante un tanto intolerante con la diversidad, indicios graves de un tufillo dictatorial.

 

Las facultades otorgadas con ocasión de la expedición del Decreto a la Policía Nacional son en esencia procedimientos invasivos de marcada tendencia opresora, cuya auténtica finalidad es el control social y la estandarización de la población dentro de unos lineamientos ideológicos generalizados. De esta forma se empodera a las instituciones públicas de la capacidad de intervenir en las decisiones del resorte privado de cada individuo, arrogándole la superada potestad de incursión e injerencia del poder del Estado en la órbita particular del individuo, escabroso!.

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No dejemos de lado que con esta decisión se fomenta la estigmatización social de segmentos poblacionales no estandarizados haciéndolos presa fácil de asedios permanentes por parte de la autoridad policiva, quienes claramente no se encuentran capacitados para afrontar los desafíos de la medida y, en consecuencia apelarán a sus “criterios de identificación” fundados en imaginarios sociales, estereotipos y prejuicios, lo que, conllevará a todo tipo de atropellos, se imaginan.

 

No obstante todo lo anterior, el retardatario Decreto será promocionado y divulgado dentro de una macro-estrategia de comunicaciones para justificar su necesidad; asimismo, sus resultados y “bondades” serán exaltados con el firme propósito de convencer a la opinión pública de los beneficios colectivos de medidas de esta naturaleza que terminarán por justificar otras similares o aún más violatorias contra las libertades personales, limitando nuestro órbita de desenvolvimiento individual, y cediendo cada vez mas nuestra libertad al escrutinio de un Estado inmiscuido en nuestro destino y nuestra vida, que infortunio.

 

 

 

 

 

[1]  Según la RAE ilegalizar es el procedimiento mediante el cual una autoridad decreta que algo pase a la condicion de ilegal.

 

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