MENTIRA LA MENTIRA, MENTIRA LA VERDAD

Simona Levi, de la plataforma por los derechos democráticos en la era digital Xnet, a los escasos medios de comunicación que acudieron a la cita de presentación del libro #FakeYou. Fake news y desinformación (Rayo Verde, 2019), que ella ha coordinado



 El Shabbat 



Por José Durán Rodriguez


Para controlar la veracidad de lo que leemos, escuchamos o vemos, el colectivo Xnet propone una verificación previa de la información que se difunde, basada en saber quién paga las fake news y quién cobra por crearlas y propagarlas. La plataforma advierte que los principales productores de mentiras son —y han sido siempre— gobiernos, partidos políticos y grandes empresas de comunicación, y también recuerda que este fenómeno no es reciente ni se debe a internet.

l domingo 10 de noviembre, la edición digital del diario El Mundo publicó una noticia muy discreta —con una sola palabra en el titular (“Sentencia”), sin foto y sin permitir comentarios— y lo hizo obligada por la justicia. Se trata de la sentencia firme número 125/2019, de fecha 18 de julio de 2019, que rectifica el reportaje publicado el domingo 21 de febrero de 2016 en el suplemento Crónica del diario y firmado por Javier Negre bajo el título “Habla la primera mujer a la que torturó el asesino de Cuenca”.

La sentencia dice que “jamás fue concedida una entrevista por la que fuera la anterior relación sentimental de D. Sergio Morate García, conocido como ‘El asesino de Cuenca’, ni esta fue nunca víctima de tortura y tampoco conoció, ni pudo prevenir, a las chicas asesinadas”. La entrevista, por tanto, fue una invención de Negre que El Mundo publicó como historia auténtica.

El fallo también señala que la mujer nunca consintió que este diario publicara una fotografía obtenida de su perfil de Facebook. Dicha fotografía fue obtenida y difundida sin su autorización.

De modo paradójico —no hace falta abundar en las razones, explicarla es lo peor que le puede pasar a una ironía—, al final de la publicación del 10 de noviembre en El Mundo aparece una leyenda que se ha hecho común últimamente en algunas de las grandes cabeceras de prensa: “Conforme a los criterios de The Trust Project”.

En su propia web se lee que The Trust Project es “un consorcio internacional de periódicos de máxima relevancia que está desarrollando estándares de transparencia que contribuyan a la práctica de un periodismo de mayor calidad y credibilidad”. También se añade que está liderado por la premiada periodista Sally Lehrman y financiado por Craig Newmark Philantropies, Democracy Fund y Facebook, y que “ha desarrollado una serie de indicadores digitales de confianza y credibilidad para ayudar a los lectores a evaluar la validez de las informaciones”.

“The Trust Project es green washing”, explicó el martes 5 de noviembre Simona Levi, de la plataforma por los derechos democráticos en la era digital Xnet, a los escasos medios de comunicación que acudieron a la cita de presentación del libro #FakeYou. Fake news y desinformación (Rayo Verde, 2019), que ella ha coordinado. Aludía la activista con esa expresión al hecho de que The Trust Project es más una etiqueta que lava las malas prácticas de los medios de comunicación que una fuente que inspire confianza y credibilidad en quien lee.

El libro plantea cuatro tesis. La primera es que el fenómeno de las fake news se está utilizando como excusa para recortar libertades y derechos fundamentales. La segunda, que la desinformación y la propaganda no se han inventado con internet. “Lo online es una parte pequeña del problema de la desinformación”, señaló Levi.

La tercera sugiere que la respuesta legal ante la difusión de mentiras y medias verdades es “liberticida”, puesto que “promueve doctrinas normativas que dificultan la libertad de expresión y de información” y, al mismo tiempo, “criminaliza el uso de nuevas tecnologías”, según se lee en sus páginas. El libro pone como ejemplos la regulación en Alemania, Francia y Rusia, calificando a esta última como la más explícita ya que, según valoran, la ley rusa contra la desinformación sirve para “disciplinar a los ciudadanos para que no falten al respeto al Gobierno”. En España, la publicación en el Boletín Oficial del Estado el mismo 5 de noviembre del Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, se ha entendido como una suerte de “artículo 155 digital” debido a que faculta al Gobierno para, con carácter excepcional y transitorio, “acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional”. Una capacidad que, según se lee en el diario oficial, podrá afectar a “cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional”.

“Los recortes de libertades online no se identifican siempre como atropellos a los derechos”, indicó Levi, para quien la lucha contra las fake news está siendo utilizada como “coartada para el recorte de libertades y derechos, en favor de quienes siempre han desinformado”.

Y la cuarta tesis que aporta el trabajo de esta plataforma activista va ahí, precisamente. Para Xnet, los grandes productores históricos y viralizadores de fake news y de desinformación “no han sido los ciudadanos comunes sino los gobiernos, las instituciones, los partidos políticos, los medios de comunicación de masas, las grandes fortunas, las corporaciones de gran alcance”. Y lo han sido, según este colectivo, por una razón muy simple: son quienes tienen los medios para podérselo permitir.

Junto a sus análisis, el libro también ofrece las propuestas de Xnet. “En lugar de atacar internet y la libertad de expresión, en lugar de crear ministerios de la verdad, se debe cambiar el enfoque: no crear un comité censor que verifique sino seguir el rastro del dinero”, resumió Levi.

“Los principales inversores en fake news son partidos políticos, gobiernos e instituciones que, además, luego legislan sobre el asunto. Son los sujetos número 1 de la intoxicación del debate democrático”, sostiene Simona Levi

La estrategia que consideran “más eficiente” para hacer frente a la desinformación es “centrarse en quién crea y paga las fake news y quién cobra por crearlas y viralizarlas”. Xnet describe ese entramado como una  “auténtica industria” conformada por gobiernos, instituciones y partidos políticos, accionistas y directivos de los medios de comunicación de masas, grandes corporaciones, grandes fortunas o celebrities, en la orilla de quienes pagan. Entre quienes cobran sitúa a empresas de comunicación política, empresas especializadas en bots y gobernanza algorítmica, medios de comunicación y plataformas de contenido en línea. “Si se desea realmente atacar el fenómeno de las fake news, estos actores deberían ser el objetivo principal”, se lee en el libro. Para Xnet, quien financia la viralización es responsable de la desinformación, no quien la recibe.

“Los principales inversores en fake news son partidos políticos, gobiernos e instituciones que, además, luego legislan sobre el asunto. Son los sujetos número 1 de la intoxicación del debate democrático”, señaló Levi durante la presentación.

Xnet sostiene que el daño que puede causar la desinformación se produce “si tiene un impacto masivo, lo que ocurre cuando existe una inversión en ella y se espera que genere ciertos beneficios, sean políticos, económicos o de otra índole”. Este colectivo entiende que el negocio que se hace con la comunicación “no es ningún derecho y, como todo negocio, debe tener límites cuando perjudica al interés general”. Por eso señala que “para diseñar normativas hay que centrarse en hacer aflorar la inversión en comunicación antes que fiscalizar el contenido en sí”.

ESTADOS UNIDOS, TRUMP Y LA ESPAÑA GLOBAL

El momento álgido, la explosión, de las fake news se produjo en la campaña de Donald Trump en las elecciones a la presidencia de Estados Unidos en 2016. Unos meses después, el sintagma fue elegido palabra del año 2017 por el Diccionario de Oxford.

El periodista Guillem Martínez, autor de uno de los textos de #FakeYou, apuntó en la presentación que, en nuestro país, España Global es un generador de fake news desde el propio Estado. Se trata de una Secretaría de Estado, creada por el Real Decreto 1266/2018, de 8 de octubre, y dirigida por Irene Lozano, que se encarga de “la gestión consciente de la imagen y la reputación de España”, con el objetivo de “mejorar la percepción de nuestro país en el exterior y entre los propios españoles”, según se lee en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Para Martínez, las fake news crean realidad y percepciones de realidad. Lo hacen, asegura, “agregando a una noticia valores y componentes sentimentales, es decir, no verificables. Crean sentimentalidad y, a través de ella, metáforas, y, a través de ellas, marcos, y, a través de ellos, itinerarios neuronales. El resultado es una realidad sustentada en valores sentimentales, que la propaganda modula ideológicamente”.

En opinión de este periodista —impulsor del concepto Cultura de la Transición con el que se ha tratado de explicar la atmósfera política de consenso implantada en España desde 1978 y alterada por el 15M en 2011—, el sufrimiento personal es el epicentro de los nuevos marcos, lo que considera como la “aportación novedosa” de Steve Bannon en Estados Unidos y en las nuevas derechas europeas. “En España, esa es la aportación de personas como Rafael Bardají, técnico de comunicación de Vox”, precisa Martínez.

CLOACAS CONTRA PODEMOS Y LA DEMOCRACIA

En los últimos dos años, la instrucción del caso Tándem, la causa contra el comisario José Manuel Villarejo, ha puesto al descubierto para la opinión pública la existencia de una trama que, desde el Ministerio de Interior encabezado por Jorge Fernández Díaz, proveía de información falsa sobre los partidos de la oposición, particularmente Podemos, que era filtrada por policías a medios que no hacían ascos a su publicación y le concedían trato preferencial en sus portadas.

El comisario Enrique García Castaño señaló el martes 8 de octubre en sede judicial al también comisario Andrés Gómez Gordo como el responsable de la elaboración del informe fraudulento sobre financiación ilegal de Podemos. Sobre aquel documento, que se divulgó el 12 de enero de 2016, un día antes de que se constituyeron las Cortes de la XI Legislatura —las primeras con Podemos en el Congreso—, se edificó un relato periodístico en torno a una posible transferencia de 93.000 euros por parte de los gobiernos venezolano e iraní a Pablo Iglesias.

Los medios OK Diario, El Confidencial y La Sexta fueron los primeros en dar la supuesta exclusiva aportada por el informe PISA (Pablo Iglesias, Sociedad Anónima). Desde la declaración de García Castaño, Gómez Gordo aparece como el primer sospechoso de haber confeccionado ese documento que fue divulgado pese a que no contaba con ningún sello o firma de funcionario alguno.

“Las cloacas no las hacen para dañar a Podemos solamente —explicó en octubre a El Salto Gloria Elizo, diputada de Podemos—, hay muchas tramas, tremendamente importantes, que tienen que ver con cuestiones que afectan a la institucionalidad democrática, que afectan a las bases del Estado”. Desde Podemos se insiste en que las cloacas son una práctica parapolicial que sobrevive desde el franquismo, puesta en marcha para mantener “el poder de las élites económicas y políticas” e indistintamente promocionadas o permitidas por el PSOE y el PP.

Elizo puntualizaba a El Salto que es “mucho más que un negocio”, un dispositivo responsable de actos criminales “para tener una intervención política y económica de primer grado en el periodo democrático”.

¿Cómo saber si lo que leemos en un periódico, compartimos en redes sociales o vemos en televisión es cierto? En los últimos tiempos han aparecido numerosas iniciativas que tratan de discernir la verdad de la mentira en lo publicado y también de desmentir los bulos propagados tanto en medios de comunicación convencionales como en redes sociales. El auge del fact checking —que tampoco es algo tan novedoso: en 1923 la revista Time contrató a Nancy Ford, su primera fact checker— se ha presentado como una herramienta para combatir la desinformación, pero Simona Levi ve el vaso medio lleno: “La verificación de contenidos está muy bien, pero es un mundo aparte respecto a las fake news. Es necesaria, por higiene democrática, pero es a posteriori, y tiene que haber espacios de verificación previa”.

Xnet propone un fact checking distribuido, inspirado en las revisiones peer to peer (de igual a igual) del campo científico y en la forma de verificación nativa digital en las comunidades de contenido en línea como Wikipedia o Reddit.

Para este colectivo, toda iniciativa “que implique la delegación en unas pocas manos de la lucha contra el fenómeno de las noticias falsas, ya sea mediante un ente gubernamental o una empresa privada, conlleva un riesgo muy real de recorte de derechos fundamentales”.

Entre las medidas de corrección que plantean figuran la “responsabilización y punibilidad de los grandes productores de noticias falsas”, la ampliación de las capacidades de vigilancia y verificación de la ciudadanía por medio de protocolos de trazabilidad y acceso transparente a la forma en que se elabora cada información, y una reforma legal, consistente en que las entidades inscritas en el Registro de Partidos Políticos estén obligadas a publicar los gastos detallados en materia de comunicaciones, tanto en línea como fuera de ella.

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