Jesús María Valle, a 22 años de impunidad

El mismo molde de testigos o denunciantes de Uribe asesinados, calzará para la historia de Jesús María Valle Jaramillo, un connotado defensor de Derechos Humanos, oriundo de La Granja, corregimiento de Ituango-Antioquia:

Álvaro Uribe Vélez y Jesús María Valle Jaramillo



El Shabbat |



Por: Epicuro de Samos


El mismo molde de testigos o denunciantes de Uribe asesinados, calzará para la historia de Jesús María Valle Jaramillo, un connotado defensor de Derechos Humanos, oriundo de La Granja, corregimiento de Ituango-Antioquia: “Yo siempre vi, y así lo reflexioné, que había como un acuerdo tácito o como un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la IV Brigada, el comandante de la policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño.  Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado por el apoyo que ese grupo ha tenido con personas vinculadas al gobierno, al estamento castrense, al estamento policivo y a prestantes ganaderos y banqueros del departamento de Antioquia y el país”.  Al siguiente día de esta declaración fue acribillado por sicarios que irrumpieron en su oficina en pleno centro de Medellín.

 

Esa fue una de sus últimas aseveraciones dentro de un proceso por injuria y calumnia que la cuarta brigada del ejército, en cabeza del General Alfonso Manosalva (fallecido), le interpuso luego de que entre 1996 y 1997 denunciara ante medios de comunicación y las autoridades la connivencia entre las fuerzas armadas, grupos paramilitares y funcionarios públicos como el gobernador Uribe Vélez, y que habrían desembocado en decenas de masacres en todo el departamento, amenazas, desplazamientos, asesinatos selectivos, usurpación de tierras, de semovientes y destrucción de formas de economía de vida campesina, y en un ambiente de zozobra generalizado en la población antioqueña, especialmente en la rural.  Según Salvatore Mancuso, las disputas por estos territorios que reposan sobre el nudo de paramillo, eran una maniobra militar común en la guerrilla o los paramilitares debido a que se establecen como corredores estratégicos dentro del conflicto armado interno por poseer óptimas características de conectividad entre distintos municipios como Ituango, Peque, Montelíbano, Chigorodó, Mutatá, Carepa, Tarazá, Cáceres y Caucasia en Antioquia; Puerto Libertador, Tierralta y otras zonas en Córdoba y en el departamento del Chocó, sin contar con las características económicas que permiten la minería ilegal y la siembra y tráfico de drogas.  Es decir, el dominio de Ituango era un objetivo de primer nivel para cualquiera de los bandos de la guerra.

 

“Desde el año pasado pedí al Gobernador, Álvaro Uribe, al comandante de la IV Brigada, en ese entonces el general Alfonso Manosalva, que protegieran a la población civil de mi pueblo, porque de septiembre (1996) a hoy (julio de 1997) han muerto más de ciento cincuenta personas”, fue una de tantas acriminaciones públicas que pronuncio Valle.  Tan fundamentadas y continuas como comprometedoras fueron sus denuncias que largos años después se pudieron corroborar en los fallos de la justicia nacional e internacional pese a que el gobernador Uribe las había desdeñado pasándolas como baladíes y tergiversándolas al punto de graduar a Valle como “enemigo de la fuerza pública”, reduciéndolas a simples calumnias.  La vieja falacia ad hominem: atacar al denunciante y desatender la denuncia.

 

Jesús María Valle Jaramillo fue abogado de la Universidad de Antioquia y dirigente estudiantil, respetado catedrático de ética profesional, derecho procesal penal y oratoria forense en distintas universidades públicas y privadas, un acucioso líder social.  Integró el Comité por la Defensa de los Derechos Humanos, seccional Antioquia desde su conformación, y asumió su presidencia en febrero de 1988 después de que paramilitares habían asesinado a varios de sus ilustres miembros y presidentes del mismo como los médicos Pedro Luis Valencia, Leonardo Betancur y Héctor Abad Gómez (padre de Héctor Abad Faciolince, compañero de colegio de Uribe), y los abogados Luis Fernando Vélez y Carlos Gónima.  Fue diputado del departamento de Antioquia por el partido conservador del cual se retiró luego de denunciar clientelismo y corrupción dentro de este y de renunciar a su curul en la que permaneció pocos meses, citando la frase del político conservador Gilberto Alzate Avendaño: “Soy como un barco que se hunde con las luces encendidas”.  También se desempeñó como gerente gremial, dirigente comunitario y concejal de Ituango.  El historiador Rafael Rincón lo describe como un valiente humanista defensor de la libertad y la justicia.   Valle dijo alguna vez: “De la misma manera que Jesús odiaba el pecado, pero amaba al pecador, todos los abogados comprometidos con el derecho penal, sean jueces, fiscales, procuradores o defensores, deben odiar el delito, pero amar al delincuente”; esa frase resume su concepción jurídico-humanista de sus actuaciones públicas o privadas durante su recorrido por esta dimensión terrenal.

 

Excelente orador al estilo clásico, sus alegatos frente a los jueces articulaban armónicamente la vehemencia del obstinado con la exactitud científica de la academia y la laxitud de los nobles sentimientos de hermandad y perdón; su profunda formación cristiana y las privaciones económicas de su seno familiar le forjaron su espíritu para el servicio social.  Su prestigio como penalista pudo hacerlo millonario, pues era solicitado para defender a los pudientes, para los cuales estaba ocupado o si recibía sus casos tasaba modestas tarifas que se desvanecían por completo si quienes requería de sus servicios eran los desposeídos.  Conocido como “la dignidad de Antioquia”, Valle, quizá al momento de su muerte, con cincuenta y cuatro años de una vida de luchas por la justicia social y la defensa de los más vulnerables, era el más importante defensor de derechos humanos del país.

 

El homicidio de Valle es una excelsa muestra del ethos fascista que inunda al establecimiento colombiano: Pese a que Valle jamás fue adepto del partido comunista, socialista o de cualquiera que abarque sus postulados y por el contrario, siendo militante del partido conservador y caminando gustoso sobre un rectilíneo direccionamiento católico, fue catalogado como comunista y amigo de las guerrillas y por tanto, sentenciado a muerte.  Incluso había denunciado a la guerrilla cuando en el sector de El pescadero emboscó a una patrulla del ejército en la cual también iban paramilitares.

 

El reiterado encasillamiento simple, ligero y falaz pero factualmente mortal de que quien defiende los derechos humanos es un auxiliador de las guerrillas, y que constituye gran parte del quebradizo piso ideológico de las élites económicas en aras de preservar sus privilegios, no es más que una burda amenaza pero también una vil acción certera que ha dado con la caída de cientos de miles de hombres y mujeres que persiguen los horizontes de paz y justicia social en Colombia.  De ahí que, a diferencia de la inmensa mayoría de países del mundo, en Colombia, ser abonado de las ideas de izquierda signifique cargar con una inscripción mortuoria en la frente.  Ese hecho descubre una de las razones del porqué es el único país de Latinoamérica que no ha tenido presidentes de izquierda.

 

El 25 de noviembre de 2017 este homicidio y las masacres del Aro, la Granja y San Roque, fueron declarados crímenes de lesa humanidad por el Tribunal Superior de Medellín, la categoría que impide su prescripción, y se ordenó compulsar copias para investigar a Álvaro Uribe Vélez.  Inmediatamente después de conocerse la noticia, Uribe salió a atacar por medio de unos tweets al magistrado Pinilla Cogollo quien, según él, ordenó investigarlo.  Acusó al togado de ser miembro del M-19 y de tener responsabilidad en la toma del palacio de justicia.  Pero Pinilla Cogollo no era quien había ordenado esta investigación aunque sí participó en otras sentencias en las que también se pedía investigarlo por actuaciones similares, de hecho, el alto tribunal ya había ordenado tres veces examinar las responsabilidades del expresidente en estos hechos, pero los llamados de la justicia por reiterados que sean terminan congelados en las aguas negras y profundas de la comisión de acusaciones de la cámara de representantes.  Nada pasa, nada cambia; es allí donde los políticos señalados de criminales encuentran su tabla de salvación.  De acuerdo con la sentencia, los ganaderos Angulo Osorio, dos de los autores intelectuales del asesinato de Valle (hasta ahora los dos únicos condenados por este homicidio), se reunían con paramilitares en la finca La Carolina de propiedad de la familia Uribe Vélez, presunto escenario de entrenamiento de paramilitares, asesinatos, planeación de crímenes y otros delicados actos delictivos.

 

El fallo del tribunal de Medellín dice: “existen suficientes elementos de juicio conforme a lo expresado en esa decisión, que probablemente comprometen la responsabilidad penal de varias personas como el gobernador de Antioquia de ese entonces, Álvaro Uribe Vélez”.   Se ordena investigar a seis militares y ratifica la condena de treinta años de prisión contra los hacendados Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio.  Ellos habrían decidido “silenciar al doctor Valle” en una reunión, entre otros, con Pedro Juan Moreno, entonces Secretario de Gobierno de Álvaro Uribe.  Los hermanos Angulo Osorio eran comerciantes, hacendados y ganaderos que, según los fallos, fueron responsables de haber llevado a grupos de autodefensa al municipio de Ituango mediante su cercanía con Carlos Castaño y otros jefes paramilitares; tenían otros procesos por elaboración y tráfico de estupefacientes.  El homicidio fue consumado por integrantes de la banda La terraza, el brazo sicarial de los hombres de Castaño y don Berna, uno de los grupos de sicariato que más perpetró crímenes de alto impacto como los del crítico político y humorista Jaime Garzón, los de los investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), Elsa Alvarado y Mario Calderón; el del defensor de derechos humanos Eduardo Umaña, o los secuestros de Piedad Córdoba, Guillermo Valencia Cossio, entre otros.

 

En la sentencia se afirma que las Fuerzas Militares permitieron el funcionamiento de los paramilitares y no los combatieron como era su deber, y que ese era un indicador que demostraba su compromiso con esas organizaciones ilegales.  El tribunal determinó que en los actos criminales estaría involucrada la gobernación de Antioquia y sus funcionarios de más alto rango: “ellos patrocinaron las Convivir que fue el apoyo de los particulares a las Autodefensas, es decir ayudaron con sus actuaciones positivas o negativas, permitieron y patrocinaron el desarrollo de tales organizaciones y de los delitos que ellos cometieron.  Ello se tiene que investigar y juzgar”, señala.

 

Resaltó la aquiescencia de los organismos estatales regionales con los paramilitares así como las súplicas de Jesús María Valle a esas instituciones para pedir protección a la comunidad: “Habló con el doctor Álvaro Uribe Veléz, con su secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno, a la cuarta Brigada, ello en presencia de concejales, del Defensor del Pueblo, de los procuradores suplicando por protección para los moradores.  La respuesta obvia fue evasiva, de tomadura de pelo, de no pararle atención pues como se probó con el tiempo esas entidades estaban aliadas con los grupos de autodefensas”.

 

Entre las muchas declaraciones tenidas en cuenta en la providencia está la de Salvatore Mancuso: “Las Convivir era una fachada de las Autodefensas, era una estructura para comprometer a los particulares en la guerra, pero estaban bajo su dominio y era parte de la estrategia para combatir la guerrilla, fue una estrategia patrocinada por la Gobernación de Antioquia”.  Don Berna afirmó en audiencia de febrero de 2012 que el fallecido Pedro Juan Moreno —hombre de confianza de Uribe— incidió en la decisión de asesinar al abogado Jesús María Valle.  Uno de los testigos reservados identificado como 001 del 18 de noviembre de 1998 indica que “la finca La Carolina es de Álvaro Uribe Vélez, allí permanecen los primos que son paracos, todos ellos son muy amigos que tienen que ir a la hacienda Guacharaca (sic) a pagarle a los paramilitares.  Me consta todo”.  En esa misma declaración, este testigo también toca el tema de los primos de Uribe, los hermanos Ochoa Vélez, como creadores de la banda paramilitar Los Erres.

 

En 2015, la sala especial de justicia y paz de ese tribunal ya había solicitado investigar al senador Álvaro Uribe por su “acción u omisión” en el caso de la masacre de El Aro y en el homicidio de Valle, haciendo énfasis en el aspecto relativo a la incursión del helicóptero de la gobernación en esa zona en el día de los hechos.  Así se oyó en la lectura de la sentencia en contra de Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, excabecilla paramilitar extraditado a Estados Unidos en 2008.  Como era de esperarse, Uribe respondió a esta decisión judicial con un ataque a los magistrados, aduciendo que eran “de la cuerda de Iván Velásquez, quien se ha dedicado a perseguirlo”.

 

En otra sentencia de 2013 los magistrados habían ordenado a la comisión de acusaciones de la Cámara investigar a Uribe por presuntamente promover el paramilitarismo desde sus cargos como gobernador y presidente de la República.  En ella también se resalta el asesinato del defensor de derechos humanos.  Esa misma sentencia es enviada por los magistrados a la fiscalía de la Corte Penal Internacional, solicitándole investigar la responsabilidad de elementos civiles, políticos y militares en la creación y expansión del paramilitarismo en Antioquia y demás regiones del país.  Es menester destacar que Uribe es asiduamente citado en las investigaciones sobre el fenómeno paramilitar: “…los grupos paramilitares fueron fruto de una política de Estado.  Su creación y expansión fue un propósito común de amplios sectores de éste, las Fuerzas Militares y la sociedad civil y fue posible gracias a la financiación de la empresa privada y el narcotráfico y la alianza entre todos ellos.  Sólo de esa manera se explica que en el corto lapso de unos pocos años coparan todo el país.  El nombre del expresidente Álvaro Uribe aparece vinculado en este texto en muchos pasajes y eventos relacionados con el origen y la expansión de los grupos paramilitares y los graves hechos cometidos por estos”.

 

Agrega la sentencia, en un párrafo que viene a configurarse como la demolición de la machacada defensa de Uribe en el sentido de alegar “no conocer lo que hacen sus conocidos o súbditos” a pesar de poseer una magnifica memoria, un estilo microgerencial, y de ser uno de los hombres más informados del país, que: “No puede ser que ignorara todo lo que estaba sucediendo en esos casos, o todos esos hechos se cometieron a sus espaldas, como tantos otros que se les atribuyen a sus colaboradores más cercanos y que tampoco podía ignorar, como los actos cometidos contra la Corte Suprema de Justicia”.  En el siguiente párrafo dice: “Pero, la cuestión no es de testimonios.  Es de lógica y lógicas.  Como en alguna ocasión dijo el actual Director de El Espectador Fidel Cano Correa: No es posible estar dentro de una piscina y no mojarse”.  Luego asevera: “la Fiscalía General de la Nación ha sido omisiva en la investigación y acusación de las estructuras y redes que promovieron, auspiciaron, financiaron y apoyaron los grupos paramilitares”.

 

Dos semanas después de este fallo, Luis Fernando Otálvaro, presidente del sindicato de funcionarios judiciales ASONAL, denunció que los jueces que ordenaron investigar a Uribe fueron amenazados, por lo que reclamó del Gobierno nacional la aplicación de una mayor seguridad para estos y todos los jueces y fiscales amenazados o intimidados: …“allí no se juzgó al expresidente Álvaro Uribe Vélez, simplemente se recolectaron unas pruebas y se le está pidiendo a su tribunal natural, que es la Cámara de Representantes, que investigue las conductas en que posiblemente haya podido incurrir el expresidente, al igual que otras autoridades, en especial vinculadas con la Policía Nacional, como también a la clase dirigente, no sólo de Antioquia sino de Colombia, que está vinculada a la financiación del paramilitarismo”, añadió Otálvaro.

 

Dentro de las investigaciones periodísticas sobre este caso, como el de la abogada María McFarland, se encuentran muchas que ponen de manifiesto —aún más— la presunta responsabilidad de Uribe en el asesinato de Valle y la masacre de El Aro; por ejemplo, cuando un testigo le contó que Uribe había tenido una reunión con Valle y el general Manosalva el 9 de diciembre de 1996, donde el gobernador le aconsejaba al militar denunciar a Valle por calumniador.  Uribe dijo que eso era falso porque el general había muerto para ese entonces, pero el general murió cuatro meses después, en abril de 1997.  El gobernador irresponsablemente ponía sobre la humanidad de Valle la diana en la que las balas de sus asesinos impactarían, dado que en Colombia ese tipo de señalamientos se toman como patentes de corso para disponer de la existencia de los demás.  McFarland recopila otros testimonios de los habitantes del Aro que habían informado a la gobernación de Antioquia sobre la presencia de paramilitares pero que no fueron atendidas, prometiendo reuniones que nunca cumplieron o en otros casos, alegando no poder hacer nada por la proximidad a elecciones (un dato que desprende suspicacias porque efectivamente la masacre se realizó en fechas electorales, donde el foco mediático y de las actividades estatales se centra en los comicios, el pretexto perfecto para excusar su inoperancia frente al execrable acto).  A pesar de que las sentencias sobre el crimen de Jesús María Valle encienden un tenue pero esperanzador haz de luz para alumbrar a algunos de los perpetradores intelectuales que aún se guarecen en las penumbras de la impunidad, las acciones de los cuerpos de investigación como la fiscalía o la comisión de acusaciones de la Cámara se han mostrado renuentes con las disposiciones de los tribunales.

 

“La impunidad premia al delito, induce a su repetición y le hace propaganda: estimula al delincuente y contagia su ejemplo”. —Eduardo Galeano.

 

La frase pareciera diseñada para los casos de los testigos o denunciantes de Uribe (o su familia) porque ya esas muertes sobrepasan las mediciones cuantitativas y cualitativas que puedan resistir la cansina defensa del expresidente y del establecimiento colombiano de aducir venganzas políticas o hechos aislados, líos de faldas o vecinales, complots o simples coincidencias: Alias Papo, Alias Cristian Barreto, Los hermanos Pemberthy, los hermanos Múnera, Pelo e´ chonta (abaleado en una taberna llamada “Texas” porque el licor “le aflojaba la lengua”), alias el relojero; José Leonidas Rada López (el comerciante que no quiso pagar la extorsión y que sabía que Santiago Uribe era parte de Los doce apóstoles), Jorge Alberto Osorio Rojas, alias Rodrigo, integrante de ese mismo grupo, y el teniente Tellez (a quienes según Juan Carlos Meneses, el actual testigo contra los Uribe, los mataron para que no hablen), o Vicente Castaño Gil, el integrante del clan Castaño, cabecillas de las AUC, crimen que en las declaraciones juramentadas de varios paramilitares se atribuye a un encargo de Uribe por intermedio del excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, actual prófugo de la justicia por la falsa movilización del Bloque Cacica La Gaitana en 2006: “Quien mata a Vicente Castaño es el Gobierno”, dijo Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche, durante su intervención en una audiencia de legalización de cargos ante magistrados delegados a Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín.

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