Colombia pasa por una crisis institucional, que ahora se nota más por la falta de conflicto armado, se podría decir que el foco de atención pasó de ser las FARC-EP, que llevaba 50 y tantos años de lucha contra el gobierno, y que después de su desmovilización y entrada a la vida civil, política y económica del país deja der ser el caballito de batalla de políticos, medios de comunicación y opinión pública. La atención se centra ahora con tensión y oportunismo en la corrupción. Y cada día, cada semana, cada mes, se destapa un nuevo capítulo de corrupción, esa que se define como la alteración más peligrosa y endémica que pueden sufrir las instituciones. Supone que un individuo o varios, en consenso, organicen y manejen el sector público a su antojo, en beneficio propio o ajeno. La misma patología arrasa a las corporaciones privadas si los gestores las administran imponiendo intereses particulares defraudatorios, frente a los de la sociedad o sus socios. También existen situaciones mixtas, donde lo público y lo privado se entrecruzan constantemente.
La perversión institucional que está saliendo a flote en nuestro país es terrible e indignante. Una de las claves del desastre reside en la ausencia de respuesta judicial apropiada durante más de 60 años. A partir de algunas causas penales (casos Besaile o Gustavo Moreno), la ciudadanía palpó que ciertas tramas delictivas, presentes en las principales instituciones del Estado y partidos políticos, resumían el origen, naturaleza y alcance de nuestra crisis económica, política y social. En el año 2015 la sociedad colombiana comenzó un duro tránsito hacia una conciencia más política y participativa. Al abrir los ojos no supo si escandalizarse más ante la corrupción evidente o ante un poder judicial que apenas se perturbaba.
Y ese es precisamente el caso que se nos acaba de destapar, por cuenta otra vez de una institución extranjera, una vez más la DEA (Drug Enforcement Administration) dio a conocer unas comunicaciones electrónica y conversaciones con Alejandro Lyons y Luis Gustavo Moreno. Los audios salpican a tres exmagistrados de la Corte José Leónidas Bustos, Francisco Javier Ricaurte y Camilo Tarquino. Que según los audios hablaban de 400, para interceder en los casos de los senadores Hernán Andrade, Musa Besaile y Luis Alfredo Ramos. Este nuevo escándalo deja mal parada a la institucionalidad del país, que ya no tiene, y voz de muchos, nunca ha tenido, una institución que defienda al país del desfalco a que viene siendo sometido desde tiempos fundacionales.
No en vano el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, dice que el desangre de la corrupción puede llegar a $50 billones al año. Una cifra que serviría para pagar durante dos años las mesadas de los pensionados del país. Se calcula que en Colombia las empresas pagan en promedio 17 % del valor del contrato para ganar una licitación. Si se tiene en cuenta, por ejemplo, la inversión de las regalías $21 billones al cierre de diciembre del 2016 y la inversión en las vías de Cuarta Generación -$29 billones entre 2014 y 2016, se podría decir que solo en estas dos grandes apuestas del país se estarían yendo más $ 5 billones a las manos de los corruptos. Un panorama que pinta mal, pues es bien sabido que las cifras oficiales siempre se quedan cortos.
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