Investigan a tres exmagistrados de La Corte

Colombia pasa por una crisis institucional, que ahora se nota más por la falta de conflicto armado, se podría decir que el foco de atención pasó de ser las FARC-EP, que llevaba 50 y tantos años de lucha contra el gobierno, y que después de su desmovilización y entrada a la vida civil, política y económica del país deja der ser el caballito de batalla de políticos, medios de comunicación y opinión pública. La atención se centra ahora con tensión y oportunismo en la corrupción. Y cada día, cada semana, cada mes, se destapa un nuevo capítulo de corrupción, esa que se define como la alteración más peligrosa y endémica que pueden sufrir las instituciones. Supone que un individuo o varios, en consenso, organicen y manejen el sector público a su antojo, en beneficio propio o ajeno. La misma patología arrasa a las corporaciones privadas si los gestores las administran imponiendo intereses particulares defraudatorios, frente a los de la sociedad o sus socios. También existen situaciones mixtas, donde lo público y lo privado se entrecruzan constantemente.

La perversión institucional que está saliendo a flote en nuestro país es terrible e indignante. Una de las claves del desastre reside en la ausencia de respuesta judicial apropiada durante más de 60 años. A partir de algunas causas penales (casos Besaile o Gustavo Moreno), la ciudadanía palpó que ciertas tramas delictivas, presentes en las principales instituciones del Estado y partidos políticos, resumían el origen, naturaleza y alcance de nuestra crisis económica, política y social. En el año 2015 la sociedad colombiana comenzó un duro tránsito hacia una conciencia más política y participativa. Al abrir los ojos no supo si escandalizarse más ante la corrupción evidente o ante un poder judicial que apenas se perturbaba.

Y ese es precisamente el caso que se nos acaba de destapar, por cuenta otra vez de una institución extranjera, una vez más la DEA (Drug Enforcement Administration) dio a conocer unas comunicaciones electrónica y conversaciones con Alejandro Lyons y Luis Gustavo Moreno. Los audios salpican a tres exmagistrados de la Corte José Leónidas Bustos, Francisco Javier Ricaurte y Camilo Tarquino. Que según los audios hablaban de 400, para interceder en los casos de los senadores Hernán Andrade, Musa Besaile y Luis Alfredo Ramos. Este nuevo escándalo deja mal parada a la institucionalidad del país, que ya no tiene, y voz de muchos, nunca ha tenido, una institución que defienda al país del desfalco a que viene siendo sometido desde tiempos fundacionales.

No en vano el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, dice que el desangre de la corrupción puede llegar a $50 billones al año. Una cifra que serviría para pagar durante dos años las mesadas de los pensionados del país. Se calcula que en Colombia las empresas pagan en promedio 17 % del valor del contrato para ganar una licitación. Si se tiene en cuenta, por ejemplo, la inversión de las regalías $21 billones al cierre de diciembre del 2016 y la inversión en las vías de Cuarta Generación -$29 billones entre 2014 y 2016, se podría decir que solo en estas dos grandes apuestas del país se estarían yendo más $ 5 billones a las manos de los corruptos. Un panorama que pinta mal, pues es bien sabido que las cifras oficiales siempre se quedan cortos.