Editorial

Feroz persecución político-judicial contra Carlos Caicedo

Breve recuento histórico:

Aunque ser rector de la Universidad de Magdalena no fue el primer cargo público al que llegó Carlos Eduardo Caicedo Omar, sí fue el primero donde empezaron sus problemas con sectores politiqueros interesados en poner la institución educativa al servicio del clientelismo y la corrupción.  Antes de su llegada a esa alta dignidad del sector educativo, Caicedo, surgido del seno de una familia campesina cataquera y samario por adopción, fue líder estudiantil del Liceo Celedón de Santa Marta, liderazgo que trascendió a las aulas del campus universitario de la Universidad Nacional de Colombia donde participó como promotor del Movimiento Estudiantil por la Séptima Papeleta que impulsó la Asamblea Nacional Constituyente, a la que fue candidato en 1990.  Entre 1993 y 1994 fue vocero Nacional de Paz entre un sector del ELN y el gobierno nacional.

Tiempo después se desempeñó como consejero para el desarrollo social y luego como coordinador de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres del Departamento de Magdalena. Tras un concurso de méritos, en 1997 llega a la Universidad del Magdalena como el sexto rector en menos de un año. Sus antecesores habían sido removidos de su cargo o habían decidido irse porque la situación de la universidad era insostenible: En bancarrota y con un pasivo de 26 mil millones de pesos. 

De público conocimiento es que Caicedo sacó del fango a ese centro educativo, donde lo habían sumergido anteriores administraciones. De hecho, en el año 2000, el Ministerio de Educación Nacional le hizo reconocimientos por su destacada labor, soportada en haber transformado esa universidad en una de las mejores del país después de haber ocupado por largos años el peor lugar por ineficiencia, según el ICFES y los Ministerios de Hacienda y Educación.  En ese lapso y a la par con su cargo como rector, Caicedo se desempeñó como presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN).  Ese mismo año fue reelegido como rector por otro cuatrienio.  

Caicedo había logrado superar un déficit de más de 30 mil millones y aumentó el presupuesto de 6 mil a 40 mil millones. Implementó becas, aumentó el número de estudiantes de 1900 a 9000 y abrió casi 20 programas de pregrado. Desde 1997, cuando la recibió como una universidad técnica, pudo transformarla en universidad profesional y posicionarla en los exámenes ECAES como la mejor de la Costa Atlántica.  Las instalaciones se asemejaban a las de alguna exclusiva universidad privada y los estudiantes tenían auxilios alimentarios y otros apoyos. La Universidad del Magdalena se convirtió en referente nacional. Caicedo, decían, había logrado arrebatáserla a la politiquería, que ponía y quitaba rectores cada semestre.  Una verdadera revolución educativa y un proyecto que mostraba ser un arquetipo obligado a replicar en el país.

El éxito de Caicedo aunado a su natural liderazgo lo empezaron a entallar como un posible futuro candidato político.  A esto se sumaba su decisión de blindar el presupuesto de la Universidad (40 mil millones de pesos) ante la injerencia de los políticos, lo que le costó la enemistad de figuras poderosas en el Magdalena, entre muchos otros, del exgobernador Trino Luna.  Fue este quien, en febrero de 2004, le entregó al entonces vicepresidente Francisco Santos (señalado por testimonios de exparamilitares de ser el fundador del Bloque Capital de las AUC) un documento para que investigara las presuntas irregularidades cometidas por Caicedo en la universidad, así como los casos de tres homicidios de personas allegadas a la misma institución. Luna había sido elegido Gobernador luego de unas elecciones en las que él fue el único candidato. En ese entonces, la Universidad del Magdalena era tal vez la única institución pública con dinero y se convirtió, por consiguiente, en el motivo de una guerra contra Caicedo encabezada por el gobernador. Caicedo había sido el único opositor de la candidatura de Luna. Hacía señalamientos sobre él que luego se comprobarían en la justicia, como los de que Luna tenía el apoyo de grupos paramilitares y de que el séquito que lo circundaba estaba plagado de aspiraciones clientelares y corruptas.

pastedGraphic.png

 

Luna, en su afán de venganza, acusó a Caicedo de ser autor intelectual de los homicidios de los 3 allegados a la UniMagdalena, basado en testimonios endebles como los de las viudas de los occisos que adujeron “líos de faldas”, término que, valga decirlo, se ha convertido casi en patrimonio judicial cuando de exculpar responsabilidades estatales o de inculpar inocentes se trata.  

Luna, quien efectivamente fue condenado por parapolítica dos años más tarde, y hermano de Juan Carlos Luna Correa, alias ‘El Cóndor’, un jefe paramilitar del sur del Magdalena, también denunció a Caicedo por supuestamente representar el PC4, brazo político de las antiguas FARC, y de supuestamente haber participado en el secuestro de su madre; acusaciones que luego fueron desestimadas por la justicia. La persecución judicial que estos oscuros sectores habían emprendido contra Caicedo era palmaria, innegable y se volvería sostenida a lo largo de dos décadas.

pastedGraphic_1.png

 

Caicedo alcanzó a renunciar en 2004, pero las manifestaciones de apoyo de los estudiantes lo llevaron a reconsiderar la decisión, y fue reelegido en octubre de ese mismo año. 

 

pastedGraphic_2.png

Luna no pudo terminar su mandato —tuvo que retirarse en el primer semestre de 2007 para pagar una condena por parapolítica— pero logró que la Contraloría departamental investigara a Caicedo por una conciliación que celebró con 47 docentes, a quienes la Universidad adeudaba sus cesantías.  No valió para nada que Caicedo hubiese sometido ese acuerdo a revisión de la Procuraduría, o que el Tribunal Contencioso lo aprobara, o que luego, un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción ordenara precluir la investigación: en Santa Marta, un fiscal reabrió la investigación y acusó a Caicedo. 

En agosto de 2006, el entonces fiscal anticorrupción Ramon Gabriel Jaimes dictó orden de captura contra el líder magdalenense. Jaimes es el mismo fiscal que pidió, hace pocos días, la libertad para Álvaro Uribe en el caso de presunta manipulación de testigos, ficha clave de Alejandro Ordoñez, el exprocurador que hizo del ministerio público un órgano inquisidor, y actual embajador en la OEA.  En octubre de 2007, un juez  condenó a Caicedo a 8 años de cárcel y la apelación durmió durante 18 meses en el Tribunal del Magdalena, hasta que un día apareció un pasquín en el que se decía que Caicedo le había dado plata a cada magistrado para que lo absolviera, y eso obligó a mandar el caso a Bogotá.  Ese pasquín, que pretendía hundir a Caicedo, terminó siendo su salvación.  La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió de toda culpa luego de una detallada investigación.

Carlos Caicedo no solo estuvo bajo detención domiciliaria sin poder trabajar, sino que tuvo que vender su casa para poder pagar abogados y vivir en casa de su madre, recientemente fallecida. Al final de sus días, estuvo tranquila porque la justicia limpió el nombre de su hijo. 

La gran paradoja del departamento del Magdalena fue que por el saqueo de las empresas de acueducto, de teléfonos, la Beneficencia, la Licorera y la Lotería, todas en liquidación, no hay un solo detenido. Y la Universidad, que era modelo, parece haber dejado atrás sus momentos de gloria.  

La Contraloría también había abierto una investigación contra Caicedo por celebrar una conciliación de 3.600 millones de pesos con 47 profesores a quienes la Universidad les debía las cesantías.  La conciliación fue revisada y aprobada por la Procuraduría y el Tribunal Contencioso, y un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción ordenó precluir el caso.  Sin embargo, se le abrió otra investigación por el cargo de peculado por apropiación a favor de terceros. El entonces contralor Departamental que llevó el proceso, Luis Edmundo Sanjuán Perdomo fue destituido por apropiarse de las cuotas de las auditorías y procesado por el delito de peculado. Además, era conocido en el Magdalena como una de las fichas claves de Trino Luna.  El proceso por peculado pasó a la Fiscalía en 2005 y la investigación fue precluida a favor de Caicedo. Germán Zamudio, el fiscal de la Unidad Anticorrupción que tomó la decisión, aseguró que “estábamos ante una persecución politiquera y rastrera contra el rector que había hecho una gestión transparente y meritoria”.

Así sucedía con todos los procesos que le eran abiertos. Sus enemigos, ni con todo el poder estatal puesto al servicio de sus intereses, podían comprobar sus bulos, lo que sí se comprobaba era una cerril ofensiva desde todos los campos contra Caicedo, ideada por ellos mismos. La verdad se amarraba con las sogas de la inoperancia judicial, pero la verdad, tarde o temprano, termina siendo un caballo desbocado que rompe ataduras y tumba a quien se atraviese en su obligado camino.   Caicedo afrontó 15 procesos fiscales, 53 disciplinarios y 28 penales que se cerraron todos a su favor, la condena de ocho años y cuatro meses y el pago de más de 1.500 millones de pesos, que no solo afectó su patrimonio económico sino su vida familiar.

La persecución judicial fue recia y sostenida:

El reemplazo en la gobernación del parapolítico Trino Luna fue Omar Díazgranados, apoyado por el exsenador Luis Vives Lacouture (condenado por parapolítica), quien dio continuidad al asedio jurídico contra Caicedo. Díazgranados fue destituido por corrupción y tampoco terminó su mandado.​ Lo reemplazó Luis Miguel Cotes Habeych, uno de los miembros del muy cuestionado Clan Cotes, tristemente célebres por los múltiples hechos de presunta mega-corrupción, relaciones con el paramilitarismo, por sus investigaciones paquidérmicas y por ser uno de los clanes más antiguos y clientelistas de la región Caribe, así como por apoyar a políticos de estofa venal e investigados por varios presuntos delitos, como Álvaro Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras, el Clan Char, el Clan Gnecco, el clan Araujo, etcétera.  En todas las investigaciones, Caicedo siguió demostrando su inocencia, y esos clanes politiqueros señalados de graves delitos, así como los políticos tradicionales de esa región y/o a nivel nacional, comprenden y dimensionan la acogida popular de Caicedo, que amenaza con desbancarlos del poder central.    

pastedGraphic_3.png

No cesaron los ataques: 

El senador Luis Eduardo Vives, condenado por parapolítica, le montó una fuerte oposición en el Congreso e intentó, sin éxito, desmontar, a través de proyectos de ley, los programas y reformas que implementaba Caicedo.  De igual manera, el proceso sobre los 3 asesinados que le han sido endilgados calumniosamente, continúa abierto a pesar de que en 2007 el exjefe paramilitar Hernán Giraldo, alias Taladro, reconoció que él y ‘Jorge 40’ (el hijo de este trabaja en gobierno Duque) fueron los autores intelectuales de esos crímenes, así como el clan de los Rojas (paramilitares de la Sierra Nevada), ya que para esos tiempos, en su ofensiva por el control de los centros de poder, las AUC tenían sus ojos puestos en la UniMagdalena.  Incluso, estos delincuentes declararon que Caicedo también iba a ser ejecutado por su simpatía con la izquierda, aunque no lograron consumar el hecho.  Caicedo y su equipo jurídico han sido persistentes en exigir celeridad en el esclarecimiento de estos crímenes, sin embargo, los procesos no avanzan, pese a no tener elementos probatorios serios para seguir inculpándole y pese a que dichos exjefes paramilitares han aceptado su responsabilidad en los mismos.  Así pues, lo que nuevamente trasluce el campo de lo fáctico es que detrás de las sendas investigaciones que le son abiertas, hay un ostensible comportamiento inquisidor y vengativo —y no una esencia judicial o penal— de parte de los órganos jurisdiccionales y de control que son manejados por la conocida politiquería colombiana.

Luego de pasar casi 5 años injustamente condenado, pero con su imagen limpiada por la justicia, Caicedo decide lanzarse a la alcaldía de Santa Marta para el periodo 2012-2015, gana las elecciones con un fuerte respaldo popular, arrebatándoles el poder a los Cotes y a los Díaz Granados y demás clanes políticos tradicionales, y es allí donde sigue, con más ahínco, la persecución: Desde su periodo como alcalde de Santa Marta, Caicedo, además de impulsar una agenda social sólida y enfrentarse a mafias locales, denunció graves hechos de corrupción, algunos de los cuales involucraron “a los exmagistrados de la Corte Constitucional Jorge Pretelt (condenado por el cartel de la toga) y Rodrigo Escobar, señalados por la Fiscalía de recibir sobornos por parte de la antigua empresa de Recaudos y Tributos (R&T), filial de la multinacional española Inassa, propietaria de Metroagua, cuyas concesiones y exfuncionarios también fueron acusados por el entonces alcalde de los samarios. 

“Esa denuncia me valió una investigación en mi contra por parte de la Procuraduría con el fin de frenar el proceso que habíamos adelantado. Inclusive, el excontralor distrital, le pidió al presidente que me retirara del cargo como alcalde porque le preocupaba que fuéramos a fondo contra Inassa. Los políticos del Magdalena también impulsaron dicha investigación en la Fiscalía para que yo fuera detenido porque aquí hay un sistema de corrupción que afecta a las instituciones privadas y públicas”, dijo en su oportunidad Caicedo. Conforme a ello, los senadores y representantes también resaltaron en el oficio las 48 investigaciones penales vigentes contra Caicedo, justo después que éste se postulara como precandidato presidencial en 2015. “Se identificó un aumento significativo de las investigaciones adelantadas en contra del mismo en el último año. El número de procesos penales aumentó en un 37%, lo que corresponde a 13 investigaciones nuevas”.  

El mismo fiscal que aumentó exponencialmente las investigaciones contra Caicedo, Vicente Guzmán Herrera, fue nombrado por el ingratamente recordado fiscal General Néstor Humberto Martínez.  Guzman, al igual que Vargas Lleras, está estrechamente relacionado con Luis Miguel Cotes, enconado enemigo de Carlos Caicedo y recientemente sancionado por la procuraduría, junto a su tía Rosa Cotes, por el desastre de la denominada “Vía de la Prosperidad”.  Esos procesos que Guzmán Herrera le abrió a Caicedo, auspiciados por Vargas Lleras, tenían como fin fortalecer al clan Char, al clan Cotes y a Cambio Radical en el Magdalena.  

pastedGraphic_4.png