Entramado de corrupción de Vitalogic que enreda a Rodolfo Hernández y la línea del tiempo

Las pruebas que señalan a Rodolfo Hernández, son claras y contundentes, como ya lo han señalado el abogado Elmer Montaña y el Periodista Daniel Coronell 

 

Rodolfo Hernández Suárez, candidato presidencial por el partido LIGA -La Liga de Gobernantes Anticorrupción- deberá responder ante la justicia, justamente, por cargos de corrupción durante su mandato como alcalde de Bucaramanga en el periodo 2016 a 2019. Presuntamente Hernández actuó en varios niveles para direccionar la licitación de las basuras en Bucaramanga en favor de Vitalogic y su propio hijo. El próximo 21 de julio, cuando ya se sabrá quién será el próximo presidente de Colombia, comenzará el juicio oral en su contra en el juzgado 10 penal del circuito de Bucaramanga. La Procuraduría, por su parte, aún estudia y analiza las pruebas en contra del exalcalde.

Existen, pues, dos documentos determinantes en el futuro del candidato presidencial: la acusación de la Fiscalía por presuntos hechos de corrupción y el pliego de cargos de la Procuraduría por los mismos hechos que tuvieron lugar cuando Hernández Suárez fue alcalde de Bucaramanga. 

Son también dos los casos en cuestión: el de la designación del ingeniero químico Jorge Hernán Alarcón como consultor para estructurar el negocio de basuras y el de los reiterados intentos para  adjudicar el contrato para el manejo de basuras en el Área Metropolitana de Bucaramanga a la firma Vitalogic. La relación entre los dos casos es evidente, pues la selección a dedo del ingeniero químico tenía como fin el de facilitar la adjudicación del contrato  a la empresa Vitalogic. En este contrato tenía intereses económicos nadie menos que Luis Carlos Hernández Oliveros, hijo del entonces alcalde de Bucaramanga.

Entrega de información privilegiada: actuar en favor de un tercero

El 22 de abril de 2016, Rodolfo Hernández recibió en su apartamento en Bucaramanga al abogado Carlos Gutiérrez y a José Manuel Hormaza, Florin Volcinschi y Héctor Hernando Baquero, representantes de la tecnología WastAway en Colombia. La reunión, según Luis Andelfo Trujillo, uno de los testigos clave contra Rodolfo Hernández, quien también pudo haber recibido un porcentaje de las comisiones por el direccionamiento del contrato de recolección de basuras, se realizó para establecer las condiciones para que Vitalogic se quedara con el contrato a través del cual se haría la recolección de basuras. El entonces alcalde presentaba a la sociedad este contrato como necesario y revolucionario, pues el municipio de Bucaramanga sería “el primero en Sudamérica” en “vender su basura”. 

Al poco tiempo de desarrollada la reunión, el abogado Carlos Gutiérrez y Luis Carlos Hernández, le confirmaron a Trujillo que la reunión había sido exitosa. El propio hijo de Rodolfo Hernández, Luis Carlos, es uno de los que presuntamente se podría haber beneficiado con el negocio al recibir una comisión de éxito por $666.000 dólares.

Desde el momento de aquella reunión, Rodolfo Hernández oficiando como alcalde, habría entregado información privilegiada, la cual sería utilizada después por los representantes de la tecnología WastAway en Colombia para presentarse en la licitación de las basuras. Como si esto fuera poco, hay evidencias de otra reunión llevada a cabo en el Hotel Marriot de Bogotá el 24 de junio de 2016, apenas dos meses después de la primera, en donde se habría terminado de definir la adjudicación anticipada de la contratación, para beneficio de Vitalogic, Luis Carlos Hernández y otros interesados. Todo un entramado de corrupción muy similar al que el candidato presidencial se precia de denunciar. 

¿Qué tuvo que hacer Hernández para favorecer la contratación?

Para llevar a cabo la contratación en cuestión, era necesario que la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (EMAB) pusiera en marcha el contrato de un consultor para que diseñara el pliego de la licitación para el manejo de las basuras de la ciudad. Aquí hay una nueva acción del alcalde Rodolfo Hernández, con puesto en la junta directiva de la EMAB, quien habría hecho posible que Jorge Hernán Alarcón Ayala, ingeniero químico, fuera quien se hiciera cargo de la consultoría. 

En estos casos, como es sabido, debería haberse realizado una invitación a personas determinadas, para que la empresa hiciera la selección de la propuesta más favorable entre las presentadas. Sin embargo, no hubo transparencia en la elaboración ni recepción de propuestas. De acuerdo con el contrato No. 096 del 28 de julio de 2016 fue Alarcón quien llevó a cabo la consultoría. Los otros dos candidatos presentaron propuestas mucho más incompletas y no cumplían con el perfil solicitado; es decir, fueron invitados pero no reunían las condiciones para hacerlo. Además, quien sugirió a los otros dos invitados fue justamente Alarcón, y al parecer, las propuestas enviadas, además de incompletas, tienen firmas falsificadas.

El exalcalde reconoció públicamente que había elegido al consultor, porque lo conoció y le pareció que era la mejor opción; en sus palabras, “quedó azul” al ver su hoja de vida. La versión de José Manuel Barrera, el entonces gerente de la Emab, es que el alcalde le dijo que hicieran un proceso de contratación solo por seguir la formalidad, porque él quería contratar a Alarcón.

Por otra parte, la consultoría requería la realización de más de 70 tareas, de las cuales Alarcón no llevó a cabo satisfactoriamente sino un porcentaje mínimo. Y a pesar de los incumplimientos del consultor, el exalcalde pidió que se le dejara en su labor. El encargado de supervisar el contrato por parte de la EMAB denunció las irregularidades y pidió que se terminara anticipadamente el contrato por incumplimiento del mismo. 

La acusación

El fiscal Jorge Alberto Villamizar Suárez acusa a Hernández de que “su comportamiento lesionó el bien jurídico protegido”. Según la entidad, Hernández “tenía la capacidad de comprender que interesarse indebidamente en el Contrato 096/16 era ilícito” concluyendo que era “consciente que ese comportamiento era contrario a derecho”.

En el documento de 50 páginas, La Fiscalía acusa a 6 personas además del hoy candidato presidencial Hernández. También se relacionan más de 50 pruebas documentales, cita a 13 testigos y menciona 11 declaraciones de los acusados ante la Fiscalía General de la Nación.

Por su parte la Procuraduría, en el pliego de cargos, le adjudica a Hernández dos faltas graves:
1) Presunto interés indebido “en los procesos de selección E-EMAB-001-2016, EMAB – IP001-2017 y CD-EMAB-001-2017, al parecer, en provecho de su hijo Luis Carlos Hernández Oliveros, quien obtendría un beneficio económico si el contrato se celebraba con los representantes de la tecnología WastAway en Colombia”.
2) Presunta coacción a “César Augusto Fontecha Rincón, director jurídico de la EMAB S.A. E.S.P., para que aprobara la fianza entregada por la Unión Temporal Vitalogic RSU en el proceso de contratación IP 001-EMAB – 2017, y así fuera habilitada la oferta”. En el pliego de condiciones se exigía entregar una póliza de seguro y lo que la empresa adjuntaba era una fianza, que no es equivalente. Finalmente fue por esta razón que el contrato nunca se formalizó a pesar de los enormes esfuerzos del alcalde.

Resulta sumamente problemático que la única bandera que ha defendido este candidato, la que ha “estructurado” la mayor parte de su vacío discurso y le ha valido casi todos sus seguidores sea una que él no puede sostener para él mismo. El candidato anti-corrupción será procesado por corrupción, y a pesar de que ya son de dominio público los documentos con las pruebas, la presunción de inocencia permite que el 19 de junio los colombianos puedan adherirse a su propuesta y respaldarlo en las urnas. Sin embargo, un conocimiento suficiente de las investigaciones en su contra debería llamar la atención de los electores. No solo por la gravedad de las acusaciones sino por la gran incoherencia que implica y las claras faltas a la lógica, la ética y la estética que promulga su partido.

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