El éxodo de la etnia Embera Dobidá en el Chocó un olvido que no podemos permitir

Los que siembran el miedo

El letrero “haga silencio” que cuelga en una de las entradas de la iglesia de El Valle es letra muerta. En las calles del corregimiento, dos jóvenes parecieran jugar a una guerra de vallenatos. En una esquina, uno de ellos deja salir todo el sentimiento con canciones del Binomio de Oro, y desde la opuesta, el otro le responde con vallenatos poco conocidos. Ambos se desafían con el volumen más alto de sus bafles, que llegan a la mitad de las puertas de sus casas.

Es sábado en la mañana y en ese pueblo, donde el sol es opaco pero el calor es un chorro húmedo bajo la ropa, la vida parece normal. Al lado de la única panadería que hay en la carretera principal, dos mujeres vestidas con delantales de caricaturas hacen llorar a todos los niños que llegan. De un maletín sacan las vacunas que terminan en los brazos de los pequeños; y de una bolsita azul, los bombones para consolar el llanto producido por el chuzón.

En la avenida, los motocarros se bambolean entre piedras y lodo con los pasajeros que vienen o van a Ciudad Mutis.

Pero esa normalidad diurna esconde las reglas impuestas por los grupos ilegales que tienen ojos y oídos en cada esquina e imponen la ley del silencio y el terror. Toques de queda, paso restringido a algunas zonas, peajes a los campesinos que se mueven por los ríos, entre otros, hacen parte de las normas que se cumplen con rigor, de lo contrario, la pena es la muerte o el destierro.

Así lo cuenta uno de los pobladores de el corregimiento sentado frente a su casa de madera, a unas cuadras de donde están albergados los indígenas. “La cosa está jodida. Mire, por ejemplo, acá ocurrió en marzo que los paramilitares (Agc) se llevaron a un muchacho y le mocharon la cabeza”, cuenta el lugareño, quien pidió reserva del nombre. EL COLOMBIANO conoció que el joven se llamaba Maicol Alexander Murillo Beltrán y que este no era el primer caso. En agosto de 2019 fue decapitado otro menor de edad identificado como Anderson Villalba Lozano, en un caso de control territorial. El chico desprevenido cruzó a un territorio al que tenían prohibido pasar los de su barrio.

Asevera el analista Ortega que esa disputa tiene tres estructuras ilegales como actores principales en el escenario de la confrontación que ha llevado a desplazamientos como el ocurrido con los Embera Dobidá. “En esa pelea por el control de ese corredor de movilidad para las drogas tiene lugar las Agc, un grupo armado de crimen organizado denominado Los Chacales y el Eln”.

Información de Inteligencia Militar obtenida por EL COLOMBIANO indica que toda la zona costera del Chocó está controlada por el Frente Pacífico de las Agc. En Bahía Solano hay presencia del Eln con el frente Cimarrón. Y la columna móvil Néstor Tulio Durán en un área que iría desde el Parque Natural de Utría hasta Nabuga. Pero el recrudecimiento de la confrontación se da porque la presencia de las Agc se ha consolidado alrededor de las estructuras del Eln. Llevándolo a un ahogamiento. En el Norte de Bahía Solano está el frente Pablo José Montalvo; en el Oriente, el frente Carretera; y en el Sur, el frente Jairo Jesús Durango.

“Esto ha llevado a que el Eln. Que ha tenido un debilitamiento militar. Estaría patrocinando al grupo los Chacales para combatir al enemigo común: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, señala el analista militar.

Para contener las acciones ilegales de estos grupos. En la zona se adelanta una ofensiva militar liderada por la Fuerza Naval del Pacífico. Que cuenta en algunas zonas con un trabajo articulado con la Policía y el Ejército, como lo explica el coronel Cantillo Caro.

“Hemos logrado controlar un poco más el tema del narcotráfico. Por ejemplo, la Fuerza Naval del Pacífico logró en el 2020 cifras históricas. Logramos la incautación de 161 toneladas de clorhidrato de cocaína y 42 marihuana. Por las operaciones hemos capturado 10 integrantes del Eln, 17 del Clan del Golfo (Agc) y cinco de los Chacales”, expresa Cantillo.