El desastre de Hidroituango tiene tres aristas    

Por @FT_Col

El desastre de Hidroituango tiene tres aristas, todas de la mayor gravedad para un país como Colombia que, desde la frivolidad, la ignorancia y la indiferencia de la mayoría de sus ciudadanos, se muestra incapaz de reaccionar ante el descalabro continuado al que lo somete el corrupto establecimiento colombiano.

La primera arista es la de la incompetencia de la élite económica colombiana para gestionar el desarrollo económico del país. Tras el fracaso del puente de Chirajara y la mala calidad de la vía Bogotá-Villavicencio, lo de Hidroituango se presenta como un descalabro mucho mayor, por sus implicaciones financieras, de infraestructura, sociales y ambientales.

Dicha élite, asociada a Sarmiento Angulo, al Grupo Empresarial Antioqueño y otros actores del mismo corte monopolista, se ha apoderado, entre otros, de los grandes negocios de infraestructura del país, con resultados totalmente negativos. Mientras tanto, Colombia se sigue hundiendo en el atraso económico y tecnológico: si Hidruituango fracasa, como está sucediendo justo ahora, se estará configurando un escenario nefasto para la ingeniería colombiana, como consecuencia de haberse sometido a los grandes intereses económicos de un puñado de inversionistas voraces y mezquinos, dispuestos a privilegiar sus ganancias por encima de cualquier consideración ética.

La segunda arista es la social y humana. A los gobernantes paisas, en pleno apogeo paramilitar, no les importó desplazar poblaciones enteras, acabar con el sustento de miles de familias antioqueñas o generar más tensiones sociales, saldadas siempre por la represión y la violencia. Era esperable que muchos campesinos, despojados de su sustento basado en la agricultura y el entramado social detrás de su arraigo, se opondrían al arbitrario diseño y ubicación de Hidroituango, asociada ésta a uno de los dos ríos más caudalosos del país. Ambicioso y autoritario.

Sin embargo, Fajardo, gobernador de Antioquia para la época, en vez de escuchar a estos campesinos afectados y su comprensible llamado de atención, los “atendió” mediante el ESMAD: hubo más de 100 capturas y la protesta fue reprimida sin tomar nota de sus reclamos y alertas. Pero claro, los liberales taimados del “extremo centro” y sus aliados del MOIR preferirían que olvidemos que dichas protestas y argumentos fueron desestimados por Fajardo y su gabinete, centrado en mostrar obras tan grandilocuentes como dañinas e inviables.

Además de los reclamos campesinos, movimientos ambientalistas alertaron de la catástrofe que hoy se produce, pero sus manifestaciones sufrieron, desde el principio, el acoso y accionar delictivo de los paramilitares, con la complacencia de la élite paisa. Trátese de Ramos, Fajardo o Luis Pérez, desde la época de la misma concepción del proyecto y hasta ahora, los activistas antioqueños que se han opuesto a Hidroituango y sus consecuencias, vienen siendo asesinados, ante el silencio cómplice del gobierno local y nacional: La masacre continúa.

Por supuesto, en Antioquia y en toda Colombia el delito sí paga si se ejerce desde el poder económico, y los asesinatos de activistas sociales y ambientales pasan desapercibido sin que el país reaccione, como si dichos crímenes fueran permitidos de algún modo. La sociedad colombiana está postrada ante la corrupción y el abuso que los grandes intereses particulares ejercen sobre el bienestar general.

La tercera arista, origen de las otras dos, es la del nefasto modelo de contratación pública del país, en el marco del modelo de Estado, diseñado para favorecer al interés privado sobre el bien común en aspectos como la gestión territorial, el uso de los recursos públicos, etc.

Gracias a este desastroso modelo, los grandes lobbys se hacen con los mayores y más rentables contratos, casi siempre blindados a través de normativas abiertamente sesgadas para privilegiar al contratista y hacer responsable al Estado por las “contingencias” y sus consecuencias. No es coincidencia que, tanto a nivel central como en las regiones (en este caso, Antioquia), la relación entre los grupos políticos en el poder ejecutivo y legislativo y los ganadores de las licitaciones (y contratos a dedo) sea estrecha y de largo plazo, de manera explícita. Ello hace exiguo el control político sobre todo el proceso de contratación, desde el diseño de los pliegos hasta la interventoría. La ejecución en casi todos los casos se lleva a cabo por terceros, es decir, mediante subcontratación, la principal fuente de corrupción en Colombia.

Tal naturaleza del modelo de contratación pública colombiano tiene manifestaciones particulares en Antioquia, con la presencia asfixiante del Grupo Empresarial Antioqueño y su poder sobre las EPM -cuyo carácter “público” está más que en entredicho, tanto por su tipo de gestión como por sus crecientes inversiones en el sector privado. En pocos sectores se nota con tanta claridad el apoderamiento del Estado y sus recursos por parte de grupos económicos privados como en la EPM, en la que se consolidó un descarado régimen de “puerta giratoria” al servicio del Grupo Empresarial Antioqueño, como se presenta en detalle en el siguiente enlace:

Esto deriva, también en Antioquia, en la asignación de los proyectos a grupos creados ad hoc para las licitaciones, según la conveniencia de dichos lobbys. Los ganadores de licitaciones para Hidroituango, como Ingetec-Sedic, poco figuran hoy en los medios.

En todos los casos, en Hidroituango se impuso el interés del Grupo Empresarial Antioqueño, a través de las EPM, y de constructores y socios políticos, por sobre el interés general de los antioqueños vecinos de la zona, con los daños económicos, ambientales y humanos que sufrieron. Y lo más grave es que tal sesgo se ha impuesto en Colombia, pero especialmente en Antioquia, bajo la brutal, bárbara y criminal presencia paramilitar, presente en muchos conflictos que afectan grandes intereses económicos. Una sombra tan evidente como silenciada por los medios.

En síntesis, estas tres aristas (ineptitud técnica y administrativa del establecimiento, sometimiento del bien general al interés privado y modelo de Estado y de contratación corruptos) convergen en Hidroituango en un desastre tan grande como elocuente de la necesidad de cambio. Así, Colombia, en especial los sectores con suficiente educación e información para comprender la complejidad del problema, debería reaccionar, determinar los responsables de estos desastres y reconocer que al establecimiento le quedó grande gestionar la infraestructura del país.

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