El Analizador de la DIPOL: el espionaje que no se detiene 

El Uribismo y las interceptaciones ilegales van de la mano, son prácticamente inseparables. Hoy aparece un nuevo capítulo en ese oscuro escenario de hostigamientos y persecución a la oposición por parte de fuerzas gubernamentales: la adquisición de un analizador el 7 de abril de 2020 que tiene todo el potencial para realizar el rastreo y el seguimiento de usuarios de redes sociales. 

Álvaro Uribe Vélez


elshabbat.com


Bogotá


Por Juan Poe


El Uribismo y las interceptaciones ilegales van de la mano, son prácticamente inseparables. Hoy aparece un nuevo capítulo en ese oscuro escenario de hostigamientos y persecución a la oposición por parte de fuerzas gubernamentales: la adquisición de un analizador el 7 de abril de 2020 que tiene todo el potencial para realizar el rastreo y el seguimiento de usuarios de redes sociales. 

El contrato fue celebrado y firmado directamente por el Brigadier General Jesús Alejandro Barrera Peña, el Director de Inteligencia de la Policía Nacional (DIPOL) y la empresa Global Open Technologies SAS por un valor aproximado de 300 millones de pesos. El encuentro con este contrato no fue casual o fortuito, sino que surgió después de haber hecho seguimiento en la página del SECOP, a varias contrataciones de las fuerzas militares dentro del período de la pandemia del COVID 19, pues existe una indignación colectiva por varias contrataciones efectuadas por la fuerza pública de alto valor, en las que prácticamente se estaban despilfarrando recursos para fines innecesarios, mientras en las calles los más vulnerables sufren por la falta de empleo y el abandono del Estado que como siempre les da la espalda o los considera “atenidos” del erario público. 

En este contexto y después de superar varios bloqueos de encriptación que impedían acceder a la información de la DIPOL, mientras estudiaba cada uno de los contratos desarrollados por esa dependencia estatal, apareció de forma repentina y avasalladora, el título del contrato “Analizador de comportamiento en la red y usuarios”, el cual sin haber ni siquiera observado su contenido, ya me parecía alarmante y preocupante. 

Cuando vi el contenido del contrato, inmediatamente me fijé en su objeto institucional, el cual debe ser inequívoco y claro, como lo exige la ley 80 de 1993, sin embargo allí solamente se señalaba en palabras literales lo siguiente “el presente contrato está orientado a lograr la efectiva y eficiente prestación del servicio propio de la policía nacional, en consecuencia el contratista se compromete a entregar los elementos y equipos adquiridos”. ¿Qué clase de objeto es ese? ¿Por qué tanta ambigüedad e indeterminación? ¿Qué querían ocultar? 

Este aspecto llamó poderosamente mi atención, pues en los contratos estatales el objeto debe ser diáfano y preciso, para evitar que los contratantes incurran en prácticas ilegales, bajo la excusa de la indeterminación o la falta de claridad del contrato, en el cual valga decir, hay cientos de millones involucrados que no pueden utilizarse arbitrariamente o de forma abusiva. 

El resto del contrato solo es un cúmulo de obligaciones abstractas y contiene elementos como la forma de pago, el plazo de ejecución y la póliza de aseguramiento. Sin embargo ¿Por qué tanta oscuridad para describir el objeto del contrato? ¿Por qué tanto misterio para mostrar su verdadero propósito? 

La respuesta fatal estaba en sus anexos. Particularmente en las descripciones y características técnicas de la contratación que hábilmente los contratantes habían dejado en los confines del documento, para evitar ser sorprendidos en flagrancia. Allí se escondía la terrible verdad. Me di cuenta que no era simplemente un analizador para medir tendencias o hacer estadísticas de las redes o para monitorear virus o troyanos. No, la oscura realidad es que se trataba de un software con toda la capacidad técnica para realizar seguimientos detallados de dispositivos móviles y de usuarios de esos dispositivos, siendo incluso capaz de identificar el historial y dirección IP, lo cual se traduce en la posibilidad cierta y concreta de realizar seguimientos a través de esos ordenadores para encontrar a cualquier persona que se considere una amenaza bajo los criterios de la inteligencia de la policía. 

Este seguimiento lo lleva a cabo el analizador al recibir todo el tráfico de las redes de internet, sin importar si se tratan de datos sensibles como la identidad de las personas, su ubicación, localización o elementos de su intimidad, que solo pueden ser auscultados con orden judicial como lo establece el artículo 44 de la Ley 1621 de 2013, que es la ley de inteligencia. 

La DIPOL fue interrogada por este software por Blue Radio y dice que se trata simplemente de un analizador “para controlar y asegurar información de la propia policía”. Así quieren engañar a la ciudadanía. Se nota que esas fuentes ni siquiera se tomaron el trabajo de leer el contrato, pues el ITEM 60 del contrato señala de forma específica y contundente “que la herramienta debe entregar un resumen del comportamiento de los DISPOSITIVOS E IPS EXTERNAS A LA RED”. Es que por estar interceptando y haciendo seguimientos, los agentes de la DIPOL, no se dan ni siquiera cuenta de lo que firman y de la forma como se auto incriminan, o en realidad si son conscientes y solo quieren engañar al país, para ocultar sus actividades de espionaje político, que bajo mi juicio es una política de Estado. 

Por otra parte, el analizador también es una herramienta de contrainteligencia que permite vigilar y hacer seguimientos a los agentes de la propia DIPOL, lo cual bajo mi criterio tiene vicios de ilegalidad, pues estas actividades también requieren de orden de un juez, además ¿Por qué razón un contratista particular puede disponer de datos sensibles de personas, sean o no funcionarios públicos, sin su consentimiento? ¿Se les olvidó que la ley 1581 de 2012 prohíbe el tratamiento de estos datos, sin autorización y menos por particulares? ¿Se le olvidó a la DIPOL que el recaudo y procesamiento de datos sensibles de las personas, de manera inconsulta es un delito? 

Ahora bien, hay un aspecto que no puede dejarse de lado. ¿Qué tipo de información se procesa o se trata en este software? ¿Qué significa una amenaza o un riesgo para la DIPOL que bajo su criterio les permitiría recaudar o interceptar datos sensibles? Este tipo de aspectos no se aclaran en ninguna parte del contrato, al igual que tampoco se incorpora un protocolo para evitar la recaudación de datos personales o para que su tratamiento se garantice solamente por orden judicial. 

El riesgo de este contrato de espionaje sobre la integridad, privacidad e intimidad de las personas es muy alto, particularmente de opositores y contradictores políticos, especialmente si se tiene en cuenta antecedentes de persecución e interceptaciones ilegales en el pasado. Particularmente en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, el poder tras la sombra de Iván de Duque, en el que el Director de la DIPOL, Julio Chávez Ocaña, fue destituido por la Procuraduría General de la Nación, nada más y nada menos que por 16 años en el 2008, por haber realizado seguimientos y escuchas ilegales a periodistas y dirigentes de la oposición durante los años 2004 y 2007 que estaban cubriendo el proceso de paz con los paramilitares en Santa Fe de Ralito. Destitución que fue ratificada por el Consejo de Estado en 2019, ya que el acervo probatorio contra el General Chávez Ocaña era contundente. 

Lo más grave de esta situación es que el actual general de la DIPOL Alejandro Barrera Peña que firma el contrato de espionaje, hace parte de una gran Junta de Inteligencia Conjunta integrada por el Ministerio de Defensa, un asesor del Presidente de la República, el Jefe de Inteligencia de Ejército y el Comandante de las Fuerzas Militares en la que mensualmente se analiza esta información recaudada de forma masiva e indiscriminada. ¿Con qué fines se pretenden utilizar estos datos de las personas que llegan a altos funcionarios del Estado? 

La respuesta a esta pregunta quizás pueda encontrarse en los fines con los cuales se utilizaban los seguimientos e interceptaciones ilegales durante el gobierno del expresidente Uribe que todos conocemos perfectamente. Las chuzadas nunca se detuvieron y lamentablemente llegaron para quedarse.

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