Editorial

Editorial ElShabbat: El Expresidente Álvaro Uribe Vélez

Reza el artículo 13 de la Constitución Nacional de Colombia:
“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.
De tal manera que ningún ciudadano deberá estar exento de la aplicación rigurosa y cierta de la ley por más expresidente que sea, por más poder político que exhiba, por más energúmenos violentos que lo acompañen, o por más adeptos poderosos que lo respalden –incluidos algunos medios de comunicación, algunas periodistas conocidas, o uno que otro presidente de empresa-.
Así que lo sucedido ayer 4 de agosto del 2020 cuando la Corte Suprema de Justicia determinó privar de la libertad al ciudadano Álvaro Uribe Vélez debería ser respetado y acatado no solo por el sindicado, por cada una de las instituciones, pero, y principalmente, por la sociedad colombiana en general.
Entre otras cosas, porque lo que lleva a la Corte a tomar la decisión es sumamente grave: considerar que la detención domiciliaria de Uribe es “imprescindible para evitar la obstrucción de la justicia” por existir “motivos graves y fundados” que permiten inferir que el imputado puede “destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba” o “inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente”, aún más,  “impedir, dificultar la realización de diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación”.
Por tanto, rechazamos categóricamente los convites a subvertir el orden y la legalidad que proponen algunos furibundos seguidores del expresidente Uribe y hacemos un llamado, por un lado, a las autoridades respectivas para tomar nota y establecer las sanciones correspondientes, y, por el otro lado, a las ciudadanías para que no solamente rechacen esos llamados inconvenientes y hasta ilegales sino también a sus autores.
Al mismo tiempo, pedimos a la comunidad internacional mantener los ojos puestos en Colombia durante estos difíciles momentos. Particularmente, nos preocupa la actitud francamente antidemocrática del Presidente de La Republica, Iván Duque Marques, y quien desde el mismo momento de conocida la noticia en contra de su mentor político no ha hecho una cosa diferente a la de atacar la institucionalidad, incluso, si eso le implica ir de emisora en emisora advirtiendo que independiente del fallo que tome la Corte -él, el Presidente- defenderá la inocencia del procesado.
Por ultimo hacemos un llamado a la calma y el acatamiento a la ley: en estos momentos es a las instituciones democráticas a las que corresponde hablar y, en últimas, dilucidar si la historia conocerá a Álvaro Uribe Vélez como el inocente que defienden sus cada vez más pocos adeptos o como un avezado delincuente que hasta ahora le ha sabido torcer el pescuezo a la justicia.
ElShabbat
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