Dossier Coca

La Propuesta: que el Estado compre hoja de coca a los campesinos

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Por Alexander Quiñones Moncaleano

Foto: nytimes.com

Uno de los ejes fundamentales de los Acurdos de La Habana fue la reforma rural y el control de cultivos ilicitos. Cosa que parece fue hechado al olvido por parte del gobierno en este momento crítico que atraviesan los cultivos ilicitos en el país. Estados Unidos está precionando para que el incremento de hectáreas cultivadas disminuyan, cosa que no está sucediendo. Pero el Estado no puede luchar de manera infrutuosa contra esta problemática.

Es de todos sabido que las regiones cocaleras de Colombia son regiones olvidadas del Estado y donde la pobreza campea. Así las cosas la situación no es nada fácil para la erradicación de cultivos ilegales y ser reemplazados por cultivos legales.

Este martes, precisamente, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes pidió un debate de control político –liderado por los congresistas del Polo, Alirio Uribe e Iván Cepeda, y de la Alianza Verde, Ángela Robledo- sobre la situación que encarna el municipio nariñense Tumaco. El mismo lugar donde hace poco hubo una masacre que tuvo como saldó 7 campesinos muertos, en medio de una confrontación armada entre integrantes de la Fuerza Pública y campesinos cocaleros que se oponían por medio de cordones humanos a la erradicación de los cultuvos de coca.

Durante el debate en el recinto legislativo, los congresistas desmintieron aquellas versiones que insisten en que Colombia “está nadando en coca”. Afirmaron que dichas afirmaciones no son nada distinto a mensajes manipulados para afectar el corazón de los textos de paz pues,“desde hace décadas, cientos de miles de campesinos han tenido que dedicarse al cultivo de coca, especialmente en zonas de frontera para sobrevivir”. De hecho, alertaron sobre los reductos del proceso de desmovilización de las AUC que se siguen lucrando del negocio como el denominado Clan del Golfo, cuyo número de integrantes se aproxima a los 5.000.

Para los senadores líderes del debate de control político, las principales fallas que sustentan el fracaso de polícas contra las drogas son las siguientes:

1. El narcotráfico ha sido entendido como un problema de seguridad nacional con consecuencias penales, y no como un problema social.
2. El modelo prohibicionista ha llevado al Estado colombiano a creer que reducir la producción elimina, de manera automática, la demanda de las drogas consideradas de uso ilícito.
3. Mantener la premisa de que la erradicación forzosa es la mejor solución para acabar con los cultivos ilícitos.
4. El narcotráfico ha modificado sus estructuras, llegando a la conformación de grandes organizaciones dedicadas a dichas actividades ilegales.
5. Las muertes causadas por la guerra de las drogas son mayores que las causadas por su consumo.
6. El Estado se ha dedicado a perseguir los cultivos ilícitos vía erradicación manual o aspersión aérea, pero no a las grandes redes financieras.
7. Ausencia de políticas alternativas encaminadas hacia el desarrollo rural.
8. Por décadas, el Estado colombiano se ha dedicado a una especie de “rendición de cuentas” con Estados Unidos frente a los avances en la lucha antidrogas, sin defender el concepto de responsabilidad compartida.
9. La política contra las drogas desde el modelo prohibicionista ha promovido la corrupción

El dossier de Tumaco (Nariño)

Analizando la situación en Tumaco, municipio ubicado en una de las regiones (la región Sur) más contaminados por los cultivos ilícitos, los congresistas expusieron alarmantes cifras. Por ejemplo, que el 16% de las zonas sembradas con coca se encuentran sólo en Tumaco, con 23.148 hectáreas y Nariño, por su parte, integra la lista de los 3 departamentos del país en donde se concentra el 79% de cultivos ilícitos: Norte de Santander, Putumayo y Cauca.

El argumento que dieron los pobladores de dichas regiones a los integrantes de la Comisión de Paz del Congreso para explicar este reporte tiene que ver, según dijeron, con que “la sustitución de los cultivos de coca es una promesa hueca”. En pocas palabras, se quedaron esperando a que el Estado llegue a cumplir con lo consignado en el Acuerdo de Paz mientras que las bandas criminales siguen haciendo de las suyas. “No hay trámites rápidos, en cambio los narcos ofrecen dinero ya. Es la carrera de la tortuga contra la liebre”, dijeron los pobladores a los legisladores.
A lo anterior, se suma que el Departamento de Planeación Nacional reveló que los municipios en donde se registran cultivos de coca, la pobreza multidimensional asciende al 84%, la conectividad es deficiente y, lo más grave, casi el 90% de las comunidades se encuentran dentro de la categoría rural dispersa. Es decir, necesitan respuestas estatales de manera urgente.
La promesa del Acuerdo de Paz
El punto cuatro de la agenda de conversaciones de paz con la desarmada guerrilla de las Farc estableció la necesidad de encontrar una solución al problema de drogas ilícitas. Allí, quedó consignado el compromiso del Estado de modificar la estrategia contra dicho flagelo, que tendría en cuenta la salud pública como eje central para avanzar hacia una solución menos “prohibicionista”. Por ello, se anunció una serie de proyectos encaminados a proteger a los pequeños cultivadores, así como a los consumidores quienes recibirían un trato diferenciado frente a las grandes organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

Sin embargo, el Estado afirmó el derecho que tiene de ejercer labores de erradicación forzosa en aquellos casos en donde no logre una concertación con la comunidad para adelantar tareas de sustitución voluntaria, salvaguardando los derechos humanos y el medio ambiente. Un asunto que, sin embargo, sigue despertando todo tipo de polémicas, especialmente, en departamentos como Nariño en donde la población ha denunciado ser víctima de todo tipo de atropellos por parte de la Fuerza Pública. Asunto que, en todo caso, deja en evidencia que sustitución y erradicación no se están adelantando de manera coordinada.
¿La responsabilidad es del Congreso?

Hace algunas semanas, y ante este panorama de Tumaco que se replica, eso sí, en muchos municipios del país, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, llegó al Congreso a radicar dos de las iniciativas más importantes para el Acuerdo de Paz: un proyecto que permitía el sometimiento de las organizaciones armadas ilegales a la justicia ordinaria y el que establecía la renuncia a la persecución penal de los pequeños cultivadores. Dos proyectos que parecen tener asegurado su camino hacia el abismo.
¿Por qué? Se supone que ambas iniciativas iban a ser tramitadas vía “fast track”. Pero el tiempo que le queda a dicho mecanismo especial legislativo es tan corto que, a duras penas, alcanzará a aprobar la ley estatutaria de la JEP, hoy también en vilo por cuenta de aquellos partidos políticos que aún se rehúsan a darle su luz verde. Sacar ambos proyectos en dos semanas parece ser una misión imposible y, en caso de no lograrse, las dos iniciativas del Gobierno quedarán sepultadas.
La Propuesta:“Que el Estado compre la coca”
Ante el inminente riesgo que plantea la posibilidad de que ninguna de estas dos iniciativas avance, los congresistas propusieron al Estado una medida transitoria que avance hacia la sustitución de cultivos, mientras se reglamenta de lleno la forma en la que van a operar estos programas para las comunidades: que el Estado les compre a los campesinos la hoja de coca de manera regulada.
Por ese mismo camino, se planteó la necesidad de definir una política pública integral que dé sustento al Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos y priorizar, en todo caso, los programas de sustitución sobre la erradicación forzosa.
El llamado es, al mismo tiempo, a no dejar morir el proyecto que permitiría el sometimiento del Clan del Golfo, una estructura criminal prácticamente igual –o más poderosa- que el Eln por la cantidad de los hombres que la integran. Más aún, si se tiene en cuenta que el principal negocio que la financia es el narcotráfico. “Desde hace más de un año y medio se viene adelantando un proceso para que sus integrantes se acojan a la justicia, lo cual significaría la desintegración de uno de los factores mayores de violencia e inseguridad en muchas regiones del país”, concluyó el debate.
De momento, el Gobierno ha mantenido silencio frente a este panorama que compete a distintas instituciones del Estado y que, en todo caso, preocupa si se quiere garantizar que la implementación del Acuerdo de Paz sea, como se quiere, estable y duradera.
No es la primera vez que se hace este tipo de propuestas y será extremadamente díficil que se lleve a cabo, pero al menos quedó sobre la mesa para ser analizada.

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