Colombia insumisa: Informe desde Puerto Resistencia, primera línea de las protestas masivas en Cali

Joshua Collins @InvisiblesMuros, comparte con los y las lectoras de El Molino Online esta crónica de su visita a Puerto Resistencia, en Cali, Colombia ciudad de 2.25 millones de habitantes, que igual que otras por toda la nación sudamericana de 50 millones, se ha alzado en contra del gobierno y el sistema que presiden Iván Duque y Alvaro Uribe. La nota se publicó originalmente en inglés en Medium.com. La hemos traducido al castellano, con lo cual las citas de las personas entrevistas han sido retraducidas y el lenguaje puede ser algo diferente. 


Cali, Colombia– Unas centenas de mujeres jóvenes ingresan a Puerto Resistencia, el corazón de las protestas aquí en Cali, puños en alto en un gesto de desafío contra el estado que durante semanas las ha estado masacrando en las calles. Las vitorean decenas de manifestantes de primera línea que defienden la plaza: jóvenes protegidos con trajes ​​antidisturbios y escudos caseros, con los que han rechazado innumerables ataques policiales a esta zona autónoma que han labrado con lágrimas, sudor y sangre. .

Bailan en las calles. Se abrazan. Son alegres, orgullosos, y ferozmente desafiantes. Celebran el hecho de que hoy por hoy esta zona autónoma en un barrio pobre de Cali, que ha sufrido tanta violencia en las últimas semanas, mantiene firmemente el control de una comunidad que ha tomado en sus propias manos su destino y su seguridad.

En Puerto Resistencia nadie que me habla parece tener apellidos. También tengo dudas de que los nombres que me dan tampoco sean correctos. El ambiente está impregnado de miedo a ser perseguidos, asesinados o simplemente desaparecidos por las fuerzas estatales colombianas.

Mientras inspecciono la zona autónoma, un hombre con chaleco de Naciones Unidas le pregunta a un joven que pasa de la primera línea quién está al mando.

“No tenemos líderes”, responde el niño. “Colombia mató a nuestros líderes. Puedes hablar con la comunidad”.

El asesinato de líderes sociales en esta nación sudamericana ha sido endémico incluso antes de que miles de manifestantes se volcaran las calles y la policía comenzara a matarlos por docenas.

El paro nacional en Colombia fue impulsado no solo por la propuesta reforma tributaria que atrajo tanta atención de los analistas en los primeros días del movimiento, sino por el aumento de la violencia en medio de lo que los críticos ven como promesas fallidas de la administración de Duque con respecto al acuerdo de paz; aumento de la pobreza y la desigualdad; y el asesinato de 310 líderes sociales, defensores de derechos humanos y activistas en 2020 (57 muertos más en lo que va de 2021, según Indepaz).

Esta comunidad está actualmente sola. Sus habitantes han perdido la fe en las instituciones que supuestamente se crearon para protegerlos. En un poderoso símbolo de sus motivos, una pancarta se extiende a lo largo de la plaza que dice “Menos policía, más bibliotecas”.

Hace unas semanas, tenían más aliados. La Minga, una protesta indígena comunal indígena que representa a varias comunidades en el vecino departamento de Cauca, se unió a los manifestantes en un raro frente unido de fuerzas de oposición tanto rurales como urbanas. Pero el movimiento indígena abandonó la ciudad luego de que un ataque de civiles con armas de fuego dejara a 8 de ellos heridos.

El alma de la resistencia ahora está en quienes forjaron sus inicios a fuego y sangre: la juventud de Cali, y Puerto Resistencia es el corazón palpitante de ese movimiento.

Y para los y las que están en las barricadas de Cali, ha sido un trabajo mortal.

Una revolución forjada con sangre: Indepaz, una organización sin fines de lucro que documenta la violencia estatal y la implementación del proceso de paz, ha identificado a 41 personas asesinadas desde que comenzaron las protestas. Veintisiete de esas muertes, o el 65%, se han producido en las calles de Cali, a pesar de que esta ciudad de 2,28 millones representa menos del 5% de la población de Colombia.

Puerto Resistencia, conocido oficialmente como Puerto Rellena, ocupó los titulares de la nación durante los paros nacionales en 2019. Cali asumió un papel secundario durante la pasada ola de protestas nacionales, las cuales se concentraron en Bogotá, la capital. Hoy no hay duda de que esta vez la juventud de Cali es protagonista en la dramática realidad de sangre y fuego que se vive en todo el país.

Las calles de Cali son un terreno fértil para el crecimiento de una revolución liderada por jóvenes.

La ciudad sufre una tasa de desempleo de más del 20% (y eso si se incluye a todas las personas que trabajan en la economía informal, ya sea por debajo de cuerda a o dirigiendo microempresas en las calles, que constituyen casi la mitad de la fuerza laboral de la ciudad). Solo hay una universidad pública en la ciudad, alarmante estadística para la tercera ciudad más grande de Colombia — y la región es un semillero de actividades delictivas y la base de operaciones de varios grupos narcotraficantes, algunos de los cuales han sido acusados ​​de vínculos con el gobierno colombiano.

Juan Diego, con un escudo confeccionado con un letrero de construcción, se para en el centro de la plaza, inspeccionando un búnker improvisado con materiales que sirve como depósito de suministros. Está provisto de botellas de agua, piedras y varios suministros de primeros auxilios. Oculta su rostro con una camisa roja que lo envuelve.

“Este gobierno es corrupto. Son ladrones”, dice. “Y son asesinos. Votar nunca va a cambiar esto. Nunca lo permitirían. Por eso es que la gente está en las calles. No hay otra forma de deshacerse de las ratas con corbatas”.

Para un joven como Juan Diego, que creció aquí en la Comuna 16, hay pocas esperanzas de que alguna vez tenga la oportunidad de escapar de una vida de extrema pobreza.

Colombia tiene la segunda tasa más alta de desigualdad en las Américas y muy poca movilidad social. De los 11 millones de personas entre 14 y 28 años, 3 millones (27%) no están empleados ni asisten a la escuela. Estos jóvenes, que no tienen nada que perder y durante mucho tiempo se han sentido abandonados por el estado, están fuertemente representados en las protestas actuales. En Puerto Resistencia, ellos dirigen las barricadas, los búnkeres caseros y los retenes que mantienen a raya a la policía.

La seguridad en Puerto Resistencia es estricta. No se permite la entrada a la policía, ni tampoco a los medios colombianos, quienes, según la comunidad, han tergiversado a los manifestantes desde el 28 de abril, cuando comenzaron las huelgas nacionales.

En cada barricada que tengo que cruzar para entrar al área, los manifestantes de primera línea me interrogan. Preguntan para quién trabajo, qué estoy haciendo, y me recuerdan que está estrictamente prohibido tomar fotografías de la cara de cualquier persona sin permiso.

Se relajan cuando les digo que soy prensa internacional, aunque a algunos no les gusta el hecho de que soy un gringo. Muchos de ellos creen, y con evidencia considerable, que parte de la razón por la que la policía es tan violenta aquí se debe a décadas de financiamiento estadounidense que permitió a políticos y élites crear un estado policial militar con un nefasto historial de abusos a los derechos humanos.

Tampoco ayuda que las municiones químicas que se usan contra ellos en las calles, e incluso algunas de las balas que se usan para matarlos, sean cortesía del Tío Sam.

Llaman a otros manifestantes en la plaza que tienen teléfonos celulares. Examinan mi sitio web, que está en inglés, y se desplazan tratando de determinar si estoy aquí para mentir sobre lo que está pasando, o si estoy aquí para escuchar. Quieren que el mundo comprenda lo que están haciendo aquí, pero algunos de los periodistas a los que dejaron entrar y los han infiltrado en gran medida policías vestidos de civil.

Finalmente me dejaron pasar.

La mini estación de policía del barrio en Puerto Resistencia se ha convertido en una biblioteca pública, adornada con arte y murales de artistas que apoyan el movimiento. Cerca del recinto, una mujer mayor cocina una olla enorme de sancocho, que distribuye a cualquiera que pase por allí. Ella se niega a dar su nombre.

“Para muchos de estos niños, esta es la única comida que obtendrán en todo el día”, dice. “Mientras los ricos se quejan de los inconvenientes de los bloqueos de carreteras, estos niños se van a casa con las despensas vacías”.
La zona autónoma está cubierta por murales, obras de arte y consignas. “La policía no me cuida”, se lee en una pieza, “mis amigos sí”.

Pateo una pelota de fútbol durante unos instantes con un niño de diez años en el centro de la plaza. Está absolutamente encantado con la escena. Los funcionarios del gobierno y sus canales de comunicación me han dicho que estas personas son terroristas, vándalos y rebeldes armados.

A mi me luce más como una comunidad. Una que ha sido empujada a tomar medidas extremas por la negligencia económica y la violencia estatal — también una comunidad que parece estar protegiéndose a sí misma.

No veo terroristas aquí.

Ninguna otra opción: Hugo Ormudez es un organizador comunitario en Siloé, otra comunidad de bajos ingresos que ha sido fuertemente golpeada por la brutalidad policial desde que comenzaron las protestas. “Estos niños no tienen acceso a la educación”, dice sobre los jóvenes en la primera línea de la protesta. “Han sido abandonados por el estado. No tienen acceso a ningún tipo de formación profesional y tienen pocas esperanzas de conseguir un trabajo por más del salario mínimo. Saben que bajo el sistema actual, serán el estrato 1 de por vida”.

Los barrios colombianos se dividen en estratos, un sistema numerado para determinar las tasas impositivas según las perspectivas económicas de los barrios. La escala va de 1, que describe la pobreza extrema, a 6, que es donde viven los ricos en sus comunidades cerradas y rascacielos.

Ormúdez continúa explicando que a través de estas protestas, muchos de los jóvenes de comunidades de bajos ingresos han encontrado un propósito y respeto en sus comunidades, muchos por primera vez en sus vidas.
“Eso es algo poderoso”, dice. “Por primera vez, estos jóvenes se unen a las comunidades en las que viven”.

 

Andrea Bernal es activista en Cali. Ella está de acuerdo con la evaluación de Ormudez. “Es realmente hermoso de ver”, dice. “Muchos de estos niños estaban tan marginados que recurrieron al crimen para sobrevivir. Quiero decir, eran malandros (matones), ¿sabes? ”, Dice riendo. “Pero ahora están orgullosos de ser primera línea. Están orgullosos de ser parte de la comunidad, unidos contra un gobierno que sienten que nunca se ha preocupado por ellos”.

Me muestra imágenes de las cuentas de las redes sociales de algunos de los niños en las barricadas. Publican imágenes de ellos mismos con banderas colombianas, cánticos y consignas de las protestas, y prometen seguir luchando hasta que se haga justicia.

Es un poderoso ejemplo de cómo la acción colectiva puede traer propósito y significado a una población que nunca ha tenido esperanza, una población que a todos los efectos ha sido abandonada y explotada por una clase dominante que nunca se ha preocupado por su futuro o bienestar. Para los niños de Cali, estas protestas nunca han sido sobre reforma tributaria. Se trata más bien de la supervivencia misma.

La rumba como protección: Por las noches, con frecuencia Puerto Resistencia se convierte en una enorme rumba de barrio. La gente de Cali es conocida por su amor a la rumba y por la salsa. Muchas personas que han soportado más de un año de encierros esporádicos y toques de queda parecen estar expresando su apoyo a las huelgas en curso haciendo lo que Cali hace mejor: rumbear.

Pero las fiestas tienen un propósito más allá de unir a la comunidad y levantar el ánimo de quienes han pasado semanas en las calles, también es una estrategia de defensa.

“Claro, a Cali le encantan las fiestas”, me dice un manifestante, mientras miles de personas saltan y bailan al unísono a nuestro alrededor. “Pero es más que eso. La música es una armadura contra la policía. Cuando bailamos, la policía no puede decir que es un motín”.

Los críticos han calificado de anarquía lo que está sucediendo en las calles de Puerto Resistencia. Dicen que los jóvenes que destruyen la propiedad pública no entienden lo que significa ser dueño de un negocio o una casa, y tachan el movimiento como un caos desenfocado.

Quienes así piensan confunden los síntomas de los problemas sociales con la causa. Sin embargo, tienen la razón a medias La mayoría de estos niños nunca serán dueños de una propiedad. Nunca tendrán acceso a la educación necesaria para comenzar una carrera real, y para ellos la idea de tener un negocio que sea algo más que un carro en la calle es un sueño imposible.

Ese es exactamente el problema. Ya la juventud de Cali está hastiada.

No está claro hacia dónde irán las protestas en Puerto Resistencia. Eventualmente, la prensa internacional encontrará otros intereses, los investigadores de la ONU se marcharán y el foco de atención que, según los residentes, ha obligado a la policía a dejar de matarlos abiertamente, se apagará.

Esperemos que esta comunidad unida pueda obtener reformas reales y concretas antes de que ello suceda.

Joshua Collins es un periodista independiente radicado en Bogotá, Colombia. Este artículo fue escrito sin el apoyo de ninguna empresa de medios en el espíritu del verdadero periodismo independiente. Si te gustó y quieres apoyar a los medios independientes, puedes donar unos dólares para un nuevo par de botas que necesita desesperadamente aquí.

Artículo completo en inglés

Imágenes cortesía Joshua Collins

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