Carta abierta al público de académicos e intelectuales de varios países: rechazo y condena a las continuas violaciones a los Derechos Humanos en Colombia

ESMAD violando los protocolos al disparar en ese ángulo a manifestantes

Colombia, 21 de junio de 2021

CARTA ABIERTA AL PÚBLICO

Académicos e intelectuales de varios países expresamos nuestro rechazo y condena a las continuas violaciones a los Derechos Humanos en Colombia en el contexto del Paro Nacional 2021 y sus masivas movilizaciones.

Desde el 28 de abril del presente año, diferentes sectores de la población colombiana se tomaron las calles para manifestarse en contra de una Reforma Tributaria propuesta por el Gobierno Nacional, la cual afectaba severamente a la clase media y a los grupos más empobrecidos, y a su vez favorecía a las grandes empresas privadas y a las clases dominantes. Miles de ciudadanos inundaron las calles y plazas públicas de las grandes ciudades y pequeños pueblos en todo el país para expresar pacíficamente su descontento.

Los protagonistas de estos hechos históricos son los manifestantes, entre los que se destacan jóvenes desempleados y personas con pocas oportunidades laborales, quienes no ven un buen futuro en este país.

Luego de más de un mes de movilizaciones, ha surgido un movimiento social que recoge las voces de muchos ciudadanos colombianos, cuyos motivos y demandas trascienden los originales, superando la oposición a la Reforma Tributaria y apuntando a problemas estructurales y desigualdades sociales exacerbados por la pandemia. Estas protestas son el estallido social de una indignación generalizada, ya evidente desde el anterior Paro Nacional de 2019. Tal indignación, amplificada por la deuda histórica del gobierno con esos sectores sociales marginados y empobrecidos, es el verdadero detonante de la situación actual en el país. Por eso, a pesar del retiro de la Reforma Tributaria y otras medidas impopulares como la Reforma de Salud, las manifestaciones continúan. En respuesta a las protestas, el Gobierno del presidente Iván Duque Márquez ha desplegado las Fuerzas Policiales, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y las Fuerzas Militares en todo el país, provocando un alarmante número de situaciones de violaciones de Derechos Humanos. El gobierno sostiene que el uso de la fuerza tiene como objetivo salvaguardar el derecho de los ciudadanos a la movilidad y la protección de la propiedad privada y pública contra lo que llama estructuras organizadas de “vándalos” y “terroristas”, estigmatizando así a los manifestantes.

Videos e imágenes de estos hechos han inundado las redes sociales, permitiendo a los medios internacionales informar sobre la represión y las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en Colombia. Estas imágenes, que provienen de todo el país, son el resultado de la desesperación de miles de colombianos que, ante la desinformación y las falsas declaraciones de los medios de comunicación tradicionales, no encuentran más remedio que denunciar la crueldad policial, la censura, interrupciones del servicio en las redes eléctricas y la suspensión del servicio de internet que se están produciendo.

Recientemente, algunos de los medios de comunicación internacionales han estado en el país registrando directamente muchas de estas violaciones de derechos humanos, ayudando a superar el cerco informativo hacia el público extranjero.

A día de hoy, el presidente colombiano Iván Duque y su gabinete insisten en que estos hechos son casos aislados y no constituyen una práctica sistemática, a pesar de que varias ONG han documentado más de un par de miles de casos de exceso de fuerza policial:

denuncias de miles de detenciones arbitrarias y víctimas de violencia física, cientos de casos de uso de armas de fuego por parte de la policía y civiles desconocidos contra manifestantes (Connivencia del Estado con grupos de seguridad privada para realizar acciones exclusivas de la Fuerza Pública), decenas de muertes, casos de violencia sexual a manos de las fuerzas armadas y lesiones oculares. Además, se destacan otras formas concretas de violencia perpetrada por el Estado, como el desplazamiento y persecución por motivos raciales, hostigamientos y agresiones contra las misiones médicas y periodistas, redadas ilegales y amenazas a líderes sociales.

Además, algunos voceros del gobierno de Iván Duque, desde el inicio de su mandato, han estigmatizado y criminalizado reiteradamente a defensores de derechos humanos, activistas, ambientalistas, jóvenes y a ex-guerrilleros de las FARC-EP que se desmovilizaron como parte de las negociaciones del Acuerdo de Paz de 2016. De manera similar, también han acusado a los manifestantes del actual Paro Nacional de pertenecer a grupos ajenos a la ley, como mafias narcotraficantes y guerrillas de izquierda, promoviendo y validando así el uso excesivo de la fuerza pública en su contra. Es sorprendente cómo esta estigmatización y criminalización, que también proviene de figuras públicas prominentes, se ha convertido en un llamado a los civiles a tomar las armas contra los manifestantes, dándoles licencia libre para hacer uso de estrategias paramilitares letales con impunidad.

El enfoque militarista del gobierno revela su alienación y desprecio por aquellos ciudadanos que legítimamente han tomado las calles. Comprender las protestas en curso en Colombia requiere reconocer que el descontento actual es el resultado de décadas de acumulación de profundas problemáticas sociales no resueltas, de reclamos actuales y pasados (desatendidos durante mucho tiempo mediante el énfasis en el histórico conflicto armado y la represión estatal) que finalmente han estallado.

Si bien el gobierno nacional ha brindado algunos espacios de diálogo con ciertos grupos, estos no han tenido éxito. Por un lado, el fuerte rechazo del gobierno a los bloqueos ha dificultado la consecución de consensos, pues ignora los impactos brutales de su respuesta represiva (que considera justificable, proporcionada y no negociable mientras los bloqueos existan), como también la centralidad de los cruciales problemas económicos, sociales y políticos que afligen a un gran sector de la población del país. Por otro lado, la llamada Coalición de la Esperanza y el Comité Nacional del Paro no han logrado articular las diversas demandas de las mayorías sociales que reclaman un espacio para hacerse oír.

La negativa del gobierno a reconocer su uso desproporcionado de la represión, junto con la crisis de representatividad política y la evidente falta de espacios reales de diálogo, son las principales razones que no han permitido a los diferentes interlocutores encontrar vías de acción para resolver los principales problemas que mantienen activas las protestas. En la actualidad, la represión policial y otros tipos de violencia institucional se intensifican en todo el país, concretamente debido al innegociable decreto de “Asistencia Militar” del presidente Iván Duque¹.

Además, el pueblo colombiano ha planteado sin éxito al gobierno colombiano la legítima demanda de desescalar la violencia estatal contra los manifestantes, cesar la criminalización de las protestas sociales y generar los debates públicos necesarios para abordar las transformaciones sociales, económicas y políticas que el país actualmente considera necesarias.

Por todo lo anterior, instamos al Gobierno de Colombia y al presidente Iván Duque a cumplir con las demandas elevadas por gran parte de la sociedad colombiana de cesar la violencia institucional contra manifestantes y civiles en general. Adicionalmente, recomendamos promover y garantizar espacios de diálogo público y concertado con todos los sectores de la sociedad que forman parte de las manifestaciones actuales, particularmente aquellos que no están representados en las pocas reuniones que el Gobierno ha tenido con algunas organizaciones.

También instamos al Gobierno y a la sociedad civil colombiana a avanzar en la búsqueda de alternativas a este círculo vicioso de represión y violencia estructural; a idear alternativas que ayuden a transformar la vida cotidiana y a construir nuevas formas de convivencia pacífica, en la misma vía en la que se han producido espontáneamente en estas manifestaciones muchas formas diversas de solidaridad.

Finalmente, se deben realizar esfuerzos para posibilitar y garantizar la continuidad de la participación política ciudadana, en su actual llamado de exigencia de respeto por los derechos humanos fundamentales. Estos esfuerzos deben darse tanto a nivel local como nacional, a través de mecanismos transparentes, que incluyan el control ciudadano, y deberá exigirse la visibilidad adecuada y oportuna de dicha participación por los medios de comunicación nacionales e internacionales.

Atentamente,

Ada Acevedo Alonso, Universidad del Norte de Michigan (Estados Unidos) y Universidad Nacional de Colombia, Colombia

Adrian Johnston, Profesor distinguido y catedrático, Departamento de Filosofía, Universidad de Nuevo México, Estados Unidos

Agon Hamza, Profesor asistente de Filosofía en el ISSHS, Pristina, Kosovo Aldo Agunin, Licenciado, Argentina

Alenka Zupančič, Instituto de Filosofía, Centro de Investigación de la Academia Eslovena de Ciencias y Artes, Liubliana, Eslovenia

Alex Taek-Gwang Lee, Universidad Kyung Hee, Corea del Sur

Aman Zutshi, Universidad Central de Jammu, India

Andy Blunden, Escritor y Filósofo, Australia

Anselm Jappe, Filósofo, Alemania

Avital Ronell, Universidad de Nueva York, Profesora Jacques Derrida de Medios y Filosofía,

European Graduate School; Estados Unidos

Camilo Pérez-Bustillo, Instituto para la Geografía de la Paz (Cd. Juárez, Chihuahua, México);

Witness at the Border/Testigos en la Frontera (EEUU/México); Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento (Ciudad de México-Tenochtitlan, México)

Carlo Ginzburg, UCLA (Estados Unidos) / Escuela Normal Superior de Pisa (Italia), profesor emérito

Carlos Antonio Aguirre Rojas, Historiador, México

Carlos Eduardo Maldonado Castañeda, Profesor titular Universidad El Bosque, Colombia

Carlos Pérez Soto, Universidad ARCIS, Chile

Catherine Malabou, Profesora de Estudios y Lenguas Europeas y de Literatura Comparativa, UC Irvine, Estados Unidos

Cecil Winter, Escritora y activista, Francia

César Sánchez Avella, Profesor, Departamento de Estudios Culturales, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

Chantal Jaquet, Universidad París 1 Panteón-Sorbona, Francia

Costas Douzinas, Escuela de Derecho – Birkbeck, Universidad de Londres, Reino Unido

Costas Lapavitsas, Escuela de Estudios Orientales y Africanos, Universidad de Londres, Reino Unido

Daniel Mesa Betancur, Universidad de Antioquia, Colombia

David Higuita Olaya, Universidad Autónoma Latinoamericana, Máster en Derecho

Constitucional Universidad de Sevilla (España), Colombia

David Parra, Académico, Chile

David Pavón Cuéllar, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México

Diego Andrés González Cardona, Docente Investigador, PhD. en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, México

Dorothea von Hantelmann, Bard College Berlin, Alemania

Drucilla Cornell, Profesora Emérita, Universidad Rutgers, Estados Unidos

Edgar Barrero, Director Ejecutivo de la Cátedra Libre Martín Baró, Colombia

Eduardo Mendieta, Universidad Estatal de Pensilvania, Estados Unidos

Enrique Dussel, profesor emérito de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México

Enzo Traverso, Historiador, Universidad Cornell, Estados Unidos

Eric Fassin, Sociólogo, Universidad de Paris 8, Francia

Erica Burman, Profesora de Educación, Instituto de Educación de Manchester, Escuela de Medio Ambiente, Educación y Desarrollo, Universidad de Manchester, Reino Unido

Étienne Balibar, Catedrático de Filosofía Moderna Europea, Universidad Kingston Londres, Reino Unido

Etienne Turpin, Filósofo, Anexact office (Alemania)

Francisco Cortés Rodas, Universidad de Antioquia, Colombia

François Dosse, Profesor emérito, Universidad Paris 12, Francia

Frank Ruda, Universidad de Dundee (Reino Unido)

Fredric Jameson, Universidad Duke (Estados Unidos)

Gabriel Salazar Vergara, Universidad de Chile

Gayatri Spivak, Universidad Columbia (Estados Unidos)

Geoff P. N. Bradley, Universidad Teikyo, Japón

George Ciccariello-Maher, Vassar College (Estados Unidos)

Gerardo Ávalos-Tenorio, Universidad Autónoma Metropolitana, México

Gina Paola Barón González, Licenciada y Magister en Filosofía, Colombia

Giovanni Levi, Profesor emérito de Historia Moderna, Universidad Ca’ Foscari de Venecia (Italia)

Göran Therborn, Profesor emérito, Universidad de Cambridge, Reino Unido

Guillaume Sibertin-Blanc, Universidad Paris 8 (Francia)

Harold A. Ortíz Calero, Universidad Libre de Colombia, Seccional Cali

Heather Davis, Eugene Lang College, The New School, Estados Unidos

Henry Giroux, Crítico cultural

Ian Parker, Profesor emérito de Administración, Universidad de Leicester, Reino Unido

Ivonne Suárez Pinzón, Universidad Industrial de Santander, Colombia

Jaime Torres Buelvas, Profesor, Facultad de Derecho, Universidad Cooperativa de Colombia

Jairo Gallo Acosta, Psicoanalista, Profesor a Tiempo Completo, Universidad Cooperativa de Colombia

Jairo Rodríguez, Pontificia Universidad Javeriana

Jan De Vos, Escuela de Ciencias Sociales, Universidad de Cardiff, Reino Unido

Jason Read, Universidad del Sur de Maine, Estados Unidos

Jason W. Moore, Universidad Binghamton, Estados Unidos

Jodi Dean, Hobart and William Smith Colleges, Estados Unidos

John D. Hernández Rey, Licenciado en Humanidades – CECAR, Especialista en

Investigación e Innovación Educativa – CECAR

Jorge Alemán, Escritor y Psicoanalista

José Fernando Patiño Torres, Profesor e investigador de la Facultad de Psicología -Universidad Federal de Tocantins, Brasil

José Miguel Pereira, Asociación Colombiana de Investigadores en Comunicación – ACICOM, Colombia

Juan Esteban Villegas Restrepo, Profesor Investigador de Literatura

Judith Butler, University of California, Berkeley, Estados Unidos

Julián Camilo Riaño Moreno, Médico – Universidad El Bosque y Universidad Cooperativa de Colombia

Julián Casanova, Departamento de Historia, Universidad de Zaragoza, España

Kojin Karatani, Filósofo, Japón

Laurent de Sutter, Universidad Libre de Bruselas, Bélgica

Lorenzo Chiesa, Filósofo

Luis Eslava, Escuela de Leyes de Kent, Universidad de Kent, Reino Unido

Manuel Preciado, PhD (c) Filosofía, Universidad de los Andes, Colombia

Marcello Musto, Profesor de Sociología, Universidad de York, Canadá

María del Rosario Acosta López, Profesora del Departamento de Estudios Hispánicos, Universidad of California, Riverside, Estados Unidos

Mark Coeckelbergh, Universidad de Viena, Austria

Martin E. Jay, Universidad de California Berkeley, Estados Unidos

Matthieu de Nanteuil, Profesor de Sociología, Universidad Católica de Lovaina, Bélgica

Michael Hardt, Filósofo, Estados Unidos

Michael Löwy, Director de investigaciones emérito, CNRS, París (Francia)

Mike Davis, Universidad de California Riverside, Estados Unidos

Miran Božovič, Universidad de Liubliana, Eslovenia

Mladen Dolar, Universidad of Liubliana, Eslovenia

Mónica Muñoz Gallego, Doctora en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina

Nancy Fraser, The New School for Social Research, Estados Unidos

Nick Srnicek, King’s College London, Reino Unido

Noam Chomsky, Profesor (emérito) del MIT, Profesor laureado de la Universidad de Arizona, Estados Unidos

Óscar Barroso Fernández, Profesor titular de Filosofía, Universidad de Granada, España

Óscar Carpintero, Universidad de Valladolid, España

Óscar Guardiola-Rivera, Profesor de Filosofía política y Derechos Humanos, Birkbeck College, Universidad de Londres, Miembro de la RSA, Reino Unido

Oxana Timofeeva, Sc.D., Profesora en la European University en San Petersburgo, Rusia

Pablo “Manolo” Rodríguez, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Paola Gandolfi, Universidad de Bergamo (Italia)

Peter Burke, Emmanuel College Cambridge, Reino Unido

Peter Hallward, Profesor de Filosofía, Universidad de Kingston, Reino Unido

Peter McLaren, Chapman University, Estados Unidos

Pierre Dardot, Filósofo, Francia

Renán Vega Cantor, Profesor Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá), Colombia

Ricardo Espinoza Lolas, Catedrático de Historia de la Filosofía Contemporánea, Instituto de Filosofía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile

Robert Pfaller, Filósofo

Rogelio Acevedo Oquendo, Filósofo Universidad Nacional de Colombia, Mg. En Filosofía Latinoamericana

Roger Bartra Murià, Sociólogo y Antropólogo, México

Samo Tomšič, Filósofo, Eslovenia

Sandino Nuñez, Filósofo, Uruguay

Santiago Patarroyo Rengifo, Filósofo, Profesor Universitario, Colombia

Santiago Zabala, Profesor investigador del ICREA, Universidad Pompeu Fabra, España

Sara Mazuera, maestrante en Antropología Social, FLACSO – Argentina, Colombia

Saskia Sassen, Universidad de Columbia, Nueva York, Estados Unidos

Sebastián Hincapié Rojas, Universidad de Antioquia, Colombia

Sergio Andrés Rueda, Traductor, Colombia

Shlomo Sand, Departamento de Historia, Universidad de Tel Aviv (Israel)

Silvia Federici, Filósofa, Italia/Estados Unidos

Slavoj Žižek, Filósofo, Eslovenia

Soledad Platero Puig, Periodista y Crítica Literaria, Uruguay

Susan Buck-Morss, Profesora de Ciencia Política, CUNY Graduate Center, Estados Unidos

Tariq Ali, Escritor (Reino Unido)

Tulio Elí Chinchilla Herera, Profesor titular de Derecho Constitucional, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Antioquia, Colombia

Vanessa Donneys Valencia, Psicóloga – Universidad del Valle, Máster en Intervención en Discapacidad y Dependencia – Universidade da Coruña (España), Colombia

Vladimir Safatle, Universidad de São Paulo, Brasil

Yannis Stavrakakis, Teórico Político (Grecia/Reino Unido)

Yuli Angélica Pinzón Rico, Universidad Nacional de Colombia

¹El Decreto 575 del 28 de mayo de 2021, cuyo objetivo era restablecer el orden público en el Valle del Cauca y otros 7 departamentos de Colombia, a través del uso de la Fuerza Pública. Este decreto ya ha sido catalogado por numerosos expertos como inconstitucional. Adicionalmente, el gobierno llevó a cabo una modificación al Decreto 003/2021, el cual había surgido como respuesta a la sentencia STC-7641-2020 del 22 de septiembre de 2020, en la cual la Corte Suprema de Justicia ordenaba al Gobierno garantizar el derecho a la protesta social y ofrecer disculpas por los abusos del ESMAD. A su vez, dicha sentencia surgió como respuesta a una acción de tutela instaurada por organizaciones y apoderados de las víctimas de la violencia policial en el Paro Nacional de 2019. La modificación realizada recientemente al Decreto 003/2021 establece que cualquier tipo de bloqueo a vías o infraestructura, de manera temporal o permanente, no constituye una forma legítima de manifestación pacífica, limitando así el derecho a la protesta social, criminalizando dichas formas, y avalando el uso de la Fuerza Pública para disolverlas. Las recientes modificaciones al Decreto 003/2021 parecen legitimar, afianzar y justificar al Decreto 575/2021, de tal manera que la militarización de todo el país termina fundamentándose de manera explícita en el presunto carácter ilegal e ilegítimo de las formas de protesta social surgidas desde el Paro Nacional de 2019, y se convierte, irónicamente, en la legitimación de los ya habituales excesos de violencia estatal, y una profundización de la limitación del derecho a la protesta social.

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